Archivo periodístico 2005–2019
Es posible que tras las múltiples manifestaciones de las últimas dos semanas, las que han superado ya varias decenas, los procesos sociales en Chile hayan ingresado en una nueva fase. Aun cuando el gobierno ha preferido insistir en la descalificación de los movimientos sociales y mantener su gastado discurso del orden público, desde otros ámbitos institucionales de la política han comenzado a elevarse voces que confirman el traspaso de un nuevo umbral.
Este 30 de agosto se conmemora en América Latina y en el mundo el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Esta fecha nació como iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y ha sido apoyada por Naciones Unidas.
Este sábado se llevará a cabo una nueva sesión plenaria de la Confederación de Estudiantes de Chile, que analizará el desempeño del movimiento en el mes de agosto. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en conjunto con los estudiantes cooperarán en la creación de un informe donde habrían pruebas que Carabineros cometería abusos hacia personas detenidas en manifestaciones, informó radio Bío Bío.
Verdad. Chile sufrió graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1990, incluyendo desapariciones forzadas. Desde el retorno a la democracia, ha habido varios procesos institucionales importantes para hacer frente a cuestiones relativas a la verdad sobre las desapariciones, incluyendo la creación de comisiones de la verdad y otros órganos encargados de determinar la suerte de las víctimas.
Miles de jóvenes y miembros de organizaciones sociales marcharon por las calles de las principales ciudades del país. Mientras los estudiantes cifraron en unas 200 mil las personas asistentes a las marchas. La Serena, Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt fueron algunas de las ciudades en que los estudiantes salieron a las calles para protestar, apelando al diálogo con el gobierno para inyectar recursos y encaminarse hacia un mejor sistema educacional, informó Radio Bío Bío.
Ocho de cada 10 personas apoya a las demandas estudiantiles, sin embargo, el 67,3 por ciento está en desacuerdo con las tomas, según reveló la encuesta de agosto realizada por Radio Cooperativa e Imaginacción.
Entre 150 mil y 200 mil personas asistieron solo en Santiago a la jornada por la defensa de la educación pública, organizada por el Colegio de Profesores, organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios y gremios de trabajadores. La gran marcha se extendía desde la Estación Central por la Alameda hacia el oriente, abarcando ambas calzadas, continuando por Avenida España hacia la calle Blanco Encalada, donde se levantó un escenario.
Por primera vez. desde que se retomaron este año las movilizaciones iniciadas en mayo de 2011, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), las dos principales organizaciones de estudiantes secundarios, el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se unen para reclamar una mejora en la educación chilena.
Dirigentes de varias organizaciones sociales como Camila Vallejo, Cristián Cuevas y Rolando Jiménez, entre otros, se sumaron al acto público organizado por Amnistía Internacional, Greenpeace y la Asociación Chilena de ONG’s, en rechazo a la Ley Hinzpeter que se tramita actualmente en el parlamento.
La Alianza ciudadana por la Defensa del Mar reúne a organizaciones sociales, de estudiantes como la FECH, de pescadores artesanales pertenecientes a la Comisión Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal, comunidades costeras mapuche-lafkenches, trabajadores y pobladores en contra del proyecto de nueva Ley de Pesca, conocido a nivel popular como “Ley Longueira”, el cual pretende entregar de manera gratuita y a perpetuidad, los recursos pesqueros pertenecientes a todos los chilenos, a 7 de las familias mas adineradas del país, las cuales ya poseen el 92% de las cuotas de pesca.