La condena al juez Baltasar Garzón, impuesta por el Tribunal Supremo de España, es catalogada por el diario norteamericano The New York Times como “un ataque terrible contra la independencia judicial”.
El medio de comunicación asevera que “Garzón ha jugado un papel importante en la transición de España a la democracia, como azote de políticos corruptos de izquierda y derecha y un campeón de gran alcance de la ley internacional de derechos humanos”.
“Sus esfuerzos para enjuiciar al ex dictador chileno, Augusto Pinochet, e investigar los horrores de la era de la Guerra Civil española, aunque sin éxito, avanzó el principio de que no puede haber ni amnistía ni impunidad para los crímenes de lesa humanidad”, señala en su página editorial.
“El juez Garzón está lejos de ser perfecto”, escribe el diario en alusión a las escuchas telefónicas ordenadas por el magistrado a los implicados en el caso Gürtel y que involucra a altos funcionarios del gobiernista Partido Popular, “pero la decisión del Tribunal Supremo español para sacarlo de la banca es enormemente perjudicial para las perspectivas de la justicia justa e imparcial”.
¿Qué juez de instrucción no dudaría, ahora, antes de proseguir con los casos políticamente sensibles? ¿Los crímenes del franquismo que sacudieron a España durante dos generaciones seguirán sin ser investigados por siempre?, se pregunta
La sentencia demuestra que “España todavía necesita de Garzón para mantener un poder judicial valiente e independiente”, señala.
Aun está pendiente la sentencia por su investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.
Al respecto la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay declaró – a través de su portavoz, Rupert Colville- que “los jueces no deberían ser enjuiciados por hacer su trabajo” y aseguró que las leyes internacionales establecen “que la amnistía no debería ser concedida a responsables de crímenes contra la humanidad”
Corville recordó las recomendaciones emitidas en el año 2009 por el Comité de Derechos Humanos según las cuales España debería revocar la ley de amnistía de 1977.
“España está obligado ante las leyes internacionales a investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, incluidos los cometidos durante el régimen de Francisco Franco. Está obligado a enjuiciar a los responsables de esos actos y a reparar a las víctimas”, puntualizó el representante de la ONU.