Al escribir este artículo, en el último día del mes de febrero 2015, la crisis política de representación, de gobernabilidad, de credibilidad, de legitimidad y eficacia está llegando a su clímax: escándalos financieros, como el Pentagate, el de Soquimich y, el más reciente, el caso de la empresa Caval, han logrado develar ante la opinión la profunda inmoralidad de la relación entre la política y los negocios, gestado desde hace muchos años, incubada durante la dictadura de Augusto Pinochet y llevada a la práctica de sus sucesores duopólicos – Concertación- Alianza – que han gobernado el país durante 25 años. La característica central de la llamada transición a la democracia” ha sido la mantención incólume de la Constitución de 1980, que conlleva implícitas las trampas políticas impuestas por el tirano. En el plano económico, el neoliberalismo fue, apenas, humanizado por los sucesivos gobiernos de la transición – los cuatro de la Concertación y el de la Alianza -.
No conoció a su abuelo, pero sabe que murió en la Cárcel Pública de Santiago como consecuencia de las torturas que le aplicaron sus propios compañeros de armas, luego de un golpe militar financiado por los banqueros, políticos, empresarios, aseguradoras y también…… la Cia.
La semejanza entre las estrategias desestabilizadoras articuladas por la derecha en Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) y las actuales políticas tendientes a derrocar el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro hacen pensar en un manual para romper el orden constitucional afincado en la desestabilización. Si Richard Nixon, el presidente republicano estadunidense de la época, planteó hacer estallar la economía chilena en sus cimientos, Kissinger, su secretario de Estado, fue más osado al afirmar que Estados Unidos no abandonaría a sus aliados en Chile por la irresponsabilidad de un pueblo que votó mal eligiendo un presidente de izquierdas. 
Lo que está en disputa hoy en Venezuela no son dos opciones democráticas de gobierno, sino la supervivencia misma de la democracia o el aplastamiento del gobierno constitucional y la revolución bolivariana con la imposición de una dictadura que dada la profundidad del movimiento revolucionario no puede sino tener características sangrientas y prolongadas.
Es doloroso y una pérdida de tiempo el estado actual de las relaciones oficiales entre Chile, Perú y Bolivia. Países destinados a la vecindad, requieren del cumplimiento de la responsabilidad histórica por parte de sus dirigentes de buscar y encontrar caminos de integración efectiva y creciente entre ellos.
El presidente saliente del Partido Socialista Osvaldo Andrade ha abandonado su previo silencio durante el desarrollo del caso Dávalos (o Compagnon o Caval o Dávalos-Compagnon o Nueragate, según la intención y estado de ánimo de nuestros comunicadores más insignes), con declaraciones cada vez más voluntaristas y desafortunadas.
Mientras la pareja socialista Dávalos-Compagnon, parte del entorno más íntimo por parentesco de la Presidenta Michelle Bachelet, se reunía con Andrónico Luksic, el hombre más rico de Chile, en las lujosas oficinas del Banco Chile de propiedad de este conspicuo representante del 1% propietario del país y miembro del selecto Club de los súper-ricos y mafiosos del mundo, según la revista yankee Forbes —que procesa la riqueza de la elite capitalista mundial—, para concertar un crédito con fines especulativos en el mercado de la tierra y, así, de una pasada, obtener ganancias netas del orden de los 4 millones de dólares por la mera reventa de los suelos de Machalí apropiados gracias a información privilegiada y al tráfico de influencia que circula en la misma trenza de poder político-empresarial, cientos de miles de chilenos viven sin techo digno, hacinados y allegados en la pobreza, excluidos de bienes básicos que toda democracia real debe proveer, junto con otros millones de compatriotas que ven pasar los días endeudados, pagando hipotecas y préstamos crediticios usureros al mismo poder financiero y bancario-empresarial que presta ese dinero mal obtenido, para lucrar a quienes forman parte de la casta hegemónica y clase dominante.