El Gobierno japonés no tiene interés alguno en el
caso de Alberto Fujimori más allá del que merece su ciudadanía nipona, dijo hoy
a EFE un portavoz oficial que descartó la existencia de una “agenda
oculta” en Tokio respecto al ex presidente peruano detenido en Chile.
Según
Tomohiko Taniguchi, uno de los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Japón, la simpatía expresada al ex presidente peruano por algunos políticos
japoneses a lo largo de los cinco años de su estancia en Japón no es compartida
por el Gobierno.
El
Gobierno japonés “no toma partido”, dijo Taniguchi y aseguró que
nunca ha existido una “agenda oculta” en Japón respecto al ex
gobernante buscado por la Justicia de Perú.
La
“alerta roja” emitida contra Fujimori por la Interpol e ignorada por
Japón no tiene “el poder de activar el proceso de una investigación
criminal en el país en el que reside el individuo en cuestión”, indicó el
alto funcionario.
Respecto
a la sigilosa salida de Fujimori de Tokio a tempranas horas de la mañana el
pasado 6 de noviembre en un avión alquilado, Taniguchi aseguró que Japón no es
un “país comunista con un Gran Hermano” vigilando a cada uno de sus
ciudadanos.
El
portavoz añadió que el ex gobernante peruano era “un ciudadano
ordinario” en Japón, que no estaba vigilado por ninguna autoridad.
El
diplomático calificó de “amplificada” la reacción en Latinoamérica a
la visita que tres diplomáticos japoneses en Santiago hicieron a Fujimori
inmediatamente después de su detención por parte de las autoridades chilenas.
Tras
citar el derecho de Fujimori a la atención de funcionarios consulares de su
país por ser un detenido con nacionalidad japonesa, Taniguchi aseguró que el ex
gobernante podrá tener la ciudadanía nipona hasta que decida renunciar a ella,
ya que no hay ninguna estipulación que permita retirarla.
Poco
después de abandonar el Gobierno de Perú en medio de escándalos de corrupción
en 2000, Fujimori recibió la confirmación de su nacionalidad japonesa
transmitida por sus antepasados y quedó a salvo de los intentos de extradición
por parte de Lima, al no existir un tratado de extradición entre ambos países.
Según
la Cancillería japonesa, Perú envió dos peticiones de extradición a los que
Tokio respondió con dos cuestionarios, uno de los cuales, el más reciente, fue
respondido sin traducción al japonés, “en contra de la práctica
habitual”, lo que impidió su envío al Ministerio de Justicia, el
destinatario último del documento.