Ante insólitas declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, en El Mercurio de hoy lunes, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), declara:
1. El grado de intromisión, manipulación de datos y arrogancia de esta autoridad de gobierno, pone en entredicho la institucionalidad democrática de nuestro país. Es absolutamente impresentable que la titular de Medio Ambiente acuse al poder judicial de “debilitar a la institucionalidad ambiental”, cuando lo único que sostiene el fallo de la Corte Suprema (ratificando, por lo demás, lo ya dicho por las Cortes de Apelaciones de Copiapó y de Antofagasta, cuando debieron pronunciarse sobre la materia) es que el poder ejecutivo presionó indebidamente a diversas autoridades ambientales para beneficio del proyecto Castilla de las empresas MPX-E:ON.
Es decir, la Tercera sala del máximo tribunal cumplió con su deber de corregir una flagrante ilegalidad que afectaba el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
2. Las infortunadas declaraciones constituyen una ofensa a innumerables comunidades que han denunciado el mal proceder de la institucionalidad ambiental, misma que ha permitido absurdos tales como que el proyecto minero Pascua Lama se haya evaluado fraccionadamente en al menos 5 partes.
Nuestra Corte Suprema con el reciente fallo pone coto a la subdivisión mañosa de numerosos proyectos empresariales que en la práctica burlaban los principios y el espíritu de la ley ambiental.
3. Lamentablemente, la ministra Benítez no tiene la independencia necesaria para garantizar probidad al país en materia medio ambiental, pues pretende hacer creer que la institucionalidad debe seguir operando sin control alguno, pese a ser evidente su actuar político y no técnico en desmedro de los derechos colectivos. Esto se refuerza por el cuestionamiento y escándalo desatado en el caso de los planteles de cerdos de Agrosuper en Freirina, que en su momento contó con sus servicios como consultora, y donde la supuesta rigurosa evaluación técnica se transformó en un una catástrofe sanitaria y ambiental a los pocos meses de entrada en operaciones la planta.
4. A nuestro entender, lo que se desprende de la sentencia de la Tercera Sala es la correcta aplicación del principio preventivo que anima la ley de bases del medio ambiente, espíritu que no prevaleció en la contaminación de Agrosuper, y que la ministra aspira a que tampoco opere en el caso Castilla.
5. Finalmente, denunciamos que este tipo de declaraciones, sumadas a las recientes gestiones de MPX-E.ON con el ministro de Energía y/o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, difundidas por los medios comunicación de masa, generan un cuadro de alianza entre el multimillonario brasileño y altas autoridades de gobierno para persistir en una interpretación miope de la ley, que superpone los derechos de los inversionistas extranjeros, por sobre los derechos de las chilenas y chilenos.
Esto es insostenible y requiere de una acción urgente de parte del gobierno de Sebastián Piñera, si realmente quieren construir certidumbres en materia ambiental se debe solicitar la renuncia de la actual ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benitez.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA