Solo un proyecto socialista moderno podría generar una radicalización de la democracia e iniciar una transformación social y política, destinada a disminuir las brechas de la desigualdad y las injusticias sociales instaladas como consecuencia de la gestión legada por la dictadura, y las limitaciones propias de un sistema democrático de facto, cuya matriz jurídica se desprende principalmente de la Constitución Política del ochenta, y de un parlamento proclive por el sistema binominal a la reproducción de un modelo político, económico y cultural basado en la exclusión y la nula participación de la ciudadanía.
Y es que incluso las reformas son pensadas por una convocatoria a las elites especializadas, cuyo proceso de elaboración teórico esta circunscrito a un contexto de compromiso sistémico que tiende a reproducir en una dinámica progresiva, un conjunto de falencias que solo podrían ser corregidas con una voluntad revolucionaria y transformadora de la que carecen por esencia estas tecnocracias.
El caso más inmediato en el tiempo, es el reemplazo de la ley orgánica constitucional de educación, creada por la derecha durante el período dictatorial, por una nueva, remozada, con una gran carga de maquillaje para presentarla con una imagen rejuvenecida, lozana, evitando que queden en evidencia los rasgos propios de una sociedad conservadora.
Los convocados en principio a este proceso de discusión fueron representantes del mundo académico, especialistas en educación, ideólogos de las iglesias católicas y protestantes, masones, y uno que otro profesor y estudiante en representación de sus gremios.
La tendencia metodológica de estos grupos es la reflexión abstracta, meramente conceptual, desarraigada de la experiencia educativa real que se vive cotidianamente en la educación pública, en los últimos treinta años.
Por tanto, no se revisó críticamente, la descentralización hecha por el régimen de Pinochet, que trasladó la administración de las escuelas básicas y liceos de enseñanza media desde el Estado a las Municipalidades, ni se evaluó el resultado de esta experiencia, que en términos generales y de acuerdo a los resultados exhibidos muestran un retroceso en la calidad en relación a períodos anteriores.
Hasta que colapsó, situación que quedó en evidencia con las movilizaciones estudiantiles del año pasado, y que significó la salida del Ministro de educación de la época.
La posible aprobación de la nueva ley que se encuentra en aprobación en el Parlamento, luego del informe sobre el estado de situación de la educación pública en Chile entregado por la comisión y sus propuestas de reformas, no satisface a los profesores, a los estudiantes y a los padres de los jóvenes que cursan enseñanza en este ámbito, por tanto, se impondrá otra legislación al respecto que hace oídos sordos, de las necesidades objetivas y las propuestas sugeridas como reivindicaciones durante largos años por los estamentos verdaderos que conforman la educación pública.
Las razones son evidentes, dado que el escenario formal del sistema exige la una educación funcional a su normativa conservadora y reaccionaria, no es posible subvertir con una propuesta transformadora, los limites previamente establecidos por los poderes fácticos, se necesita una educación adaptativa al modelo económico, previamente supervisada por los grupos políticos en el poder, que no lesione intereses y que restrinja todo síntoma de liberación filosófica y emocional de la juventud.
En síntesis, pinceladas que superan lo establecido, pero que no subvierten los contenidos esenciales. Esta es una muestra de las distancias respecto al concepto de país que quieren unos y otros, los que legislan y los que son objeto de las legislaciones diseñadas para su subordinación. Así el país mantiene en silencio a numerosos actores en el proceso productivo quienes esperan una mayor profundización de la democracia y un mejoramiento sustantivo de su calidad de vida, sin embargo, este proceso no se desencadenará si la población permanece pasiva frente a esta doble realidad.
El país vive casi dieciocho años en democracia y gradualmente se han ido mejorando las condiciones para que los grupos de presión que se organizan vayan reaccionando frente a un sistema arbitrario, que desarticula las formas de lucha callejera y las neutraliza bajo el fundamento de preservar la paz social, pero sus limitaciones deben ser un instrumento adecuado para convocar y reunir a gremios, sindicatos, y organizaciones estudiantiles para recuperar los derechos que fueron conculcados y que son legítimos de recuperar. Y en esto, el socialismo debe convertirse en un actor ideológico y político con un rol protagónico en todo lo que signifiquen acciones para avanzar en el proceso de emancipación.