Los gobiernos de la Concertación han mostrado cierta parálisis frente al problema de la delincuencia, tal vez por un enfoque sociológico que remite más a las causas que a los efectos. La candidata Michelle Bachelet pareció resolver bien el dilema, al hablar de una mano dura y otra acogedora. Ahora, como Presidenta deberá –también en este terreno- ejercer un liderazgo que la lleve a actuar con claridad y eficacia. So pena de comprometer todavía más su capital político.
En medio de la presión ambiente por una mano más dura con la delincuencia, el gobierno decidió reforzar la lucha del Estado contra el crimen. Al recoger sugerencias de autoridades de otros poderes y de la oposición -algunas de las cuales significan ajustar disposiciones de la nueva justicia penal-, no pudo sortear el escepticismo y las críticas inmediatas, ya que se trata de materias altamente controvertibles en los planos técnico y empírico y de alta sensibilidad política. Mientras los expertos intentan iluminar con sus disquisiciones, los dirigentes partidarios de una y otra vereda logran siempre desviar el debate de su único objetivo válido, que debiera ser atenuar los efectos de un flagelo que afecta a todos.
Algunos legisladores de oposición más comprometidos con el tema pasaron el aviso de que al gobierno le bastaba otorgar urgencia a algunos proyectos presentados por ellos en el último tiempo. El reproche, transpirado de reivindicacionismo mezquino, olvidaba que el Ejecutivo no sólo es el gran legislador en el sistema presidencialista vigente. El tiene el deber de articular políticas que miren el conjunto del problema y no se limiten a solucionar algunos aspectos parciales del mismo.
La gran pregunta es si el gobierno cuenta con una política antidelincuencia y si, de existir ella, se basa o no en sustentos errados, como sostienen incluso personeros concertacionistas del calado del abogado y ex diputado Jorge Schaulsohn.
Innegable es que en el conglomerado oficialista se ha impuesto una visión sociológica del problema, que considera sus causas y pone el acento en la rehabilitación, el concierto comunitario y la lucha antidrogas, más que en la represión pura y simple, bandera esta última propia del conservadurismo autoritario. Más que estar en el ADN de la Concertación, como se dijo recientemente, tal enfoque se percibe en el mundo entero como distintivo de los gobiernos de centroizquierda. Michelle Bachelet, en sus días de campaña preelectoral, pareció zanjar bien el dilema cuando dijo que enarbolaría una mano dura y otra acogedora, para atacar, al mismo tiempo, los efectos y las causas de la delincuencia. Ya en el poder, con una premura que no estaba en su carta de navegación, se encuentra ante la ímproba tarea de concretar en terreno lo que fue una excelente frase para ilustrar una posición comprehensiva del fenómeno. Un fenómeno que está, por lo demás, en la naturaleza de las cosas –el crecimiento de las sociedades- y del hombre –el único animal que no ataca sólo para comer-, y que, por lo tanto, no se extinguirá nunca.
Acuciado a reducir los índices de delito y victimización, el oficialismo reaccionó característicamente primero a la defensiva. Para desgracia de algunos de sus polemistas que intentaron contraatacar –recordando, por ejemplo, que no sólo los pobres delinquen-, nuevos hechos sacudieron el ambiente. Un asalto con toma de rehenes en pleno centro de Santiago dejó en claro que era la espectacularidad de los actos delictivos lo que elevaba las sensaciones térmicas y no el despliegue de los medios informativos. Aquí no hay que perderse: desde ese día de 1990 en que “Johnny Cien Pesos” asaltó con sus secuaces una casa de cambios en calle Ahumada –dando origen a la película de ese nombre-, delitos y cobertura dieron un salto cualitativo en Chile. Se había dejado atrás la dictadura y la mediatización por ella de TVN, y los privados se estaban incorporando a la industria de la televisión. Nada fue como antes de eso y las sensaciones térmicas tenderán a dispararse por sobre los grados que indiquen los termómetros. Y esto por una razón de propagación informativa: los asaltos pueden disminuir y con ello los índices de victimización de las personas, pero basta un asalto a lo Johnny Cien Pesos, en una casa o un establecimiento comercial, para que la sociedad se sienta conmovida, independientemente de la frecuencia con que ocurra este tipo de delitos. Bastó la voladura de las Torres Gemelas en 2001 para que los habitantes de Nueva York reaccionen con pánico ante una explosión como la que afectó ayer lunes a un edificio en Manhattan. La vida en esa urbe tampoco es la misma desde aquel entonces.
Que la libertad de prensa se ejerza plenamente, y más como un deber que un derecho, no puede ocultar el abuso por comercialización de la crónica roja que algunos medios están cometiendo. Lo que antes fue la especialización de algunos periódicos –cotidianos y semanales-, hoy lo es de ciertos canales de TV que salen así a competir en el mercado, arrastrando con su crecimiento en el rating a las estaciones que antes no privilegiaban este tipo de información.
Pero como los medios, en definitiva, no tienen la culpa de lo que pasa –y así lo dijo expresamente la Presidenta Bachelet- es el liderazgo que ejerza el gobierno lo que realmente importa: persistiendo en algunas de sus políticas públicas, como la de Comuna Segura, que pese a su pregonado fracaso la hará suya la municipalidad de Las Condes, según el modelo de Florida, EEUU; también enmendando sobre la marcha lo que se muestre equivocado o insuficiente, aun a costa de desprenderse de algunas ideas guía muy queridas. Si algo dejó el nuevo recrudecimiento del debate sobre la delincuencia es el despliegue de un abanico de opiniones. Es hora de cerrar el abanico y actuar con las dos manos libres.
Algunos legisladores de oposición más comprometidos con el tema pasaron el aviso de que al gobierno le bastaba otorgar urgencia a algunos proyectos presentados por ellos en el último tiempo. El reproche, transpirado de reivindicacionismo mezquino, olvidaba que el Ejecutivo no sólo es el gran legislador en el sistema presidencialista vigente. El tiene el deber de articular políticas que miren el conjunto del problema y no se limiten a solucionar algunos aspectos parciales del mismo.
La gran pregunta es si el gobierno cuenta con una política antidelincuencia y si, de existir ella, se basa o no en sustentos errados, como sostienen incluso personeros concertacionistas del calado del abogado y ex diputado Jorge Schaulsohn.
Innegable es que en el conglomerado oficialista se ha impuesto una visión sociológica del problema, que considera sus causas y pone el acento en la rehabilitación, el concierto comunitario y la lucha antidrogas, más que en la represión pura y simple, bandera esta última propia del conservadurismo autoritario. Más que estar en el ADN de la Concertación, como se dijo recientemente, tal enfoque se percibe en el mundo entero como distintivo de los gobiernos de centroizquierda. Michelle Bachelet, en sus días de campaña preelectoral, pareció zanjar bien el dilema cuando dijo que enarbolaría una mano dura y otra acogedora, para atacar, al mismo tiempo, los efectos y las causas de la delincuencia. Ya en el poder, con una premura que no estaba en su carta de navegación, se encuentra ante la ímproba tarea de concretar en terreno lo que fue una excelente frase para ilustrar una posición comprehensiva del fenómeno. Un fenómeno que está, por lo demás, en la naturaleza de las cosas –el crecimiento de las sociedades- y del hombre –el único animal que no ataca sólo para comer-, y que, por lo tanto, no se extinguirá nunca.
Acuciado a reducir los índices de delito y victimización, el oficialismo reaccionó característicamente primero a la defensiva. Para desgracia de algunos de sus polemistas que intentaron contraatacar –recordando, por ejemplo, que no sólo los pobres delinquen-, nuevos hechos sacudieron el ambiente. Un asalto con toma de rehenes en pleno centro de Santiago dejó en claro que era la espectacularidad de los actos delictivos lo que elevaba las sensaciones térmicas y no el despliegue de los medios informativos. Aquí no hay que perderse: desde ese día de 1990 en que “Johnny Cien Pesos” asaltó con sus secuaces una casa de cambios en calle Ahumada –dando origen a la película de ese nombre-, delitos y cobertura dieron un salto cualitativo en Chile. Se había dejado atrás la dictadura y la mediatización por ella de TVN, y los privados se estaban incorporando a la industria de la televisión. Nada fue como antes de eso y las sensaciones térmicas tenderán a dispararse por sobre los grados que indiquen los termómetros. Y esto por una razón de propagación informativa: los asaltos pueden disminuir y con ello los índices de victimización de las personas, pero basta un asalto a lo Johnny Cien Pesos, en una casa o un establecimiento comercial, para que la sociedad se sienta conmovida, independientemente de la frecuencia con que ocurra este tipo de delitos. Bastó la voladura de las Torres Gemelas en 2001 para que los habitantes de Nueva York reaccionen con pánico ante una explosión como la que afectó ayer lunes a un edificio en Manhattan. La vida en esa urbe tampoco es la misma desde aquel entonces.
Que la libertad de prensa se ejerza plenamente, y más como un deber que un derecho, no puede ocultar el abuso por comercialización de la crónica roja que algunos medios están cometiendo. Lo que antes fue la especialización de algunos periódicos –cotidianos y semanales-, hoy lo es de ciertos canales de TV que salen así a competir en el mercado, arrastrando con su crecimiento en el rating a las estaciones que antes no privilegiaban este tipo de información.
Pero como los medios, en definitiva, no tienen la culpa de lo que pasa –y así lo dijo expresamente la Presidenta Bachelet- es el liderazgo que ejerza el gobierno lo que realmente importa: persistiendo en algunas de sus políticas públicas, como la de Comuna Segura, que pese a su pregonado fracaso la hará suya la municipalidad de Las Condes, según el modelo de Florida, EEUU; también enmendando sobre la marcha lo que se muestre equivocado o insuficiente, aun a costa de desprenderse de algunas ideas guía muy queridas. Si algo dejó el nuevo recrudecimiento del debate sobre la delincuencia es el despliegue de un abanico de opiniones. Es hora de cerrar el abanico y actuar con las dos manos libres.