En Chile todos los días se violan los derechos, sin ninguna condenación ni siquiera de los organismos cuya misión es defenderlos: hay escuelas para pobres y para ricos; hospitales donde los viejos marchan, con paso de parada, a la muerte cuando carecen de dinero; hay cárceles que son verdaderos hoteles, de cinco estrellas, para asesinos, como Krassnoff, Contreras o Corvalán. No faltaría más que se construyera una nueva prisión, más elegante que Punta Peuco o Cordillera para empresarios de las farmacias, de La Polar o de los polleros, como Ariztía.
La vida de 81 personas parece que no vale nada para este Chile enlodado por la adoración al dinero, un país de mierda, donde “cuánto tienes cuánto vales”. A un año de la tragedia de la cárcel San Miguel – verdadero crematorio viviente – nadie es responsable. Este gobierno de opereta no ha sido capaz de cumplir, ni siquiera, un 20% de las reformas del sistema penal prometidas. ¿Acaso los delitos cometidos por los ochenta y un reos muertos hace un año son mayores que aquellos de los gerentes de La Polar, o de los “polleros”, o de las farmacias coludidas, que han atentado contra miles de chilenos estafados?
El 90% de los reos hacinados en las cárceles de Chile son familiares de personas que, alguna vez, han estados presas. A diferencia de algunos curas pedófilos, como Karadima, que ha tenido oportunidad de llegar a altos niveles educacionales y económicos, o de los dueños de las grandes empresas – y del Chile monopólico – que a su vez, son amigos de presidentes, parlamentarios, lobistas y, en general de los “prohombres” de este país, los familiares de los ochenta y un reos muertos, solamente con suerte han recibido educación en las pésimas escuelas municipales, y viven en poblaciones dominadas por narcotráfico, sin mayores horizontes de esperanza y con una sociedad que los desprecia.
Es cierto que no es exclusivamente la culpa de este gobierno: la comparte perfectamente con el tirano Augusto Pinochet y, por cierto, con la Concertación que, en este plano, como algunos otros, quedó con una deuda con el pueblo chileno y jamás terminará de pagarla. Para rematar la estupidez, este gobierno quiere llenar aún más las cárceles creando el terror en las poblaciones so pretexto de defender a las víctimas del delito.
Las cárceles chilenas no difieren mucho de los campos de concentración nazi y ninguna persona puede habitar en estos verdaderos tugurios, universidades del delito, donde el que sale vivo, de seguro, volverá a delinquir. Mientras el Estado no pueda garantizar la reinserción de los reos, seguirá atropellando flagrantemente los derechos humanos. Mientras exista Punta Peuco o Penal Cordillera al lado de la ex Penitenciaría, esto de la igualdad ante la ley será una verdadera burla. Se entiende que un Parlamento coludido jamás emprenda una acusación constitucional, como le correspondería a un ministro de Justicia, de quien depende el sistema penitenciario – por cierto, la Concertación no tiene ninguna autoridad moral, pues construyó Punta Peuco -. Pasarán los años y este leproso país segmentado seguirá siendo igual.
Rafael Luis Gumucio Rivas
08/12/2011