Algunos medios de prensa han informado que ha sido formalizado por la justicia el Director de Obras Municipales de Recoleta porque se habría comportado como un ágil y oportunista mercader, utilizando información pública para obtener pingües ganancias económicas. Esto se supo porque un particular intimidado por ese funcionario de la Administración del Estado grabó con su teléfono celular la conversación de negocios sostenida entre ambos.
Aprovechamos la ocasión para recordar lo sucedido con un sorprendente permiso de edificación otorgado por ese mismo funcionario a la empresa “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.” para construir una nueva sede de la Universidad San Sebastián, un centro de extensión y tres torres habitacionales de 20 pisos cada una en la manzana conformada por las calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue, proyecto que no cuenta con la obligatoria resolución de calificación ambiental que debía otorgar la Corema, hoy Comisión Evaluadora Ambiental.
Este asunto lo conoce muy bien Sol Letelier, alcaldesa de Recoleta, con quien he revisado por teléfono el asunto, pero por motivos incomprensibles ella no ha hecho nada para exigir el cumplimiento de la ley, posiblemente porque el caso se inició bajo el mandato del alcalde Cornejo, su antecesor.
La Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta y las organizaciones Ciudad Viva y Defendamos la Ciudad, en conocimiento que el permiso de edificación era trucho por diversas razones, denunciaron en distintas ocasiones el hecho ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, ante la Contraloría General de la República y ante el Consejo de Defensa del Estado, con la ingenua creencia de que en nuestro querido país las instituciones iban a funcionar : craso error.
La irregularidad más gravitante tiene que ver con una habilidosa interpretación que ese funcionario hizo de un determinado artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para viabilizar la elevada altura de las 3 torres habitacionales mencionadas en el segundo párrafo de esta columna de opinión. Las normas de edificación para ese sector, establecidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Recoleta, dicen que la altura máxima es de 20 metros, es decir, 8 pisos.
Por lo tanto, la inmobiliaria dueña de esa universidad privada está obteniendo un beneficio adicional de proporciones ya que está construyendo sus edificios residenciales con el doble de la altura permitida.
La Contraloría General de la República determinó instruir un sumario administrativo en la Dirección de Obras de ese municipio, cuyo resultado nadie conoce y ante esta evidente falta de servicio, por parte del ente fiscalizador, tiempo atrás las organizaciones ciudadanas le proponían a la anterior que el caso lo trasladara al Ministerio Público, lo que tampoco ha acontecido.
El Consejo de Defensa del Estado, reconociendo la ilegalidad de la altura de las dichosas torres, intercambió interesantes y completos oficios con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, instancia que a su vez se dirigió al Director de Obras, para que justificara su proceder, pero nadie atina a ejercer sus atribuciones.
Ante la ausencia de la calificación ambiental de ese proyecto multipropósito, alguna institución pública debió haber cursado a su titular las sanciones y multas contempladas en esa legislación y es más, se debieron haber paralizado las obras, pero “no se oye padre”. Con esta vergonzosa omisión se está configurando un nuevo hecho consumado que favorece, como siempre, un importante actor del mercado, confirmándose así la inveterada y perversa doctrina en boga.
¿Será que los funcionarios públicos son flojos, son ineptos o le tienen miedo a los grandes empresarios? Nosotros nos inclinamos por la tercera alternativa.
Aunque el lector no lo crea, fue la propia Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, vía ORD. Nº 18 del 11 de enero de 2010, a solicitud de la Contraloría General de la República, quien tuvo que intervenir en ese episodio, señalando con claridad como se aplica la OGUC para determinar la altura de las torres, pero a esta fecha ese documento oficial no produce efecto alguno.
En todo caso y como una ironía del destino, estaba programada para el mediodía del jueves 12 de abril en la Universidad San Sebastián una charla de Ramiro Mendoza, contralor general, titulada “Liderazgo y Transparencia”, la que inicialmente se denominaba “Probidad y Transparencia”. En todo caso, habida cuenta lo sucedido, encontramos muy prudente el reemplazo de las palabras del nombre de la exposición.
Hablar de “liderazgo” es mejor que hablar de “probidad” en un centro de extensión de una universidad que optó por no ceñirse a la ley, con la complicidad de los entes administrativos del país.