La Corte Suprema condenó a seis miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Arturo Alejandro Navarrete Leiva. Ilícito perpetrado el 11 de octubre de 1973, en la ciudad de Temuco.
Archivo periodístico 2005–2019
La Corte Suprema condenó a seis miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Arturo Alejandro Navarrete Leiva. Ilícito perpetrado el 11 de octubre de 1973, en la ciudad de Temuco.
La Corte Suprema rechazó este miércoles un recurso de amparo presentado por un reo condenado por crímenes de lesa humanidad y no le reconoció al recurrente el derecho a la libertad condicional por mantener un proceso pendiente. Esta decisión la toma la Corte pocos días más tarde de dos fallos que otorgaron libertad condicional a siete agentes del Estado que cumplen condena por crímenes durante la dictadura.
Una nueva jornada de protesta frente a los Tribunales de Justicia de Valparaíso realizaron las Organizaciones de Derechos Humanos de la V Región.
La manifestación se desarrolló a un costado de la estatua de la Diosa de la Justicia, que acá en Valparaíso tiene la particularidad de estar sin venda y con la balanza a la espada apoyada en su flanco derecho, como queriendo expresar – podríamos interpretar- que la Justicia no es ciega ni ecuánime, confirmando así el dicho popular de que la justicia condena a los pobres y protege a los poderosos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, designará a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet como la nueva jefa de derechos humanos del organismo multilateral, dijeron diplomáticos el miércoles, reseña la agencia AFP.
Decenas de representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, académicos y figuras públicas reunidas la tarde del sábado en el centro de memoria Clínica Santa Lucía lanzaron una declaración en la que condenan a la Corte Suprema por la decisión de otorgar la libertad condicional a siete condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, hizo hincapié en la independencia que tienen cada uno de los jueces para resolver, al ser consultado por la prensa sobre los últimos fallos de la Segunda Sala del máximo tribunal que reconoce el derecho a libertad condicional a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. "Debo insistir en la idea de que cada una de las salas y jueces de esta corte tiene autonomía al resolver; así se concibe el sistema de justicia y los sistemas democráticos de justicia funcionan de esa manera, por lo que no puedo ir al contenido de las sentencias" indicó.
La organización solicita que en uso de las facultades que le concede la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión demande al Estado de Chile información sobre los beneficios de libertad condicional concedidos a 6 condenados por crímenes de lesa humanidad.
Organi zaciones de Derechos Humanos protestaron ayer frente a los Tribunales de Justicia en Valparaíso, definiendo como “una acción indigna y vergonzosa que atenta en contra de la memoria de las miles de víctimas de la dictadura cívico- militar”, los beneficios carcelarios entregados por la Corte Suprema a cinco reos condenados por crímenes de lesa humanidad, que se encontraban cumpliendo condenas en el Penal de Punta Peuco y Colina 1.
La Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados por crímenes de lesa humanidad. En el primer fallo y de forma unánime , la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados (i) María Gajardo y Ricardo Abuauad– ratificó la sentencia que concedió el beneficio a Emilio de la Mahotiere González.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este martes la solicitud de la defensa, y no dio lugar a decretar el sobreseimiento parcial del proceso seguido en contra de Jaime Antonio Orpis Bouchon, en lo tocante a la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público y el querellante SII, que lo sindican como autor de delitos tributarios, en el marco del denominado "caso Corpesca".