Archivo periodístico 2005–2019
Si hubiese un concurso –ridículo e inservible– para elegir una frase sempiterna, que en pocas palabras definiera de manera clara e indesmentible a Chile como nación, desde la Colonia hasta ayer en la tarde, sin duda ya habría una ganadora: ‘Chile actual, anatomía de un mito’. La frase, que pertenece a Tomás Moulian, es perfecta de principio a fin. Chile es un país que omite su pasado y no piensa en su futuro, las cosas son las de hoy, y nada más; y es un mito de sí mismo.
En los regímenes capitalistas constitucionales las elecciones periódicas sirven a las clases dominantes para elegir cuál sector de ellas gobernará, para seleccionar y renovar el personal gobernante y para medir la temperatura política, es decir, el nivel de conciencia, organización y decisión de los sectores populares. Dado el control por el capitalismo y sus agentes de los instrumentos de mediación –medios de comunicación, academia, escuelas, jerarquías eclesiásticas conservadoras, justicia electoral–, esas elecciones supuestamente democráticas están viciadas desde su origen mismo porque los sectores populares están en ellas en condiciones de inferioridad. Si pese a eso desde finales del siglo XIX los trabajadores han luchado por el voto universal o por elecciones libres es porque intentan siempre luchar incluso en terreno adversario, en condiciones desfavorables, disputar centímetro a centímetro las condiciones de dominación y explotación capitalistas, resistir y defenderse por todos los medios.
Hace exactamente 42 años en que la historia de Chile (entendiendo por tal el decurso pacífico/adversarial en que los conflictos de clase, se resolvían dentro del marco Constitucional vigente y una democracia proporcional real), fue violentada e intervenida –interna y externamente-a fin de encuadrarla dentro de los cánones del modelo de mercado momentáneamente triunfante (globalización/neoliberal), que se inscribía también, en este histórico y permanente contrapunto; entre la economía capitalista -como actividad global libre y expansiva –(mano invisible de A.Smith ) y los intentos de intervención del (los) Estado (s) como regulador (es) o correctores -dos guerras mundiales mediante- (J.M. Keynes) ante el peligro permanente del laissez- faire de los privados en “bellum de omniun contra omnes”; que es uno de los rasgos y/o contradicciones estructurales del sistema del capital.
Cuando se firmó un acuerdo de toda la casta política (desde la UDI al PC) que reconocía el liderazgo de la presidenta Bachelet y respaldaba de antemano las medidas que esta tomara “contra” la corrupción, lo que venía no podía ser sino la más vergonzosa impunidad para los propios firmantes respecto de los graves hechos en que están involucrados.
Hace unos días fue el mayor de los Zaldívar el que advertía sobre una especie de miedo “a la muchedumbre”. En otro momento el señor Escalona dejó entrever que una Asamblea Constituyente se parecía a un fumadero de opio.
A los que se manifiestan decepcionados por los anuncios del gobierno para enfrentar la corrupción de la casta política y que consideran que debió condenar el sistema que la origina, habría que preguntarles por qué esperaban eso.
El diputado DC Jorge Sabag no era de los parlamentarios más conocidos, ahora lo es gracias a su referencia de que a Chile “le ha ido mejor con las armas que con la diplomacia”. Más allá de lo poco feliz de su comentario, lo que habría que subrayar a partir de él no es tanto que a Chile “le haya ido bien con las armas”, después de todo el país no ha estado envuelto en demasiados conflictos bélicos, sino lo patéticamente incompetente que la diplomacia chilena históricamente ha sido. Y lamentablemente en la actualidad se mantiene ese sello.
No queda sino la necesidad de una sano pesimismo luego de los anuncios presidenciales que intentan superar la crisis de la corrupción del sistema político.
A pesar de que el movimiento que propone el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff se ha ido debilitando en las últimas semanas, sus principales instigadores persisten en su afán. Estos pedidos se han centrado en la discusión sobre los criterios legales que existirían para solicitar al congreso una abertura de proceso que imposibilite la continuidad del mandato presidencial. Inclusive, tanto la oposición como el gobierno se han hecho asesorar por notables juristas para saber a ciencia cierta cuáles son los pasos a seguir en uno u otro caso, es decir, con qué argumentos se puede sustentar la tesis del impedimento y con cuales recursos cuenta el gobierno para contrarrestar jurídicamente las acusaciones de corrupción y abandono de funciones que esgrimen ciertos grupos de la oposición. La tendencia mayoritaria entre los especialistas es que no existiría ninguna base jurídica contundente que amerite la abertura de un proceso en el congreso y, en consecuencia, que dicha demanda tenga éxito en esa instancia.
Confieso que, cuando fui a votar, cerca del mediodía del domingo, a la sede de París, sólo una pequeña luz de linterna desvencijada, con falla de baterías, me alumbraba en un oscuro horizonte político.