Opinión

El aniversario de los 40 años del golpe de estado este pasado 11 de septiembre poco a poco va siendo de alguna manera historia: como ningún aniversario anterior éste ha tenido un impacto inusitado y forzó a sectores de derecha a hacer una reflexión sobre lo acaecido y en algunos casos, incluso a pedir perdón. Por cierto el punto culminante de todo este proceso ha sido el inesperado cierre del Penal Cordillera en Peñalolén, que albergaba de un modo muy “regaloneado” a notorios violadores de derechos humanos durante la dictadura.

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El anuncio lúcido del Presidente Allende en su hora final toma por momentos un brillo premonitorio que anuncia el advenimiento de un tiempo nuevo.

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En el diario El Mercurio del domingo 15 de septiembre de 2013 se publicó una noticia relacionada con un cambio normativo urbanístico aprobado por el Congreso Nacional a solicitud del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). En efecto, se modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para mejorar la calidad de las edificaciones y tan pronto el Tribunal Constitucional le otorgue su visto bueno será promulgada por el Presidente de la República y enseguida publicada en el Diario Oficial.

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En el 40 aniversario, espacios de televisión se permitieron mostrar sensibilidades profundas que circulan por la sociedad chilena. Caen más velos de una dictadura cruel y se encogen los disfraces de una democracia amañada. Un movimiento social ha cambiado el clima complaciente con la barbarie y el cinismo. Propone poner sobre la mesa unas páginas en blanco donde escribir una Constitución. La formalización del fin de un poder impuesto por civiles y militares que hace 40 años irrumpieron a sangre y fuego.  

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En las últimas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el gobierno sacó un bajo resultado del 26% a nivel nacional, considerando lo que había sido el 54% de los votos obtenido en las elecciones presidenciales de 2011. Si bien estas últimas elecciones resultaron de medio término, legislativas, un análisis que pretenda rigurosidad no debería dejar de considerar que los últimos resultados expresan cierto cambio en la sociedad argentina respecto de sus apreciaciones sobre el gobierno nacional.

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Mírese como se mire, creo que es obvio que estamos en un proceso de transición, habiéndose agotado la etapa anterior que se inició en el periodo 1975-1978 (cuando España pasó de ser un sistema dictatorial a otro que se definió como democrático). El enorme dominio que las fuerzas profundamente conservadoras tuvieron sobre el Estado español en aquella primera Transición condicionó aquel proceso (erróneamente definido como modélico). En realidad, el desequilibrio de fuerzas que había durante aquel periodo entre las derechas, herederas del régimen dictatorial, que controlaban todos los aparatos del Estado y la mayoría de los medios de información, por un lado, y las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas en la resistencia contra la dictadura y que acababan de salir de la clandestinidad, por el otro, no podía ser mayor. Las primeras tenían pleno control del poder institucional, mientras que las fuerzas democráticas tenían poca (en realidad, ninguna) influencia institucional. Hablar, pues, del resultado de aquella Transición como consecuencia de un proceso consensuado entre iguales es una excesiva frivolidad. Y la democracia que resultó de aquel proceso así lo muestra. La democracia española es de escasísima calidad, poco representativa, en la que democracia se interpreta como el hecho de votar cada cuatro años, en un proceso electoral poco representativo y con leyes electorales sesgadas que discriminan primordialmente a las izquierdas, y muy en particular a las izquierdas con mayor vocación transformadora (habiendo sido esta discriminación diseñada para marginarlas, como han reconocido algunos de sus diseñadores). La participación ciudadana a través de formas de participación directa con carácter vinculante no existe, en la práctica, en España. Y ello como resultado de un diseño que tenía como objetivo potenciar a los partidos políticos, y muy en especial a los dos partidos mayoritarios (y dentro de ellos a las elites que los controlaban, constituyendo y transformando la política en politiqueo entre las elites gobernantes).

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Debemos pedir perdón a los que más perdieron con la dictadura y éstos son los trabajadores de nuestra patria. Desde el 11 de septiembre de 1973, se les persigue, reprime, tortura y ejecuta, destruyendo su organización histórica y la de los partidos políticos que los representaban.

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“Perdón” y “nunca más” fueron las expresiones más trajinadas en discursos y declaraciones con motivo del 40º aniversario del golpe militar. Se abusó de ellas a tal punto, que quedaron despojadas de todo significado, incluso de la pizca de autenticidad que pudieron tener al principio. Hoy forman parte del listado de lugares comunes que caracterizan los desabridos discursos de nuestra fauna política. Ni las peticiones de perdón eran sinceras, ni el ingenuo propósito de “nunca más” tenía asidero en la realidad.

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Mucho se dijo y debatió en estos días torno a los 40 años del golpe cívico-militar que asoló nuestro país el 11 de septiembre de 1973.  Incluso algunos pidieron perdón por la responsabilidad “política” que pudieran tener frente a estos hechos y la violación a derechos humanos.  Pero poco y nada se habló de la participación de civiles en estos crímenes de lesa humanidad, en calidad de autores, facilitadores y encubridores.

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De vez en cuando, a partir del año 2011, hay sujetos que descubren que viven en Chile mediante ataques de realidad que casi sobrecogen.

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