Con la discusión respecto de la duración y características de las licencias transables de pesca, la Sala del Senado continuó el debate en particular del proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley de Pesca en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización o ley “larga” de pesca.
Ello, luego que las Comisiones Unidas de Pesca y de Hacienda culminaran el estudio de una serie de indicaciones acotadas que se presentaron para materializar un acuerdo entre el oficialismo y algunos senadores de oposición en torno a los aspectos que han generado mayor controversia y que dicen relación con la extensión de las licencias, las causas de su caducidad, la propiedad de los recursos hidrobiológicos y los pueblos originarios, entre otros.
Debido a que las instancias estuvieron sesionando hasta altas horas de la tarde del miércoles, los senadores recién pudieron acceder al informe durante el transcurso de la sesión de la noche, razón por la cual se prevé que la votación de los aspectos que han generado mayor controversia se realizará hoy a partir de las 10 horas.
Cabe recordar que previamente, con 24 votos a favor y 7 en contra, la Sala ratificó un acuerdo mayoritario de comités -respaldado por RN, la UDI y la DC y votado en contra por el comité de independientes, del MAS, del PPD, del PR y del PS- mediante el cual se acordó remitir la iniciativa a las Comisiones con el objeto de introducirle las indicaciones respectivas.
LICENCIAS TRANSABLES
Antes de entrar de lleno a la extensión de las licencias transables de pesca, los senadores aprobaron con 21 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones una disposición que fija los criterios para determinar las toneladas que cada titular de las licencias clase A puede capturar cada año.
Del mismo modo, aprobaron con 21 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, una disposición similar relativa a la distribución de las licencias.
Posteriormente, los senadores iniciaron el debate respecto del artículo que señala que “las licencias transables de pesca serán divisibles transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico”, entre otras disposiciones. Ello derivó inmediatamente a contraponer las posturas de quienes apoyan la propuesta de que las licencias tengan una duración de 20 años y aquellos que plantean que sean de 10 años.
En tal sentido, el senador Navarro manifestó que los permisos deben ser de manera perpetua para todos los chilenos y no unos pocos, insistiendo en que es partidario de que las licencias industriales tengan una vigencia de 10 años no renovables y no en 20 años renovables sin límites, porque ello las convierte en perpetuas.
En tanto, el senador Orpis manifestó que al establecer la plena transferibilidad se permitirá generar un escenario importante que permitirá el ingreso de nuevos actores. En su opinión, dicha disposición es clave porque actualmente no existe la transferibilidad lo que ha generado problemas que han sido puestos de manifiesto por el Tribunal de Libre Competencia.
El senador Horvath insistió en que ese es un tema que debe tratarse al momento de analizar otra disposición de la iniciativa, e insistió en que el corazón de esta iniciativa radica en la mejor institucionalidad, protección de medio ambiente y ecosistemas y tener una plataforma social para los pescadores y los industriales.
A su turno, la senadora Rincón recordó que habían presentado una indicación para precisar la propiedad de los recursos pesqueros, pues los plazos por el cual se entregan las licencias de pesca, la transabilidad de las mismas y las causas de caducidad, son los temas claves, razón por la que habían planteado un plazo menor a 20 años no renovables.
El senador Girardi se mostró partidario de reducir los plazos y establecerlos en 10 años. Ello -indicó- porque los científicos chilenos han advertido que se está partiendo de supuestos que no son tales, osea de un stock sobredimensionado y que la política en materia de pesca se está estructurando sobre la base de una realidad que no corresponde.
El senador Bianchi precisó que una cosa es defender la industria y otra a los industriales, argumentado que todos esperan que quienes desarrollan su actividad en la industria puedan tener trabajo por siempre, pero es fundamental también defender la pesca artesanal.
El senador Tuma dijo que es necesario sincerar el debate, pues cuando se dice que las licencias son transables, no se puede señalar al mismo tiempo que esta iniciativa apunta a la conservación de los recursos hidrobiológicos. El legislador insistió en su postura de que el estado no debe renunciar a la función de administrar los recursos en función del bien común.
Por su parte, el senador Ignacio Walker manifestó que si se quiere innovar y no se quiere el estatu quo y las cuotas por derechos históricos, se debe incentivar la entrada de nuevos actores. Dijo ser partidario de incorporar el concepto de licencia temporal y que se puede discutir la duración, pero señaló que esta disposición es importante porque no se puede crear un mercado ni nuevos actores si estas licencias no son transables.
En una línea similar se manifestó el senador Espina tras señalar que si se mantiene el sistema de licencias tal como está, se impedirá que ingresen más actores al sistema.
El senador Lagos señaló que hay un profundo desacuerdo entre una mayoría que quiere dar derechos permanentes y heredables y quienes están por establecer plazos y condiciones distintas para determinados actores del sector.
El senador Letelier indicó que es una mentira que se pueda generar competencia, porque llega un momento en que los recursos son limitados, pues no dan para más en el caso de algunas pesquerías. Indicó que es importante que se diga que estos recursos son de todos los chilenos y que cualquier licencia no constituye propiedad, e insistió en que las empresas que recién utilidades millonarias deberían aportar a la economía nacional a través de un royalty.
En tanto, el senador Larraín recordó que la realidad jurídica en esta materia es que la autorización de pesca es indefinida y destacó que se esté regulando para los industriales una situación más restrictiva y que se esté siguiendo un camino que hace posible cambiar el régimen de derecho indefinido por uno con renovación.
El senador Chahuán dijo que todos están de acuerdo en que respecto de los pescadores artesanales se les mantega el carácter de indefinido y se le mejoren las condiciones. Dijo que no se quiere que esta industria esté operada por pocos y que haya competencia, por lo que la iniciativa es in avance.
En tanto, el senador Quintana se mostró partidario de establecer un plazo de 10 años pues ese es un plazo más que suficiente para evaluar cómo este sistema puede comportarse en el futuro. Más aún, dijo si se toma en cuenta que se está hablando de un negocio donde hay al menos 9 especies con pesquería sobre explotadas.
El senador Gómez señaló que hoy el 95% del jurel está en manos de los industriales y sólo el 5% en manos de los artesanales, e insistió en que con esta iniciativa se está perpetuando el negocio de algunos al llegar a 20 años y hacerlo de carácter indefinido.
Por su parte el senador Ruiz Esquide anticipó que votará a favor las propuestas que se refieran a menos de 20 años, pues considera excesiva esa cifra. Señaló que considera que los peces le pertenecen a los chilenos, no al estado, pero que éste, como administrador del bien común, tiene la capacidad de hacerlo.
El senador Sabag señaló que se está tratando de mejorar la legislación vigente que contempla derechos indefinidos. Indicó que se está buscando la mejor manera para ello a través de una ley más adecuada para garantizar la sustentabilidad del producto.
El senador Muñoz manifestó una serie de aspectos jurídicos por los que estima que el proyecto de ley es inconsistente e inconstitucional, pues por una parte se están repartiendo bienes que no son explicitados en la ley y se genera una discriminación arbitraria, por lo que solicitará un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
En tanto, el senador Escalona manifestó que establecer una cesión de derechos por 20 años renovables constituye un grave error político y también económico, porque consagra por ley el monopolio de un sector. Indicó que se está haciendo una abierta discriminación a favor del sector industrial, pues hay una entrega de valor por cerca de 50 mil millones de dólares (en el tiempo) a cambio de nada. Dijo que se “rebela” contra esta iniciativa, porque es una expropiación a los derechos de miles de chilenos y chilenas.
Por su parte el senador García Ruminot se refirió al tema de los pueblos originarios, señalando que existe un compromiso del Ejecutivo de presentar una redacción para que se pronuncie la Sala.
Finalmente, el senador García Huidobro señaló que es importante recuperar las pesquerías que se han perdido y si no tenemos la posibilidad de que esta ley exista, se va a volver a la carrera olímpica.