Cada vez que la opinión pública es informada de alguna sentencia judicial que beneficia a grupos o personas claramente del segmento más alto de la sociedad; con apellidos con hartas erres y además muy bien relacionadas y con mucho poder, parte de la sociedad civil reacciona ante lo que considera que es “injusto”, se instala con buenas o malas razones la percepción que se está ante un acto de “privilegio”, de “impunidad”, de la cual la persona común y corriente se siente o se ve muy lejos, entonces, la reacción no puede ser otra que de rabia, desencanto, desde sus frustraciones, de sentirse vulnerable, discriminado, segregado, no escuchado, molesto con su propia realidad que a diario le toca vivir.
El 25 aniversario de la apertura del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, ha dado ocasión a la derecha chilena, heredera indisimulada del pinochetismo, para llenarse la boca con ese hito histórico. A la vez, una buena parte de la Izquierda, a pesar de los años transcurridos, aún no logra interpretar ese acontecimiento en clave emancipadora, y tiende a evadirlo o manipularlo para tapar sus contradicciones, ambigüedades y problemas de conciencia. En el primer grupo se ubican Evelyn Matthei y otros políticos de su sector, que no desprecian ningún momento para asociar las tibias y contradictorias propuestas de reforma del gobierno de la Nueva Mayoría con la antigua República Democrática Alemana y estigmatizarlas como cuasi-totalitarias. 
Un grupo de once países de Latinoamérica y del Caribe ha materializado recién su explícito apoyo a la demanda boliviana por una salida soberana al Océano Pacífico. También el presidente de Uruguay, el prestigiado José Mujica, se manifestó partidario de que los bolivianos encuentren “salida al mar por donde sea y como sea”. A lo anterior, hay que sumarle que prácticamente todos los países de la Región han expresado una favorable actitud al esfuerzo de Evo Morales por exigir que Chile se abra a una negociación tendiente a este objetivo.
El 9 de diciembre de 2014 fuentes responsables de los propios EEUU informaron de graves atropellos a los derechos humanos cometidos por instituciones estatales (la CIA y quienes ellas contrata) en los propios EEUU. y fuera de él.