Con estupor y rabia tomé conocimiento de los deleznables abusos sexuales y, seguramente, violaciones cometidas por el “Tío” de computación del Jardín Infantil “Hijitus de la Aurora”, en Vitacura.
Lo peor de todo es que hasta aquí, no se ve nada nuevo en la palestra, ya que lamentablemente es frecuente tomar conocimiento de esta clase de hechos. No obstante, uno de los elementos que hace especialmente sensible esta realidad, no sólo es que las víctimas sean menores de edad, sino que a esto se suma, la falta de fiscalización de los actores de este proceso educativo, llámese municipalidad, Sesma, y, particularmente, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
En relación a los dos primeros actores diré que no me extraña la falta de fiscalización a este recinto, que funcionaba a pesar de las deficiencias en sus instalaciones. Y no me causa extrañeza, porque existe la mal entendida tendencia municipal a fiscalizar empresas o personas que desarrollan labores que, en la práctica, no afectan directamente a terceros. Pareciera que el foco se fija en la vereda equivocada. Al resto de la ciudadanía le hacen caer todo el peso de la ley, los crucifican, mientras que los jardines infantiles que no son fiscalizados y cuyos propietarios se llenan los bolsillos con la plata de las matrículas, ¡bien gracias, que sigan no más!
Por otra parte, tenemos a la JUNJI, entidad que carece de todas las facultades para impedir el funcionamiento de jardines no empadronados (ojo, es cosa de cada jardín acreditarse, no es obligatorio). Y no sólo eso, la JUNJI tampoco tiene la facultad de obligar a implementar proyectos educativos en los jardines infantiles que ya funcionan… El proceso es así de perverso y para que al lector le quede suficientemente claro, lo ejemplifico: si a usted, se le pasa por la cabeza instalar un jardín infantil y no empadronarlo lo puede hacer. Lo mismo, en el caso de un pedófilo que tiene una casa común y corriente y pone un cartel que dice “Jardín Infantil”. ¡Como verá el trámite es fácil!
Mientras tanto, el pedófilo pide permiso municipal para obtener la patente y lo fiscalizarán un par de meses más tarde y el Sesma le entrega la autorización de sanidad. Son trámites sencillamente, no más que eso.
¿Y qué pasa, con la JUNJI durante todo ese proceso? Brilla por su ausencia y cuando aparece, si es que lo hace, sólo es para “pedir permiso para entrar a fiscalizar…, pero ¿fiscalizar qué? La JUNJI, en el caso de los jardines que están empadronados los fiscaliza cada cierto tiempo y resulta que, en cada ocasión, envía a distintos funcionarios, los que aplican criterios diferentes. Mientras uno le dice a la propietaria del jardín que debe hacer una cosa, al mes siguiente va otro funcionario y pide algo totalmente diferente a lo requerido por su antecesor, desacreditándolo. ¿A eso llaman fiscalizar? Acaso, ¿fiscalizar es pedir que el lavaplatos esté a tantos metros del suelo?, ¿no será más prudente fiscalizar también que quien instala un jardín infantil sea una persona idónea, que tenga conocimiento de cómo tratar a los menores de edad y no sea un peligro para su integridad?, ¿fiscalizar no será chequear que el jardín cuente con la aprobación sanitaria?
El sistema mercantilizado de la educación de los infantes, quienes están en la etapa más importante de sus vidas, se ha transformado en un incentivo para que degenerados como el tío de computación, siga cometiendo sus crímenes. Esto, acompañado de la pobre legislación chilena que debe velar por los derechos humanos de estos tipos, a lo que se suma las bajas penas que se les aplican.
En el caso de este jardín del terror, la propia vicepresidenta de la JUNJI –María Francisca Correa- aseguró que “el recinto no cuenta con un proyecto educativo enmarcado en las bases curriculares del Mineduc, ni con personal idóneo y capacitado para atender niños…”. Y, señaló, además, que la directora “no tenía título de educadora de párvulos”.
Una de las alternativas que esperamos contribuya a poner freno a los pedófilos que se amparan en este tipo de irregularidades, es la ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, también llamado el Dicom de los pedófilos. Otra medida accesoria al cumplimiento de las penas asignadas al delito y a las inhabilidades podría ser, a mi juicio, la castración química, debate que se debiera retomar, porque de lo contrario, lamentablemente habrá nuevas víctimas en otros planteles.
Por: Jaime Mois Corona, Mg ©, abogado de la Universidad Central y juez secretario de la Primera Sala de Arbitraje Deportivo del Tribunal de Honor del Comité Olímpico de Chile (Coch).