El liderazgo de la Concertación debiera también explicarle a sus bases y al país porque durante sus 20 años de gobierno desarrolló sistemáticamente una política de impunidad respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Pinochet.
Es cierto que los gobiernos de Aylwin y Bachelet tomaron importantes iniciativas respecto de la verdad, la reparación y la memoria histórica sobre dichos crímenes, como el Informe Rettig, la Ley de Reparaciones consiguiente y el Museo de la Memoria (el Informe Valech se logró luego que diversas organizaciones de DD. HH. vencieran la clara oposición de Lagos en la materia; y la Ley de Reparaciones subsiguiente adoleció de graves violaciones a los mismos derechos que decía resguardar); pero todos ellos pretendieron consolidar la impunidad que respecto de ellos había impuesto la dictadura.
Ya en 1990 se concordó el “Acuerdo Marco” con la oposición –felizmente fracasado- que buscó canjear la liberación de los presos heredados de la dictadura por la virtual impunidad de la generalidad de los agentes del Estado que habían cometido aquellos crímenes. Luego en 1991, los presidentes del Senado (Gabriel Valdés) y de la Cámara de Diputados (José Antonio Viera Gallo) ¡propusieron extender la aplicación de la amnistía –que la dictadura había impuesto en 1978- hasta 1990!, con la excepción de los crímenes “más graves”. Tal propuesta ni siquiera tuvo eco en los dirigentes de la derecha…
Posteriormente, luego del “boinazo” de 1993, se intentó aprobar la “Ley Aylwin” que pretendía avalar legislativamente el decreto-ley de amnistía de 1978. Afortunadamente, la oposición de las organizaciones de DD. HH. -unida a la de sectores del PS- lograron abortar dicha propuesta. Lo mismo sucedió con los proyectos de “Ley Frei” y el “Acuerdo Figueroa-Otero” en 1995 y 1996, que también tenían dicho propósito. Con la diferencia que quien echó abajo este último fue el propio Pinochet, quien se confió en que la Corte Suprema había comenzado a aplicar a fardo cerrado aquel decreto-ley.
Asimismo, después de la detención de Pinochet en Londres, la unanimidad de la Comisión de Derechos Humanos pretendió que se aprobara en 1998 una ley análoga a las anteriores, siendo clave en su derrota la fuerte oposición suscitada también en las organizaciones de derechos humanos y en sectores del PS.
A su vez, el gobierno de Lagos intentó aprobar una ley de “inmunidad” en 2003 que concediera la impunidad a quienes proporcionaren antecedentes sobre el paradero de las personas detenidas-desaparecidas; senadores de la Concertación y de la derecha presentaron en 2005 un proyecto de ley en el mismo sentido; y el gobierno de Bachelet intentó reflotar el anterior en 2007. Afortunadamente, todos ellos fueron también derrotados. Por otro lado, el gobierno de Lagos trató –infructuosamente- de que los juicios de derechos humanos se desarrollaran de acuerdo al nuevo sistema procesal penal para que tuviesen una duración máxima de dos años.
Ni siquiera cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado de Chile (en septiembre de 2006) que anulara el decreto-ley de amnistía de 1978; el gobierno de Bachelet y la Concertación, que tenían mayoría parlamentaria para tal efecto, hicieron efectivo lo anterior.
En relación a la tortura, todos los gobiernos de la Concertación buscaron también su impunidad. La culminación de esto se dio con la Ley de Reparaciones enviada por Lagos al Congreso en 2004 y aprobada por éste en 48 horas, contando con el apoyo de los parlamentarios de la Concertación y la derecha. En dicha ley se estipuló, además de la mantención en secreto por 50 años de los agentes del Estado denunciados por tortura, la prohibición de que el Poder Judicial pudiese acceder al conocimiento de los crímenes denunciados por las víctimas a la Comisión Valech. Ciertamente, una prohibición totalmente inconstitucional, inmoral y violatoria del conjunto de los tratados internacionales de derechos humanos.
Otra forma de contribuir a la impunidad fue la que realizó –particularmente durante el gobierno de Lagos- el Consejo de Defensa del Estado, organismo público formalmente autónomo pero que por la forma de designación de sus magistrados y por la costumbre, funciona en sus líneas gruesas de acuerdo con los gobiernos de turno. Así, su presidente de la época (Clara Zscsaranski) se manifestó, pública y reiteradamente, a favor de la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Y bajo su mandato el Consejo alegó para que la Corte Suprema aplicara la ley de amnistía en los casos de detenidos-desaparecidos.
Otro elemento que consolidó la impunidad durante los gobiernos concertacionistas fue el envío o su intento de hacerlo –particularmente de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos- de numerosos agregados militares, representantes de Chile en misiones de Naciones Unidas e incluso embajadores o cónsules, que estuvieron involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Además, aquello causó enormes bochornos para la imagen de Chile en el exterior en Canadá, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Suiza, Rusia y la propia ONU.
Y por último –sin pretender ser exhaustivo- los sucesivos gobiernos de la Concertación efectuaron acciones u omisiones a favor de la impunidad en casos judiciales con graves repercusiones internacionales. Fueron los casos de Eugenio Berríos, Carmelo Soria, Bernardo Leighton, CarlosPrats y, por cierto, el de Augusto Pinochet. En este último caso los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos hicieron primero todo lo posible para evitarle su segura condena en Europa; y luego desarrollaron fuertes presiones públicas y privadas al juez Juan Guzmán y a los tribunales para obtener su exención de juicio por manifiestamente falsas razones de salud mental.
Todavía no hemos escuchado ninguna explicación de todo ello del liderazgo concertacionista, ni menos una autocrítica…