La industria de la construcción está muy molesta porque los tribunales superiores de justicia y la Contraloría General de la República, cada uno de ellos por su cuenta, han estado exigiendo el cumplimento de la ley a todos aquellos proyectos inmobiliarios que, abusando de la negligencia inexcusable existente en varias de las Direcciones de Obras Municipales, han obtenido permisos de edificación contrarios a derecho.
Tanto la instancia administrativa como la judicial han sustentado la sana y juiciosa doctrina, propia de los países desarrollados, en cuanto a que un acto administrativo ilegal bajo ninguna circunstancia puede generar derechos adquiridos a su poseedor.
Hasta hace poco tiempo, cuando la ciudadanía estaba dormida, se sostenía infundadamente de que cada titular de proyecto en sus relaciones con las autoridades municipales siempre actuaba de buena fe, ese era el dogma, y por ello existen miles de ese tipo de proyectos de inversión que han violado no solo, entre otras, las disposiciones de vivienda y urbanismo, sino también las medioambientales, las de transporte y las patrimoniales.
Ello ha sido así porque hasta en el pasado reciente existía una indecorosa connivencia pública-privada en aras de facilitar la aprobación de todo proyecto que significara crecimiento económico con el justificativo de que la inversión, venga de donde venga, absorbe mano de obra y por lo tanto se reduce la cesantía.
La Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y sus adláteres de menor jerarquía, intentaron quitarle atribuciones a la Contraloría, señalando que todas las controversias por permisos de edificación fueran resueltas solo por los secretarios regionales ministeriales (seremis) de vivienda y urbanismo y, en casos muy específicos, por la Justicia.
Como ello no era posible pues las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Contraloría son de rango constitucional, aparecieron 10 diputados liderados por uno de ellos, Juan Manuel Fuenzalida, quien en el Congreso se sienta con la bancada de la UDI, quienes dieron a conocer un curioso proyecto de ley sobre este asunto. Revisamos internet para saber quién es ese personaje y nos encontramos que en el anterior gobierno de Piñera fue seremi de transportes y telecomunicaciones e intendente de la 4ª Región de Coquimbo.
El insensato proyecto, muy mal redactado por lo demás, el que se aprecia en link
pretende modificar la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcciones para darles forzadamente certeza jurídica a los planes reguladores comunales y a los permisos de edificación.
En su texto se lee: “Durante los últimos años hemos visto fallos de diferentes autoridades (Corte Suprema, Direcciones de Obras Municipales, Seremi de Vivienda y Urbanismo, entre otros) que han ido en merma de la legislación actual” (sic), demostrándose con esa insulsa acusación que sus promotores no entienden nada de nada, pues los permisos que han sido objetados en distintas instancias superiores no ha sido para producir una merma de la legislación, sino todo lo contrario. Ello fue necesario para honrar la legislación aplicable.
También critican la demora en la toma de razón de los planes reguladores comunales que se produce en la Contraloría, sin percatarse los diputados que la gran mayoría de esos instrumentos normativos no la requieren donde hay actividad de la construcción que coincide con la existencia de Planes Reguladores Intercomunales. Los planes reguladores comunales se aprueban por decreto Alcaldicio, con informe favorable del seremi de vivienda, están exentos de la Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, debido a que el artículo 53 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades exime de dicho trámite a los actos municipales.
Los Planes Reguladores Comunales que pasan por el trámite de Toma de Razón por Contraloría, ante la no existencia de Planes Reguladores Intercomunales, se aprueban por Resolución del Intendente, en virtud del artículo 36 de la Ley 19.575, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. Igualmente dichos instrumentos de planificación territorial están sujetos a un marco jurídico, conformado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, lo que ante cualquier modificación de estos dos últimos, va generando desajustes en los Planes Reguladores Comunales que, con justa razón, terminan declarándose contrarios a derecho por parte de la Contraloría General de la República.
Para lograr certeza jurídica de los permisos de edificación, se requiere primeramente que sus titulares se adscriban al marco regulatorio sectorial y, con el cambio legal respectivo, se sometan la totalidad de los Planes Reguladores Comunales al trámite de Toma de Razón por Contraloría, de manera que el examen de legalidad sea siempre preventivo.
Otra sandez que proponen estos desubicados “legisladores” se refiere a que los directores de obras municipales otorguen a todo evento los permisos de edificación en trámite y para ello recurren a la figura del silencio positivo en los casos en que no se puedan cursar esos permisos por contener irregularidades en sus tramitaciones. Para asegurar los negocios de sus mandantes inmobiliarios, en un artículo 4º transitorio reducen el plazo de los 2 años a escasos 6 meses para que tales permisos mal otorgados se puedan invalidar conforme a lo fijado en el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo.
Ya para la risa, agregan en ese proyecto de ley el artículo 12º transitorio que dice "Cuando hubiere contradicciones entre lo observado por la Contraloría General de la República a los planos reguladores comunales, intercomunales o metropolitanos, durante la toma de razón, y lo aprobado se mediará lo contradictorio por una comisión conformada ………………..". Con ello intentan que los dictámenes de la Contraloría no tengan fuerza obligatoria y demostrativo de sus ineptitudes dichos diputados escriben "planos" en lugar de "planes" que es el vocablo correcto.
Por falta de espacio no narramos otras tonterías incluidas en ese proyecto de ley, pero leyéndolo los interesados podrán apreciar que lo que buscan dichos 10 diputados es darle una aureola ficticia de legalidad a ciertos actos administrativos truchos.
Finalmente estamos ciertos que este necio proyecto de ley no podrá prosperar por razones más que obvias, pero hemos decidido darlo a conocer para que la opinión pública informada esté al tanto de las procaces motivaciones que tienen estos 10 personajes que van a Valparaíso un par de días a la semana y que, por ese agobiante trabajo intelectual, reciben altísimos sueldos solventados por quienes pagamos impuestos.