El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país el por qué -además de desarrollar políticas destinadas a destruir o impedir la existencia de medios de comunicación de centro-izquierda (Ver La Concertación debe explicaciones (XXI-XXXI))- efectuó sistemáticas políticas de autocensura respecto de los medios de comunicación gubernamentales.
Así, particularmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, ellas llegaron a tal grado que se tradujeron en renuncias o exoneraciones de directores y periodistas en La Nación y en el diario electrónico conexo, Primera Línea. En efecto, las presiones gubernativas condujeron en 2003 a la renuncia colectiva del equipo periodístico que editaba La Nación Domingo, que incluía a Alejandra Matus, Julio César Rodríguez y Víctor Gutiérrez, entre otros. El detonante fue la censura del presidente del directorio al reportaje La caja negra de INDAP. En dicho artículo se “informaba sobre cómo durante la década de los 90 unos 600 millones de dólares destinados al fomento de la pequeña y mediana agricultura se quedaron entrampados en asesorías, consultoras, proveedores y centros de estudios contratados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)”. (Claudia Lagos y Rafael Otano.- Los medios en los años de la videopolítica; en Hugo Fazio y otros.- Gobierno de Lagos: balance crítico; Edit. Lom, Santiago, 2005; p. 166)
Posteriormente, en agosto de 2004, el propio director de La Nación, Alberto Luengo, fue despedido de su cargo, a raíz de la cobertura dada por el matutino respecto del caso Spiniak. En la carta de despido suscrita por el presidente del directorio del diario, Francisco Aleuy, se fundamentaba aquello por “el hecho de tratar, editorialmente, temas que actualmente se encuentran en conocimiento de investigación por parte de tribunales de justicia”; y que el público tendería a confundir la opinión del diario con la del Ejecutivo, cuando este había señalado públicamente que no opinaría sobre procesos judiciales en marcha y que dejaría que “las instituciones funcionaran”. (Lagos y Otano; pp. 164-5)
El despido anterior suscitó una declaración del sindicato de periodistas del matutino gubernamental que señalaba que se habían sentido “casi tan censurados como en los peores tiempos. Jamás lo habríamos esperado de un gobierno de la Concertación y menos de aquel encabezado por el Presidente Ricardo Lagos, quien luchó por la libertad contra la dictadura de Pinochet, que censuró, encarceló y asesinó a periodistas”. (Lagos y Otano; p. 165) Y dicho despido generó una carta pública de 32 diputados de la Concertación que expresaba: “En un sistema de medios de comunicación escritos bastante uniforme y carente del pluralismo más elemental, La Nación ha cumplido un papel fundamental en el último tiempo, sirviendo como contrapeso a la mirada que reflejan los demás diarios de circulación nacional. Muchas veces, el punto de vista de La Nación no coincide con el gubernamental, enhorabuena, porque eso demuestra que es posible tener un diario de propiedad estatal que no sea un simple vocero del gobierno, sino que funcione con criterios periodísticos. Por eso, el argumento para este despido es inaceptable. A los directivos de La Nación no se les puede pedir que sigan los lineamientos del gobierno en temas tan delicados como el caso Spiniak, porque si así fuera, debieran limitarse a callar y esperar los fallos judiciales”. (Lagos y Otano; p. 166)
Luego, en diciembre de 2004, el gobierno despidió de sus funciones de director de La Nación a Juan Walker, sucesor de Luengo. El motivo fue el enojo que le suscitó un reportaje efectuado con ocasión de la publicación del Informe Valech, en que se acusaba acremente a varias personalidades de la dictadura de haber cohonestado de alguna forma las políticas de tortura de dicho régimen. (Ver Lagos y Otano; pp. 167-8)
Por otro lado, el mismo gobierno de Lagos despidió en 2000, sin expresión de causa, al director del diario electrónico Primera Línea (propiedad de La Nación), Juan Pablo Cárdenas. De acuerdo a su testimonio, “desde el primer día en que se supo que los miembros del directorio del diario me designaron, empezó sobre ellos una presión enorme para que me echaran del cargo”; y que “a los dos meses, cuando el diario estaba desarrollado con una gran cantidad de visitantes y absolutamente consolidado, se me insistió en que renunciara, a lo que me negué. Entonces fui expulsado por el directorio, producto exclusivamente de instrucciones superiores, ya que tanto el directorio como la gerencia quisieron mantenerme en el cargo, dilatando lo más posible mi permanencia porque veían mi expulsión como un acto de gran injusticia y hasta de torpeza, dada la inversión que habían hecho. Antes de concretarse la expulsión, el directorio incluso me instó a que yo mismo hiciera gestiones para lograr revertir la situación. Hablé para esto con el ministro secretario general de gobierno, Claudio Huepe, quien me señaló que actuaba bajo instrucciones superiores. Le envié, entonces, una carta al presidente Lagos, señalándole que estaba en sus manos evitar que se produjera esta expulsión injusta que, independientemente que fuera yo el afectado, significaba un grave atentado a la libertad de expresión. El presidente no hizo absolutamente nada”. (Boletín Libertad de Expresión; N° 9, Marzo de 2008; Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile)
La represión gubernativa de los medios oficiales puede haberse visto agravada bajo el gobierno de Lagos debido a que sus periodistas y directores se mostraron más audaces, dado las mayores expectativas generadas por un gobierno supuestamente más progresista que los anteriores y a la ostensible disminución del “poder militar” producto de la detención de Pinochet en Europa. El caso es que dicha represión agudizó la falta concreta de libertad de expresión en Chile luego que las políticas “autodestructivas” habían logrado eliminar todos los medios escritos afines a la Concertación durante la década de los 90. Además que la continuación de la discriminación del avisaje estatal condujo en esa época a la desaparición de otros medios escritos de carácter progresista como Rocinante y Plan B…
