“Vengo como ciudadano a estar al lado del Presidente, esa es mi responsabilidad… los que estamos en La Moneda no saldremos sino por nuestra propia voluntad … el plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976”.
Estas palabras de José Tohá sorprenden al imaginar su serenidad imperturbable en medio del violento asedio militar, pero, a su vez, muestran sentimientos humanos, valores políticos y una conducta conmovedora al transparentar consecuencia entre su convicción y su responsabilidad, algo que en la actualidad se suele separar, sacrificando una respecto de la otra, sea por conveniencia o por una razón pragmática.
Tohá había dejado hacía unas semanas el gobierno, pero en forma imprevista, volvió, como ciudadano, para estar al lado del Presidente, que representa, en ese momento de vida o muerte, su convicción política democrática: un gobierno elegido libremente por seis años y que el alzamiento militar se abocaba a destruir.
José Tohá, “prisionero de guerra” en Isla Dawson, fue ingresado el 1 de febrero en el hospital del Ejército de Chile y un mes y medio después, este hombre, de 1 metro 95 y con 47 kilos de peso, fue estrangulado en la pieza 303 del recinto castrense.
Ante la versión militar del suicidio, la vida de Tohá, como la de miles de otros chilenos, no dejó de latir. En su caso, su presencia era difícil de percibir. Había sido Ministro de Defensa, conocedor y cercano a generales del Ejército que urdieron el golpe, había intimado con varios de ellos, como Prats y su segundo, Pinochet, considerado como alguien leal a la Constitución.
Llega, ahora, el momento de la justicia: del saber quiénes ordenaron y participaron en su ejecución y por qué lo hicieron. Es la forma civilizada de afrontar la situación una vez comprobado el crímen, decía el ex Presidente Ricardo Lagos.
Tohá era un prisionero del Ejército; a su muerte sus responsables informaron que se había sucidado, y 38 años después se comprueba que no, que había sido estrangulado. Ante ello, qué ha dicho su actual comandante en jefe. Silencio, como si fuese una institución refundada, que no asume sus responsabilidades anteriores, cuando el mando lo ejercía el general Augusto Pinochet
El ex jefe del Ejército, Juan Emilo Cheyre, durante el gobierno de Lagos, comprometió un “Nunca más” ante los hechos sucedidos en el pasado y que implicaban a la institución en violaciones de derechos humanos. Sin embargo el Ejército ha sido resistente a colaborar en la causa que lleva el juez Madrid por el crimen contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Un “Nunca más” efectivo, no retórico, significa entre otras cosas colaborar con la justicia en casos como el del ex Presidente de la República y como lo será el del ex Ministro de Defensa y que implican a la institución del Ejército de Chile.
Frei envenenado en la Clínica Santa María, Tohá estrangulado en el Hospital Militar. Los procesos judiciales abiertos, el primero avanzado y estancado; el segundo, aclarada la consumación del crimen, comienza de cara a identificar los culpables y sus motivos. Y frente a ello ¿qué hacen los partidos democráticos?
Frei, fundador de la Democracia Cristiana, Presidente de Chile, líder de la oposición ante la dictadura en 1980; Tohá, dirigente destacado del Partido Socialista, Vicepresidente de la República, “prisionero de guerra” del Ejército de Chile. ¿Por qué los partidos políticos no tienen iniciativas ante el Gobierno, el Ejército y el Parlamento que colaboren con la justicia?
El Presidente Piñera comprometió su palabra hace dos años en hacer todo lo posible, en su calidad de Jefe de Estado, para que el Ejército colaborara con el juez Madrid. Sin embargo, no se conocen sus gestiones. Los casos de Frei y Tohá, entre muchos otros, no son asuntos sólo familiares.
Ambos fueron asesinados por sus convicciones y responsabilidades políticas, por lo tanto extraña que sus propios partidos (democratacristiano y socialista) adopten una actitud pasiva, de espera. Pero también los demás partidos (comunista, radical y PPD) comprometidos con los derechos humanos.
De la UDI y Renovación Nacional, validados como partidos democráticos, poco o nada se puede esperar, dado que aún no condenan un régimen dictatorial que cometió crímenes de lesa humanidad como lo documentó la Comisión Rettig (1991) y la Comisión Valech (2005) y como, poco a poco lo han ido confirmando las sentencias de los Tribunales de Justicia chilenos.