Viscisitudes en la venta a futuro del cobre chileno

 

El mercado está sujeto a permanentes fluctuaciones y es extraordinariamente sensible a los avatares políticos. Los precios de las mercancías pueden subir o bajar de acuerdo a esas eventualidades. Y eso afecta las relaciones comerciales internacionales; crea temores, incertidumbres. Las grandes empresas, para hacer sus negocios, necesitan tener la seguridad que, a pesar de esas alteraciones, sus proveedores no interrumpirán el flujo de mercancías que acostumbran a enviarles y, por consiguiente, no se paralizará la producción de sus fábricas. Un interés similar tienen, también, las empresas que proveen a aquellas de las materias primas que necesitan pues tampoco quieren ellas ver interrumpido el flujo de pagos a recibir por la venta de sus productos. Para asegurar la satisfacción de ese interés recíproco se ha extendido en los negocios internacionales la práctica de celebrar contratos de venta a futuro cuya finalidad es, precisamente, comprometer tanto la entrega de materias primas como de sus pagos, a pesar de tales avatares, durante un período que se acuerda de antemano. Pero nuevas prácticas exigen nuevas aficiones o especialidades. La venta a futuro exige de especialistas que se dediquen al estudio de los factores que hacen posible la celebración de tales convenios. Porque es necesario considerar factores que pueden influir en esas operaciones y provocar eventuales crisis. Surgen, entonces, los ‘expertos’ en ventas a futuro cuya finalidad es colaborar a resolver los problemas que acarrea la celebración de convenios de esa naturaleza.

 

En nuestro país, esa práctica la emplea CODELCO desde hace ya varios años. El resguardo de los intereses nacionales queda, en esas circunstancias, entregado a manos de los ejecutivos de esa empresa que, a su vez, seleccionan y contratan a determinados ‘expertos’ de la absoluta confianza de sus superiores. No por otro motivo la empresa estatal cuprera ha organizado un grupo de especialistas cuya labor es, precisamente, analizar el comportamiento de los precios del metal rojo en los diversos mercados y las variaciones que puede experimentar en los meses venideros para los efectos de la celebración de los convenios a futuro. Los sueldos de estos ‘expertos’ no son, en modo alguno, exiguos. Y es que la presencia de esas personas evita cometer errores en la fijación de las condiciones en virtud de las cuales se va a realizar la venta a futuro del metal rojo. El procedimiento que se emplea ha ido haciéndose, cada vez, más seguro. Y es por ello que cualquiera distorsión en la entrega de esa información provoca suspicacias. Con mayor razón la celebración de convenios en condiciones desventajosas. Se puede decir que, de llegar a suceder tal circunstancia, son pocos los que se atreverían a suponer que todo lo ocurrido es obra de la casualidad o de la naturaleza, tan seguro e independiente de las fluctuaciones del mercado es el sistema de las ventas a futuro.

 

Por eso, llama profundamente la atención que entre los años 2005 y 2007, la empresa estatal Corporación del Cobre CODELCO realizara ventas a futuro de ese mineral a precios irrisoriamente bajos que, en algunos casos, apenas sobrepasaron un dólar por libra del mineral extraído. La circunstancia tuvo caracteres de escándalo pues se conoció varios años después de acaecida y tuvo amplia cobertura en los medios de prensa extranjeros como sucedió con la publicación delFondo de Cultura Económica de México ‘El Trimestre Económico’ que, bajo el título de “Especuladores en el mercado del cobre, dio a conocer el estudio de Patricio Jaramillo G y Jorge Selaive G, analistas de la Gerencia de Investigación Económica de la División de Estudios del Banco Central[1].

 

No hay explicación para lo sucedido. Y, lo que es más extraño, no ha existido, igualmente, interés por parte de los organismos oficiales de averiguar por qué esa circunstancia ha ocurrido y quienes participaron en la determinación de precios tan nocivos para el interés nacional.

 

Pero resulta más extraño, aún, que esta situación se presente a pocos años de sucedido otro hecho similar en la minera estatal en donde pudo comprobarse la existencia de una voluntad inequívoca orientada a causar daño a la propiedad social. Porque, en 1994, en pleno gobierno del demócratacristiano Patricio Aylwin y siendo presidente ejecutivo de la empresa estatal CODELCO el también demócratacristiano Alejandro Noemí, hasta marzo de 1994, —posteriormente lo hizo otro demócratacristiano llamado Juan Villarzú Rohde—, un oscuro operador de mercados a futuro de esa entidad llamado Juan Pablo Dávila Silva, igualmente demócratacristiano, vendió grandes partidas del metal rojo a un precio inferior al que se suponía iba a tener en los meses siguientes, percibiendo comisiones por esas fraudulentas operaciones y provocando un desfalco de 200 millones de dólares. Sorprendido en esos trámites y condenado, más tarde, por los tribunales, cumplió su condena abrazando en los años posteriores la religión adventista; hoy, conocido como el ‘hermano Juan Pablo’ en la Universidad que esa  secta religiosa posee en Chillan[2], vive retirado de la vida pública y ha concedido pocas entrevistas.

 

Por eso llama profundamente la atención que, entre los años 2005 y 2007, cuando numerosos estudios hechos para las operaciones de venta de cobre a futuro arrojaban cifras bastante promisorias para las ventas a futuro del cobre chileno, los ejecutivos de CODELCO aceptaran firmar contratos de ventas del metal rojo a futuro por valores inferiores a la mitad de las cifras contenidas en esos estudios.

 

¿Cómo pudo eso suceder?

 

 

LOS MONTOS DE LA PÉRDIDA POR LA VENTA DEL METAL ROJO

 

Las pérdidas ocurridas entre los años 2005 y 2007 por las ventas a futuro del metal rojo alcanzaron la exorbitante cifra de 7 mil millones de dólares, incluyendo los 2 mil millones de pérdidas a resultas del contrato suscrito entre CODELCO con MINMETALS, la empresa china con la que formó una sociedad cuyo domicilio se estableció en Las Bermudas. A ello se deben las pérdidas por subfacturación, que comenzaron a aparecer el año 2010 y que continúan hasta la fecha. Estas pérdidas se expresan en dos diferenciados tipos, a saber:

 

1. “El primero tiene que ver con pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron entre los años 2006 y 2012, y cerca de US$ 2 mil millones del contrato con MINMETALS, pérdidas que se siguen produciendo”.

2. “El segundo hecho denunciado, son las pérdidas por cerca de US$ 12.000 millones, entre los años 2010 y 2014, por inexplicable caída de los ingresos por ventas, que no reflejan lo que se debiera obtener en función de la producción y precios del cobre y subproductos”[3].

 

Sin embargo, al respecto, y de acuerdo a lo expresado por la querella presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por un querellante particular según se explicará más adelante,

 

“Desde 2010 a la fecha se han registrado los peores resultados de toda la historia de CODELCO, considerado el nivel de producción y los precios del cobre y subproductos. Los malos resultados no se deben a una deficiente gestión o administración de CODELCO, sino concretamente a un fraude de dimensiones insospechadas”[4].

 

Hasta el 2018 las pérdidas por subfacturación sobrepasan los 20 mil millones de dólares.

 

Una leve comparación con lo sucedido en 1994 en cuanto a los montos de las pérdidas nos hace entender que los últimos hechos constituyen el hecho más grave sucedido en toda la historia de la empresa estatal chilena.

 

En efecto, de acuerdo con los antecedentes que hemos podido recabar, en 1994, las pérdidas ocasionadas por la ‘mala gestión’ de Juan Pablo Dávila alcanzaron la cifra de 200 millones de dólares; las pérdidas habidas durante la gestión de los ejecutivos entre los años 2005 y 2014 se elevan a la escandalosa suma de 18 mil millones de dólares. Es decir: veintisiete veces más que la pérdida anterior.

 

ESTAS SITUACIONES ¿CONSTITUYEN PÉRDIDAS O, SIMPLEMENTE, UN ROBO?

 

Como ya lo hemos señalado anteriormente, el sistema de la venta a futuro ha llegado a ser tan extremadamente seguro que sólo concede a los operadores pequeñísimos márgenes de error. Es más: puede asegurarse que pérdidas de esa naturaleza es imposible que se den sin la existencia de una voluntad orientada a causar daño o a aprovechar esa circunstancia para producir enriquecimientos ilícitos a favor de determinadas personas. En todo caso, se trata de voluntades que actúan consciente y deliberadamente.

 

Esta circunstancia ha sido comprobada de modo tan fehaciente que, en el juicio seguido en contra de Juan Pablo Dávila, pudo dejarse constancia del hecho en forma tal que hoy puede asegurarse tan sólo una circunstancia:

 

“[…] las pérdidas en estos mercados no se producen porque hubo un error en prever el precio a futuro del cobre, sino porque se pierde deliberadamente en favor de determinados operadores que pagan una suculenta comisión, a quienes en CODELCO les permiten ganar en esas operaciones. Las actuales pérdidas de CODELCO en mercados de futuro, tienen el mismo objetivo que las del tiempo de Dávila, pero con el agravante que ahora estas representan 27 veces más que las del tiempo de Dávila”[5].

 

INEXISTENCIA DE QUERELLAS O ACCIONES JUDICIALES INTERPUESTAS POR LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EN CONTRA DE QUIENES PUDIEREN RESULTAR RESPONSABLES DE LA PÉRDIDA

 

Uno de los hechos más sorprendentes en este caso de las pérdidas de CODELCO durante los años precedentemente indicados es la inexistencia de querellas o acciones judiciales interpuestas por los distintos órganos del Estado en contra de quienes pudieren resultar responsables de dichos ‘errores’. No existe voluntad política de investigar los hechos por parte del Consejo de Defensa del Estado; no la existe, igualmente, por la Fiscalía de la propia institución fiscal que sufrió las pérdidas (CODELCO) ni tampoco por la Contraloría General de la República. Y, como lo veremos más adelante, tampoco la existe, al parecer, en los órganos que conforman el Poder Judicial.

 

Lo más extraño es que tampoco parece haber mayor interés en averiguar esos hechos por parte de los organismos políticos y sindicales del país porque no se han pronunciado al respecto los partidos políticos, el Senado o la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, la propia Confederación de Trabajadores del Cobre CTC.

De acuerdo a lo expresado por un reportaje hecho por la Radio de la Universidad de Chile, 

 

“Pese a que el robo es el más grande de todos cuantos hayan afectado al Estado de Chile, el escándalo no acaba de estallar. Apenas se ha mencionado en los medios y ninguna institución ha sancionado responsabilidades ni ha tomado medida alguna para evitar que se siga cometiendo”[6].

 

Así, pues, por ende, se ha abierto la posibilidad que algún chileno, en calidad de querellante particular, haga una presentación que tenga por objeto indagar sobre lo que ha sucedido en esta materia. Fue la decisión que tomó Julián Alcayaga en 2015, en su carácter de querellante particular, con los resultados que se señalan más adelante.

 

UNA QUERELLA PARTICULAR

 

En realidad, el tema de la investigación de las pérdidas por las ventas a futuro del cobre no comenzó, como podría suponerse, con la interposición de una querella particular. Dicha investigación comenzó antes, en la Cámara de Diputados, institución estatal que para el conocimiento de los hechos, designó una Comisión Investigadora ad hoc. La referida Comisión realizó varias sesiones en algunas de las cuales pudo determinar la existencia de aspectos bastante oscuros en relación al caso. De hecho, algunos de esos antecedentes fueron recogidos en el Acta N° 8 de fecha 29 de septiembre de 2014. Sin embargo, como suele suceder en esos casos, no hubo grandes novedades tras el término del trabajo realizado por la misma, probablemente debido al carácter político de quienes tenían el encargo de realizar la venta a futuro del cobre. Las organizaciones políticas realizan, a menudo, la defensa corporativa de sus militantes; especialmente de aquellos que ocupan cargos en la administración del Estado.

 

Fue esa la circunstancia que obligó a la presentación de una querella particular la cual, finalmente, enviada el día 17 de abril de 2015 al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue dirigida encontra de quienes resultaren responsables como autores, cómplices o encubridores, de las pérdidas por más 18 mil millones de dólares habidas entre los años 2005 y 2014, en la Corporación del Cobre CODELCO. Su gestor fue el abogado Julián Alcayaga Olivares quien, en el libelo, y a nombre de la ONG Chile Cobre, separó dichas pérdidas en una doble tipología a la que nos referimos ya en uno de los acápites anteriores. No insistiremos sobre el particular.

 

No ha sido el único en denunciar estos hechos. Según lo consigna Diego Jofré, director del periódico digital ‘El Demócrata’, también lo hizo el concejal penquista y candidato a diputado por el distrito 20, Jorge Condeza, quien solicitó en 2017 a la Contraloría General de la República

 

“[…] investigar tres contratos de venta a futuro firmados entre el 2005 y 2008 por CODELCO, los que obligan a la cuprífera estatal a vender 2 millones de toneladas de cobre (2.049.446 toneladas de cobre) entre 2005 y 2020, con un precio establecido de antemano y no sujeto al precio de mercado”[7].

 

EL MITO DE UNA FISCALÍA NEUTRA

 

Como sucede en estos casos, la querella fue entregada la Fiscalía Regional Centro Norte, institución que la puso en manos de uno de sus ejecutores (fiscales) llamada Giovanna Herrera. Podría suponerse que una acusación de esa naturaleza encontraría entero apoyo en una institución que se estima como uno de los pilares de la administración de justicia: el Ministerio Público. Sin embargo, no sucedió de esa manera. Y ello, porque también la administración de la justicia no está exenta de vicios. Es, en primer lugar, burocrática por naturaleza aunque se esfuerce por no serlo. Y, en segundo lugar, atrozmente dependiente de los vaivenes políticos de la nación. Así sucede en la generalidad de las naciones del orbe, no tendría por qué ser diferente en Chile. Por lo mismo, no debe sorprender que, presentada la querella a que nos hemos referido anteriormente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y evacuada la resolución respectiva por el mismo, de acuerdo a la cual se ordenaba poner los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía, comenzasen a transcurrir los días, las semanas y los meses.

 

Durante el medio año que el caso estuvo en manos de la fiscal Giovanna Herrera no se realizó trámite alguno en orden a agilizar las gestiones. Daba la impresión que la Fiscalía tenía escaso o nulo interés en que la querella prosperase. Simplemente parecía que la querella en comento jamás sería considerada. Para ponerla, nuevamente, en movimiento, hubo necesidad de formular reclamos ante las instancias superiores por tal inacción.

 

Lo primero fue recurrir al Fiscal Nacional, en ese entonces Sabas Chahuán, quien derivó el reclamo en el  Fiscal Regional Andrés Montes[8], para que éste entregase el caso a la Fiscal Macarena Cañas, personaje que, al comienzo, mostró gran preocupación por los hechos denunciados exigiendo de CODELCO, de la Corporación Chilena del Cobre COCHILCO y de la Dirección General de Aduanas una serie de diligencias. Sin embargo súbitamente, aquellas se interrumpieron, como si ‘alguien’ —o algunos— hubiere dado instrucciones a la misma de no seguir adelante con esos trámites.

 

Esta suposición no es en modo gratuita; tampoco es un simple prejuicio. Al igual que las otras dependencias estatales, la Fiscalía no es un organismo neutro como muchos quisiésemos que lo fuese; aunque aparente serlo. Y eso tampoco debe sorprender. La generalidad de los órganos del Estado representa intereses de clase; también lo hace cada uno de ellos. Porque se trata de ‘instituciones’ estatales, campo propicio para el enfrentamiento de los intereses diversos que defienden los agentes políticos instalados en esas estructuras. Y eso tampoco es una casualidad pues, como sabiamente lo señala Poulantzas, es en tales organismos donde se libra la lucha de clases, no entre trabajadores y patrones como podría suponerse sino entre las diferentes fracciones de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo[9]. Tal vez el caso más claro de esta manifiesta intromisión en defensa de sus respectivos intereses lo representa el nombramiento mismo del actual Fiscal, Sr. Jorge Abott, ex militante del MAPU, simpatizante socialista, propuesto al Senado por la alianza denominada Concertación de Partidos por la Democracia y aceptado con agrado por la coalición opositora de ese entonces. Para no pocas personas esta designación no tuvo otra finalidad que paralizar todos los juicios seguidos en contra de quienes financiaron ilegalmente las campañas políticas o sobornaron a ciertos y determinados representantes del poder político nacional; por lo demás, coincidió con la ratificación en su cargo del jefe del Departamento Jurídico de Impuestos Internos, contrario a involucrar a ese organismo en las denuncias habidas hasta entonces. La designación de determinados agentes encargados de la administración de justicia no es casual: se trata de personas precisas que han de estar allí, en el lugar y momento precisos para resolver favorablemente sobre un hecho también preciso[10]. Los sucesos que han rodeado la designación del ex fiscal Raúl Guzmán al cargo de Secretario Ejecutivo del Senado constituyen una clara demostración de los fuertes vínculos de intereses que existen dentro de las instituciones estatales[11]. Y para qué hablar del llamado ‘Desastre de Rancagua’ que ha visto a ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad involucrados en la comisión de varios delitos así como enfrentados a los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias en el curso del presente mes de abril.

 

LAS GESTIONES DE LA FISCAL MACARENA CAÑAS

 

El 04 de febrero de 2016, y luego de formulado el reclamo al fiscal Sabas Chachuán, el abogado Julián Alcayaga presentó en la Fiscalía, espacio dentro del cual se había radicado la causa, un escrito en el cual solicitaba a la fiscal a cargo del caso, Sra. Macarena Cañas, se oficiara a la Corporación Chilena del Cobre COCHILCO para que

 

“[…] envíe todas las proyecciones de precio a futuro del cobre, realizadas por la institución entre junio de 2005 y junio de 2006.Que remita además, copias de las proyecciones de precio a futuro del cobre realizadas por consultoras y empresas extranjeras y nacionales, y que COCHILCO usó o reportó en sus informes”[12].

 

Solamente dos  meses después de presentado el referido escrito, en abril de 2016, y dando respuesta a la petición formulada por querellante particular a la Fiscalía, la Fiscal Macarena Cañas remitió a la Corporación Chilena del Cobre COCHILCO una instrucción en la que se le pedía cumplir con dicho requerimiento.

 

La referida Corporación no se mantuvo indiferente ante la petición y se apresuró a enviar a la Fiscalía un compendio de informes del Banco Central aparentemente referidos al tema que totalizaban, aproximadamente, mil páginas. Sin embargo, todos esos documentos no eran más que un análisis bastante general de la economía nacional a los que se les agregaba algunos antecedentes del comportamiento de algunos factores de la economía mundial para explicar determinados fenómenos que afectaban a la coyuntura. Ninguno de ellos se refería en detalle a las preguntas formuladas en la querella.

 

Por eso, el querellante particular, mediante el escrito de fecha 21 de junio de 2016, quiso dejar establecido algo que empezaba ya a parecerle obvio:

 

“Queda la impresión que existe el ánimo o el objetivo de parte del Sr. Hernández de obstruir y no colaborar con la investigación, con el evidente propósito de atosigar a la fiscalía información que no tiene ninguna relación con la investigación, lo que por una parte obstruye la investigación y por otro lado la desvía hacia fines completamente ajenos a la investigación”[13].

 

Porque estaba claro que la Corporación no quería dar respuesta a la petición formulada sino desviar la atención hacia otros tópicos de escasa relevancia.

 

Durante los meses posteriores, nada importante sucedió. El querellante particular, confiando en que sus reclamaciones seguirían su curso normal, no quiso apurar los trámites judiciales. Y así, como en el poema de José Zorrilla,

 

“Pasó un día y otro día,

un mes y otro mes pasó,

y un año pasado había…”

 

Porque solamente el  28 de septiembre de 2017 (¡un año y tres meses después de la última presentación!), cansado de tanta espera, volvió el querellante particular a hacer una presentación ante la fiscal Cañas del siguiente tenor:

 

“Sabemos con certeza que COCHILCO posee dicha información porque tanto en la querella como en el escrito del 21.06.16, acompañamos el “Informe Trimestral del Mercado del Cobre”, de COCHILCO, de abril 2006, en el que se da a conocer proyecciones de los años 2005 y 2006, de diversas consultoras nacionales y extranjeras, que aparecen en el siguiente cuadro de dicho informe”:

 

 

Eran aquellas cifras conocidas, tal cual lo consigna el reportaje de la Radio Universidad de Chile, citado anteriormente, donde se indica que COCHILCO

 

“–el 24 de abril de 2006– elevó su estimación del precio promedio del cobre para ese año a 2.60 dólares por libra ‘debido a sucesivos máximos históricos en el valor del metal ante una creciente demanda mundial’, tal como informó el diario El Mercurio.

La consultora especializada Macquarie Research pronosticaba para 2006 un precio promedio de 2.54 dólares por libra de cobre; y para 2007, de 2.36 dólares. Mientras, Santander Investment auguraba un valor para dichos años de 2.45 y 2.34, respectivamente.

Consideradas estas condiciones objetivas, haber transado el cobre en mercados a futuro a 1.36 dólares, más que un despropósito aparece como un robo colosal”[14].

 

No cabe duda que tales circunstancias, permitieron que la Fiscal comenzara, nuevamente, a actuar decretando ciertas diligencias que son del caso analizar.

 

En primer lugar, citó a declarar a Roberto Souper Rodríguez —familiar de Roberto Souper Onfray (autor del Tanquetazo)—, que se desempeñara en el cargo de Vicepresidente de Comercialización de CODELCO entre los años 2000 y 2010, en calidad de testigo. La audiencia se realizó en dos fases los días 28 y 30 de noviembre de 2017. De estas diligencias no se dió noticia alguna al querellante por lo que éste debió acercarse al fiscal Montes para averiguar sobre el particular, gestión que realizó en diciembre de 2017.

 

En segundo lugar, también citó a declarar en idéntica calidad el día 11 de diciembre del mismo año, a Juan Rodolfo Villarzú Rohde, hombre de reconocida militancia demócrata cristiana, y coautor, además, con Álvaro Bardón (también DC), del modelo de Economía Social de Mercado que actualmente nos rige, quien se desempeñara como Presidente Ejecutivo de CODELCO entre los años 2000 y 2006.

 

Sin embargo,

“Tanto Villarzú como Souper sostuvieron ante la fiscal Macarena Cañas, que se vendió a futuro a menos de la mitad del precio real alcanzado por el cobre, porque las consultoras internacionales CRU y Brook Hunt, que habrían proyectado, en los años 2005 y 2006, precios a futuro del cobre, inferiores al dólar la libra”.[15]

 

 Tales afirmaciones quedaron incorporadas al proceso. Y no han sido objetadas, toda vez que existe en la carpeta investigativa un ‘Informe Trimestral del Mercado del Cobre’ de abril de 2006, en el que se puede descubrir que ya en marzo de 2006 ´proyectaba la empresa Brook Hunt el precio del cobre para ese año

 

“[…] de 2 dólares la libra, el doble de lo que sostuvieron ante la fiscal Sra. Macarena Cañas, los Srs. Villarzú  y Souper, lo que deja en evidencia el falso testimonio ante la fiscal Sra. Macarena Cañas[16].   

 

EL CASO DEL CD

 

En el curso del año 2017, envió CODELCO un CD a la Fiscalía en el cual, presumiblemente, se entregaban los antecedentes solicitados por el querellante particular. Este CD quedó incorporado al proceso. CODELCO no lo envió graciosamente a la Fiscalía; tampoco ésta había graciosamente reiterado a la Corporación la exigencia de enviar dicha información sino lo hizo obligada por la presión que sobre ella ejercían las distintas presentaciones que, sobre el particular, incorporaba al proceso el querellante.

 

Puesto que el CD, presumiblemente contenía información importante referida al proceso, el querellante pidió se le entregara copia del mismo para revisarlo y hacer las objeciones de rigor. De acuerdo a lo expresado por el querellante en la respectiva solicitud dirigida al Ministerio Público, dicho CD debería contener:

 

“1. Antecedentes sobre el volumen y precio del producto (cobre, molibdeno, oro, plata u otro) objeto de dichos contratos.

2. Individualización del comprador, precisando si se trata de personas relacionadas con CODELCO o con algún competidor u otro cliente, indicando su domicilio.

3. Indicar la forma de definir el precio de tales contratos, especificando si se utilizó el precio de referencia de la Bolsa de Metales de Londres o no.

4. Forma de arribar al acuerdo en tales contratos, indicando si lo hacían en Bolsa o en el mercado Over the Cover.

5. Individualizar a los funcionarios de la firma que participaron en la elaboración de la propuesta de celebración de dichos contratos sometida a aprobación de directorio.

6. Funcionarios que intervinieron o participaron en la celebración de operaciones de mercados de futuro desde 2004 en adelante y quién los facultó para ello.

7. Indicar la racionalidad económica de la necesidad de cobertura de precios por el período de 2005 a la fecha.

8. Individualizar a los intermediarios en las operaciones de mercados de futuros, señalando las comisiones recibidas, monto y fecha de pago, indicando además si son o han sido clientes o funcionarios de CODELCO o relacionados con esa empresa”[17].

 

La Fiscalía, como era de esperarse, no dio lugar a la petición de entregar una copia del CD sino autorizó al querellante a examinar el instrumento aquel dentro de la propia Fiscalía, limitando todas las posibilidades de seguir adelante con la causa, basándose en la circunstancia que dicho CD era evidencia y, por tanto, parte integrante del proceso.

 

“[…] la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ha dado respuesta fundada a sus presentaciones, rechazando su solicitud de obtener copia del CD explicándole que se trata de evidencia, no obstante lo cual se le ha señalado en las dos ocasiones anteriores que usted se encuentra autorizado para revisar los antecedentes en la sala de evidencias de la Fiscalía, por lo cual tiene acceso a la información que le interesa conocer de la causa RUC 151013060-K”[18].

 

Sin embargo, el verdadero problema de los CD radica en un hecho bastante simple: ninguno de ellos entrega la información requerida. No es posible conocer quiénes hicieron los cálculos que permitieron la venta a futuro bajo condiciones tan desventajosas para Chile, quiénes aprobaron esa barbaridad y cuáles fueron las empresas u ejecutivos que acordaron esos convenios. Por consiguiente, es imposible determinar eventuales responsables. A pesar de ello, la Fiscalía los ha declarado ‘evidencia’ en el proceso. Y, al negarse su entrega al querellante particular, no existe posibilidad alguna de mostrarlos a la prensa u otro medio de difusión para comprobar de esa manera los manifiestos intentos de mantener oculta la información. Es lo que señala la presentación del querellante a la Fiscalía en una de sus partes:

 

“Si como ya lo hemos fundamentado, no tiene ningún sustento legal y reglamentario declarar como evidencia el CD de CODELCO, con mayor razón no tiene ningún tipo de fundamento declarar como evidencia los CD y pendrive enviados por las empresas BHP Billiton y Antofagasta Minerals, porque dicha información se refiere únicamente a la participación de estas empresas en mercados de futuro del cobre, hecho que para nada se refieren a las ventas de CODELCO en estos mercados. Por tanto, el CD y el pendrive de BHP Billiton y Antofagasta  Minerals, no tienen ninguna participación en el hecho punible investigado en esta querella, y por lo tanto, la información enviada en un CD y pendrive por estas empresas no puede ser calificada de evidencia en una investigación sobre la empresa estatal CODELCO”[19].

 

Es evidente, e imposible de negar, que la información solicitada por el querellante particular está orientada hacia un fin determinado cual es determinar si hubo o no desfalco a los intereses de CODELCO y, por ende, del Estado chileno. Pero aún si aceptamos que la información requerida es tendenciosa, ¿cómo, entonces, averiguar si ha existido solamente descuido y no voluntad manifiesta de ocasionar daño al patrimonio fiscal? ¿A través de dejar las cosas como están? ¿A través de colocar mordaza a las investigaciones o entorpecerlas? ¿Se recupera de esa manera la perdida confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones y en el manejo de la política? ¿Y si realmente hubo desfalco y voluntad evidente de ocasionar daño a la propiedad fiscal? ¿Cómo averiguar si todo ello ha sido perpetrado no por una persona sino por varias que se protegen entre sí y son protegidas por otras en defensa de determinados intereses y que, tras todo aquello hay una defensa corporativa de los responsables y de quienes se lucraron con lo sucedido?

Existen varias circunstancias que son de conocimiento público y, no obstante, la Fiscalía no investiga. Tal es el caso de Juan Villarzú, como lo señala ‘La Tercera’, en 2014:

 

“Estas transacciones fueron realizadas principalmente con brokers. Sin embargo, el más conocido es el acuerdo con la china Minmetals en 2006, a fines del gobierno de Ricardo Lagos, cuando Juan Villarzú era el presidente ejecutivo de Codelco. El principal fundamento para impulsar esta operación de ventas físicas a futuro era que le permitiría asegurar el financiamiento para el proyecto Gabriela Mistral (Gaby) sin abultar su deuda financiera”[20].

 

Sabemos que desde abril del año 2006 hasta abril del año 2010 la empresa estatal CODELCO fue dirigida por el señor José Pablo Arellano Marín, reconocido militante demócratacristiano, en el carácter de presidente ejecutivo.

 

Bajo dicha administración

 

“[…] se realizó la operación más escandalosa y que produjo el 60% de las pérdidas en mercados de futuro, con US$ 2.983, 9 millones en una operación de venta a futuro de 700 mil toneladas de cobre de Gaby, en julio de 2007, a US$ 1,38 la libra para el período 2008 a 2012, cuando por dicho período el precio del cobre fue de US$3,31 en promedio, alcanzando incluso US$ 4 dólares el año 2011 y US$ 3.66 el año 2012”[21].

 

¿Conocía el señor Arellano el nombre de las empresas que aprovecharon la venta a bajo precio? ¿Cuáles eran? ¿Era verdad la existencia de una sociedad formada por CODELCO y Minmetals en un paraíso fiscal? ¿Sabía todo ello el señor Arellano? Y si no lo sabía, ¿qué diablos hacía sentado en el sillón de la Presidencia? Porque sabemos que la operación se hizo, de todas maneras. Y que, años más tarde, citado en dos oportunidades a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en 2014, se negó a asistir. ¿Por qué nadie le censuró por esa desobediencia? La operación fue autorizada por el Acuerdo del Directorio de CODELCO N° 17, de fecha 19 de abril de 2007. En ese año, oficiaba de ministra de Minería y Energía la Sra. Karen Paulina Poniachik Pollak que presidía aquel cuerpo colectivo según comunicado de prensa de fecha 07 de marzo de 2006[22]. El directorio de la empresa estatal estaba integrado, además, por el entonces ministro de Hacienda Andrés Velasco Brañes, y los sres. Jorge Arturo Bande Bruck (personaje estrechamente ligado al Grupo Luksic), Vicente Nicolás Mailuf Sapag (sujeto directamente ligado al Grupo Solari), Raimundo Espinoza Concha (presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y hombre de la confianza de Nelson Pizarro y, consecuentemente, de la Concertación de Partidos Por la Democracia), Jorge Fernando Candia Díaz (ex presidente de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre ANSCO, también ligado a la Concertación de Partidos Por la Democracia) y el general Eduardo Gregorio Gordon Valcárcel, inspector general de Carabineros, procesado por malversación de caudales públicos y que renunciara a Carabineros tras la polémica originada por el parte policial que daba cuenta de la participación de su hijo en un choque de proporciones[23].Los ejecutivos a cargo de las operaciones eran Francisco Tomic Errázuriz, de filiación demócratacristiana, vicepresidente ejecutivo de CODELCO y Roberto Souper Rodríguez, vicepresidente de comercialización de la misma corporación estatal[24].

 

No parecen ser los únicos responsables. Andrés Tagle Domínguez, que se desempeñaba en el cargo de director de la empresa estatal desde el 11 de  mayo de 2010 al 10 de mayo de 2014 señala, sobre el particular 

 

“[…] que durante el gobierno de Ricardo Lagos, con los ministros de Minería Alfonso Dulanto, y de Hacienda Nicolás Eyzaguirre en el directorio y Juan Villarzú como presidente ejecutivo de Codelco, se aprobaron operaciones de derivados financieros, específicamente contratos de futuros, comprometiendo la venta de cobre a un precio fijo para los siguientes años”[25].

 

Y agrega, a continuación:

 

"Esto se ha silenciado, salvo en el año 2010, cuando yo hice unas declaraciones al respecto. Y más se ha silenciado que el señor Villarzú y el señor Eyzaguirre, como ministro de Hacienda de entonces, son los responsables. Ese es el mayor escándalo financiero que ha ocurrido en una empresa, pública o privada, en Chile"[26].

 

En el caso del dirigente Raimundo Espinoza, dirigente sindical desde 1993 de la División de Cobre Salvador, era conocida su defensa a favor de mantener los privilegios del cobre a los militares (10% de las ventas) y se le motejaba de ‘amarillo’ pues mantenía estrechas relaciones con Oscar Landerretche y Nelson Pizarro[27].

Estas personas, al aprobar dicho Acuerdo debían conocer  el nombre de esas empresas y de quienes las representaban. Llama la atención que la Fiscal Cañas no haya querido citarlas a comparecer en el proceso, a pesar que fue solicitado en la querella.

Así, pues, llegamos a un punto en el que resulta casi imposible proseguir con las investigaciones; mucho menos, determinar la existencia de personas responsables de los hechos, y perseguir —algo poco menos que irrealizable— la aplicación de penas en contra de los mismos.

 

No existe antecedente alguno que explique el desinterés de la Fiscalía Nacional en aclarar la trama del cobre. Lo que sí está claro es que no se trata de un simple olvido o desidia. Por el contrario: se advierte una voluntad clara de no perseverar en la investigación de los hechos.

 

Atendido el hecho cierto de la pérdida creciente de la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones y en el manejo de la política, no puede sino constituir un simple sarcasmo o humor negro la afirmación que Chile no es un país corrupto. Es por esa razón que la labor de la Fiscalía Nacional no puede ser concebida sino en el carácter de esclarecedora y portadora de la verdad; en suma, la de una institución que se apresure a clarificar todo aquello que pueda resultar nocivo para la credibilidad del conjunto social en el Estado y sus instituciones. Porque cuando ello no ocurre, las suspicacias aumentan y las instituciones se debilitan. Entonces, aparece como ridículo y, a la vez, incomprensible que la Fiscalía Nacional se niegue a investigar un presunto desfalco al patrimonio del país por —¡18 mil millones de dólares!— realizado al interior de la más grande empresa estatal por personas cuya identidad por ahorase desconoce.

 

Podemos pensar, sin temor a engañarnos, que, tratándose de un organismo que en modo alguno ha considerarse neutro, hay intereses políticos que se protegen tras cada una de sus decisiones. Si ello es así, necesario es desentrañarlos. Y si se trata de una labor que en modo alguno puede realizar la propia Fiscalía, directamente involucrada en los hechos, como ya lo hemos indicado precedentemente, tiene ésta en sus manos el recurso de inhibirse, de recusarse y dejar en manos de otra institución la labor que le competía y salvaguardar de esa manera la transparencia que debe caracterizar a las organizaciones estatales.

 

A MANERA DE CONCLUSION

No deja de ser curiosa (por decir lo menos), la circunstancia que el querellante particular, en marzo de 2019, refiriéndose a las empresas que se beneficiaron con las sumas que CODELCO perdió al realizarse las operaciones consignadas en este documento, señalase al 7° Juzgado de Garantía, comentando el interrogatorio a Roberto Souper:

 

“[…] son once las empresas contrapartes de CODELCO en las ventas a futuro que originaron US$ 4.500 millones de pérdidas, y que él conoce bien esas empresas, porque el directorio le encargó hacer esta fijación. Sin embargo, al ser interrogado por la fiscal Sra. Cañas, sobre el nombre de estas empresas, respondió que eso no es importante, cuando justamente esa es la información fundamental para la investigación de este fraude al Fisco. La Sra. Fiscal debió insistir en que entregara los nombres de dichas empresas, pero no lo hizo, lo que es una clara muestra que no se quiere avanzar en esta investigación”[28].

 

Y, para terminar, quisiéramos decir aquí que no deja de ser notable, además, la circunstancia aquella en virtud de la cual aparecieron, hace apenas unas tres semanas, en la columna sobre los resultados de CODELCO de 2018, algunos antecedentes referidos a las ventas o ingresos de la misma empresa estatal —no a sus costos cuyo curso va por un canal paralelo—, que nos permiten concluir lo siguiente:

El año 2018 CODELCO produjo 1.678.000 T. de cobre; sus ventas alcanzaron solamente a U$ 14.253 millones, con un precio del cobre de 2,96 dólares. Comparadas esas cifras con las que arrojó el año 2006, en cuanto a precio y producción, resultan muy similares. El año 2006 la producción de cobre fue de 1.676.000 toneladas y el precio fue de 3,05 dólares. El pequeño aumento de nueve centavos en el precio del cobre el año 2006, en relación al 2018, tiende a compensarse con una producción superior de 2 mil toneladas, el año 2018. Sin embargo, las ventas de CODELCOel año 2006 fueron de US$ 17.077 millones, y solamente U$ 14.253 el 2018. ¿Cómo se explica que casi con una idéntica producción y precio del cobre, los ingresos por ventas el 2018 hayan sido U$ 2.824 millones menos que el año 2006?

Si lo averigua, saca premio.

 

Santiago, abril de 2019