Según don Arturo Alessandri, en sus Recuerdos de gobierno los ministros, en el período autoritario portaliano, hicieron caso omiso de la destitución como resultado de las interpelaciones. Según Alessandri Palma, esto ocurrió con el gabinete presidido por Manuel Camilo Vial, en el período de Manuel Bulnes; esta argumentación está planteada en razón de sostener el régimen presidencial, en la Constitución de 1925. El historiador Julio Heisse no coincide con la tesis de Arturo Alessandri, por el contrario, bastaba la sola manifestación de rechazo al gabinete para el presidente lo cambiara.
A fines del gobierno de Domingo Santamaría, el parlamento quiso postergar la aprobación de las leyes periódicas basándose en la libertad de debate que impedía cerrar la discusión hasta que el último parlamentaria hubiera hecho el uso de la palabra. En un golpe autoritario, el presidente de la Cámara, Pedro Montt, cerró el debate aprobándose el presupuesto, el cobro de impuestos y la residencia de las Fuerzas Armadas.
En la Constitución de 1925, los ministros eran secretarios de Estado, nombrados por el presidente de la República y sólo él podía removerlos, sin embargo, se mantuvieron algunas facultades fiscalizadoras de la cámara de diputados, entre ellas, las comisiones investigadoras y la acusación constitucional que, para iniciar el proceso, requería la firma de diez diputados: se formaba una comisión que debía presentar a la Sala el auto de acusación y, si era aceptada, pasaría al senado, que actuaría como jurado; de ser aprobada, el ministro – miembro de la Corte suprema u otro alto funcionario público- era destituido y no podía ocupar, durante cinco años, ningún cargo público.
En el régimen de asamblea, 1891-1925, la interpelación y la censura posterior, determinó la rotativa ministerial: los gabinetes duraban, apenas, cuatro meses, y no era necesario recurrir a la acusación constitucional, pues bastaba el voto de censura.
En la historia de Chile ha habido cuatro acusaciones constitucionales contra ex presidentes de la república – la última, contra Augusto Pinochet, cuyo cargo de presidente fue ilegítimo, pues se originó por un brutal golpe de estado-. En 1868, el presidente de la Corte Suprema, Manuel Montt, condenado por su autoritarismo, fue acusado ante la cámara de diputados por Vicente Sanfuentes, hermano de Enrique Salvador, el dilecto amigo del presidente José Manuel Balmaceda; el auto de acusación fue rechazado por la cámara de diputados. En 1831, el derrocado dictador Carlos Ibáñez del Campo, exiliado en Buenos Aires, fue acusado por la cámara de diputados y, esta vez, el auto fue aprobado por la casi unanimidad de sus miembros. Posteriormente pasó al senado, que lo aprobó con un solo voto en contra. En 1938, el ex presidente Arturo Alessandri fue acusado por su responsabilidad en la matanza del Seguro Obrero, siendo rechazado el auto por la mayoría derechista de la cámara de diputados. En 1998, los diputados Mario Acuña, Tomás Joselyn-Holt, Andrés Palma, Zarko Lukcis, Sergio Aguiló, Isabel Allende y Guido Girardi presentaron una acusación constitucional contra el ex comandante en jefe, Augusto Pinochet, que quería ocupar el cargo de senador vitalicio; para vergüenza de la democracia chilena, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y algunos ex ministros de Patricio Aylwin, como Enrique Correa y Francisco Cumplido, negaron la ilegalidad del “tancazo” y del “boinazo”. La acusación fue rechazada gracias al voto en contra de once diputados demócratacristianos, salvando al sanguinario y ladrón dictador.
El régimen monárquico-presidencial se ha caracterizado por la existencia de una doble minoría en el Ejecutivo y el Parlamento: en el caso de que el Ejecutivo no cuente con mayoría parlamentaria, el Legislativo recurre a la acusación constitucional, más que para comprobar delitos o abandono de deberes, para demostrar su rechazo al gabinete y, por consiguiente, al gobierno minoritario. Las acusaciones constituciones fueron numerosos durante el gobierno de Carlos Ibáñez, que perdió la mayoría parlamentaria al final de su período; lo mismo ocurrió con Salvador Allende que durante todo el período tuvo minoría parlamentaria.
En la democracia protegida sólo se ha aprobado una acusación constitucional contra el ministro pinochetista de la Corte Suprema Hernán Cereceda, por veinticinco votos a favor y veinte en contra, siendo destituido por el Senado; para lograr este resultado fue necesario el voto de la derecha. En 1997, el ex presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, se salvó después de un empate a 52 votos, por la abstención de Camilo Escalona.
En el fondo de la acusación creo que hay que distinguir varios elementos: el primero, el reconocido desorden administrativo y falta de fiscalización respecto a los dineros fiscales, entregados a los sostenedores; este descuido es completamente inaceptable; el segundo, un sistema de educación privada subvencionada basado en el lucro y no en la calidad y equidad de la educación; el tercero, el absurdo pacto con la derecha que mantuvo un sistema mixto municipal-privado, que hace agua por todos los costados, en vez de estatuir un Estado docente descentralizado. De poco servirá una Superintendencia de educación si no posee las facultades suficientes para fiscalizar el negocio, cada vez más productivo, de los sostenedores.
El programa Esto no tiene nombre, conducido por el periodista Iván Núñez demostró, en un caso emblemático, el proceder abusivo de los sostenedores de un colegio subvencionado: falsificación de libros, que luego presentaban a la Seremi, para el abultadas subvenciones; cobro excesivo por concepto de matrículas; apropiación de las raciones alimenticias entregadas a los alumnos más pobres; encierro de los alumnos se atrasaban en el pago de matrícula y escolaridad de los alumnos. De todo este escándalo de la educación privada nada dice la derecha, por el contrario, la defiende, como se pudo comprobar en diversas entrevistas televisivas a directivas de colegios privados y otros personeros de la educación y la cultura, pertenecientes a esta tendencia.
Es imperdonable la negligencia del seremi de Educación de la Región Metropolitana: con el “dinero de los chilenos no se juega”, haciendo eco del discurso de la Presidenta, pero en este, como en otros casos de corrupción o descuido, ya no basta con el “caiga quien caiga” o los reconocimientos a posteriori, se hace imprescindible instalar la transparencia en los procedimientos administrativos y terminar con el sistema lucrativo de los sostenedores, que han convertido la educación en un mercado en el cual, alumnos, padres y apoderados y profesores son considerados como consumidores, es decir, compradores en el supermercado neoliberal.
Cuando la administración del Estado se convierte en un coto de caza de los partidos políticos, en un reparto entre diversas tribus que reclaman su parte del gran queso, el papel del Contralor es importante, pues permite fiscalizar los procedimientos administrativos de funcionarios, que sienten que su cargo es eterno y se debe a un don de Dios. Creo que sería útil que el Parlamento aprobara, de una vez por todas, el cargo de Defensor del Pueblo, que existe en muchos países del mundo, para proteger a los ciudadanos frente a los abusos funcionarios.
Es posible que sea aprobada la acusación constitucional por la pérdida de la mayoría de parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, producto de la emigración de los colorines, junto a Fernando Flores quien dio el paso antes, del PPD. Sin embargo, no parecen claras las causales de acusación constitucional, contenidas en el Art.52 de la Constitución autoritaria, levemente remozada por el presidente Ricardo Lagos. Mientras tengamos la monarquía presidencial la acusación constitucional será desvirtuada, siendo utilizada como forma de censura a un gobierno con minoría parlamentaria y en víspera de elecciones municipales. Cada día se hace más urgente una nueva Constitución que instaure un régimen semipresidencial – similar al portugués, francés y finlandés – que garantice gobiernos de mayorías y respeto a las minorías. Este idea gana cada día más adeptos, tanto en los dirigentes políticos, como en la ciudadanía.