El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué se conformó con la impunidad respecto de los responsables de la matanza efectuada luego del golpe de 1973 en el campo de concentración de Pisagua (y de otras similares), cuya comprobación se obtuvo luego de que se encontraran fosas comunes a comienzos de junio de 1990, como se vio en el capítulo anterior.
Incluso, dicho liderazgo pasó por alto la expresión de varios parlamentarios PS-PPD (Jaime Estévez, Vladislav Kuzmicic, María Maluenda, Jorge Schaulsohn y Laura Soto) que volvieron horrorizados después de ir al lugar y señalaron que “los integrantes del Ejército, cualquiera que sea su rango, que resulten culpables de los delitos que determine la justicia en el caso de Pisagua, deben ser juzgados y condenados” (Fortín Mapocho; 8-6-1990); y también hizo oídos sordos de la declaración de la directiva del PPD que planteó que algunos de los delitos cometidos durante el período de la amnistía “se declaren como crímenes contra la humanidad y con ello queden en calidad de imprescriptibles” (La Epoca; 17-6-1990).
La línea del gobierno a favor de la impunidad la expresó sutilmente en ese momento el ministro de Educación Ricardo Lagos, quién dijo que el país esperaba una explicación de las “autoridades centrales” de Chile de ese tiempo y que “éste no debe ser un proceso permanente, pero que esta herida está aquí y abierta y llamo a quienes sepan de la existencia de cementerios clandestinos a denunciarlos para devolver los cuerpos a los deudos (…) ya que eso es lo más elemental para avanzar y cerrar esta página” (La Epoca; 12-6-1990). Y de modo brutal –como lo vimos el capítulo XLIII- la recalcó Gabriel Valdés quien llegó a proponer incluso un plazo de dos meses ¡para encontrar cadáveres de personas detenidas-desaparecidas! ya que “no podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos” (Paula; agosto, 1990).
En este contexto de búsqueda de impunidad no podía extrañar la respuesta que dio el Ejército ante la petición del Gobierno de colaborar para el esclarecimiento de hechos como los de Pisagua: “El 11 de septiembre de 1973 fue una operación militar, es decir, una acción de guerra. Las Fuerzas Armadas y Carabineros no salieron a lucir uniformes ni a impresionar con su presencia. Salieron a combatir y a recuperar la libertad perdida (…) Muchos de los que nos censuran (…) o que guardan silencio frente a una crítica injusta, hoy día pueden vivir tranquilos en el país y luchar por el perfeccionamiento de la democracia. Ello gracias a los hombres de armas que combatieron, ejercieron vigilancia, corrieron peligros y sufrieron bajas, que muchos de los beneficiados por nuestro sacrificio no sintieron ni sufrieron (…) La institución tiene el convencimiento de que durante estos años no ha dejado un solo instante de servir a Chile y se enorgullece del mérito imperecedero que surge del cumplimiento de una histórica misión”. Solo al final de dicha declaración se señaló genérica y graciosamente que “el Ejército reafirma una vez más su voluntad de colaborar con el supremo Gobierno en el elevado propósito de afianzar la unidad nacional y consolidar la democracia plena” (La Epoca; 14-6-1990).
En respuesta a lo anterior –y acentuando aun más la actitud concesiva del liderazgo concertacionista- la sala de diputados del PDC, a través de los parlamentarios Baldemar Carrasco, Claudio Huepe y Gustavo Ramírez, manifestó que dicha declaración “reafirma la voluntad de colaboración de la institución, lo que valoramos en toda su dimensión, ya que se inscribe en las mejores tradiciones de nuestras Fuerzas Armadas y permite vislumbrar que el país podrá saber la verdad que reclama, como paso necesario y previo para cerrar las heridas y para reconciliarnos como hijos de una misma patria” (La Epoca; 14-6-1990). Además, con estos insólitos comentarios se inauguró un estilo que sería muy frecuente de parte del liderazgo concertacionista: “entender” la realidad al revés…
Solo el PPD a través de su vicepresidente Jorge Schaulsohn y el director de Investigaciones, general (R) Horacio Toro asumieron realmente lo que decía dicha declaración. Así, el primero señaló que su partido “rechaza categóricamente cualquier tesis que intente justificar las violaciones a los derechos humanos”; que desde los puntos de vista jurídico y moral “es imposible que un Ejército se declare en guerra contra sus propios ciudadanos”; y que “para encontrar la reconciliación tenemos que partir reconociendo que en este país se cometieron graves excesos y atropellos injustificados a los derechos humanos” (La Epoca; 14-6-1990).
Y el segundo (Toro) declaró que el honor militar exigía que Pinochet renunciara a la Comandancia en Jefe después de los hallazgos de Pisagua. Como resultado de ello sufrió declaraciones y querellas por parte del Ejército, la expulsión del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro y la prohibición de su ingreso a cualquier unidad militar; todo esto sin generar reacción gubernamental alguna (Ver Ascanio Cavallo; La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; pp. 34-5).
Tres meses después, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, a través de su vicepresidente Germán Molina, aseguró que el Ejército no había colaborado en los procesos judiciales relativos a Pisagua y Chihuío (en Valdivia, donde se había encontrado otra fosa común, de la cual se habían removido los restos). Por el contrario, Molina “indicó que los tribunales militares han planteado contiendas de competencia a los jueces civiles que están conociendo esas situaciones lo que –a su juicio- ha significado detener las investigaciones” (La Nación; 12-9-1990).
Luego, dos meses después se descubrió que el Ejército había “perdido” los libros con las inscripciones de las actas de defunción de los presos políticos que fueron ejecutados en Pisagua, lo que fue calificado por los abogados de la Vicaría de la Solidaridad como “un claro intento de bloquear la investigación que efectúa el ministro Hernán Sánchez Marré” (Las Ultimas Noticias; 9-11-1990). Estas últimas denuncias no generaron tampoco la más mínima reacción gubernativa…
Por último, la Corte Suprema decidió la contienda de competencia sobre el caso a favor de la Justicia Militar, con lo que se diluyó toda posibilidad de esclarecer dichos crímenes. Así, si bien la conmoción nacional generada por los descubrimientos de fosas comunes de víctimas de la dictadura derrumbó el Acuerdo-Marco; no pudo alterar los sistemáticos esfuerzos a favor de la impunidad emprendidos por los gobiernos de la Concertación desde marzo de 1990.