El Presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, junto con la Secretaria General de Izquierda Libertaria y diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans; entregaron una carta ante el Director Nacional del Servicio Electoral exigiendo que el costo de las encuestas CEP y Adimark se incorporen como gasto de campaña de Sebastián Piñera.
La ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, condenó a ex miembros del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio de doce personas, ilícitos perpetrados el 3 y 4 de octubre de 1973, en la ciudad de Valdivia.
Dirigentes de Izquierda Autónoma presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno, antes de la segunda vuelta, avance hacia la condonación del CAE y fortalezca la educación pública. El movimiento puso el proyecto a disposición del Frente Amplio, “para que nosotros tomemos la iniciativa de abrir un diálogo en nuestros términos, porque no estamos disponibles para apoyar las reformas de Bachelet. El Frente Amplio propone otras reformas, y la Nueva Mayoría debe reconocer aquello para abrir un diálogo entre pares”.
El Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $70.000.000 (setenta millones de pesos) a exoperario de la empresa ENAP, planta Magallanes, quien fue torturado en el Regimiento Pudeto, el centro de detención ilegal “Palacio de las Sonrisas”, en Isla Dawson y en el Destacamento de Infantería de Marina N°4 Cochrane de Punta Arenas.
La ministra en visita extra ordinaria para causa por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dio la orden de ingreso al penal Colina 1 (anexo pabellones) de Juan Francisco Luzoro Montenegro, quien deberá cumplir 20 años de presidio por su responsabilidad en cuatro homicidios consumados y uno frustrado. Ilícitos perpetrados el 18 de septiembre de 1973, en Paine.
En cajas herméticas, protegidas del polvo y la humedad, se encuentran los miles de testimonios del informe Valech I, comisión que investigó la represión política y la tortura durante la dictadura chilena. Los archivos se mantienen en bóvedas, gracias a la ley 19.992, que decretó su secreto por 50 años, manteniendo así la impunidad de los criminales reconocidos por sus víctimas. 
