Valparaíso.- El prefecto de Carabineros de Valparaíso, Coronel Julio Sagredo, dio a conocer un comunicado de prensa de la institución en la que, abiertamente, cuestiona la autoridad civil, a la que por mandato constitucional está subordinado.
Esto debido a los serios incidentes producidos, este fin de semana en la ciudad, en la que se realiza el tradicional carnaval de los Mil Tambores que convoca a miles de participantes provenientes de distintos lugares del país.
El Prefecto Sagredo, culpa a las autoridades civiles de no tomar en cuenta los informes de la policía uniformada a la hora de otorgar las autorizaciones, conminándolas a “adoptar políticas de ciudad” y que las “autoridades que correspondan se hagan cargo…”. En un tono desafiante demanda que “se tomen en cuenta los informes de factibilidad de Carabineros” agregando que “Carabineros entiende que no es suficiente indignarse, presentar querellas, hacer declaraciones…” en alusión a las reacciones de distintas autoridades frente a los hechos vandálicos ocurridos, marcando de este modo una pauta de lo que, a juicio de la institución, debieran hacer las autoridades de quienes dependen.
¿Después de esto cabe preguntarse quién manda en Valparaíso?. La declaración de Sagredo pone en tela de juicio la autoridad civil y cuestiona el rol de la policía uniformada, más aun proviniendo de uniformado que se ha caracterizado por encabezar personalmente los operativos represivos en la ciudad y sobre quien pesan acusaciones de provocar a los manifestantes, como se aprecia en un video que circula en la red (http://www.youtube.com/watch?v=Iikc5GIa74w&feature=youtu.be ).
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Surge la interrogante de cómo reaccionarán las autoridades regionales y provinciales de la región ante esta virtual insubordinación de quién está bajo su mando, de acuerdo al ordenamiento jurídico institucional de nuestro país. Dejarán pasar este evidente intento de deslindar responsabilidades achacando a la autoridad civil la ocurrencia de los desagradables sucesos del fin de semana generando de paso animadversión de la ciudadanía y vulnerando, en la práctica, el estado de derecho que están obligados a respetar los uniformados.
Quien debe dar cuenta de los que ocurre en la ciudad son sus autoridades civiles, en ningún caso la policía uniformada que depende administrativamente de ellas, menos puede cuestionar, la policía, las decisiones que ésta en el uso de sus atribuciones, teniendo en cuanta una serie de variables y no sólo los informes policiales, que son un insumo más. ¿Acaso, el Prefecto Sagredo, pretende constituirse en la única y exclusiva voz para determinar las decisiones que le corresponden al poder político?
La declaración pública de los uniformados ha generado reacciones inmediatas, como la de la Coordinación de Organizaciones Sociales de Valparaíso que en declaración pública acusa al Gobernador Pablo Zúñiga de incompetente y reitera su llamado a la “renuncia del Gobernador Pablo Zúñiga, que ha sido cuestionado por diversos sectores sociales, debido a irregularidades en la Universidad del Mar, acoso laboral a sus funcionarios, entre otras materias, a lo que se suma ahora el cuestionamiento de Carabineros de Chile”, señalando por otra parte su preocupación por “lo sobrepasada que se encuentra la autoridad gubernamental en nuestra región, que producto de su incapacidad, se ve expuesta a estas demostraciones, poniendo en tela de juicio el principio de autoridad y constituyen en la práctica una vulneración de los más elementales principios democráticos, en los que los uniformados están sometidos a la autoridad civil”