El juez Sergio Moro, quien encarceló al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un caso de corrupción sin haber presentado pruebas, aceptó este jueves la propuesta del presidente electo, Jair Bolsonaro, para ser el próximo ministro de Justicia y Seguridad Pública.
El Ministerio de Justicia será fusionado con el de Seguridad Pública para tratar coordinar esfuerzos contra el crimen organizado y la corrupción. Moro se reunió durante casi dos horas con Bolsonaro en su residencia de Barra de Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro.
Este cargo significa consolidar los avances contra el crimen y la corrupción de los años recientes y alejar riesgos de retrocesos por un bien mayor
, indicó el magistrado tras la reunión. El neofascista Bolsonaro explicó en Twitter: Su agenda anticorrupción y contra el crimen organizado, así como su respeto a la Constitución y las leyes serán nuestro norte
.
Juez que encarceló a Lula
Moro supervisa desde 2014 la denominada operación Lavado Rápido, que condenó a Lula a más de 12 años de prisión por delitos de corrupción que no fueron probados. Esto impidió que el ex líder sindical compitiera contra el ultraconservador por la presidencia, pese a que repuntaba como favorito para ganar.
La investigación puso al descubierto una vasta trama de sobornos pagados por constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos en la estatal Petroleo Brasileño.
Bolsonaro comentó que no fusionará los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente como había prometido anteriormente. Los ruralistas sugirieron que no era lo mejor para evitar presiones internacionales, entre otras cosas, y yo dije que estoy listo para dar marcha atrás
, comentó.
En otro orden, Bolsonaro indicó que no ve problemas en la posibilidad de trasladar la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una de sus promesas de campaña.
No veo ningún problema
, para hacerlo, dijo en una rueda de prensa en Río de Janeiro.
En tanto, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra pidió solidaridad ante la amenaza del inminente desalojo de 450 familias, de terrenos que ocupan desde hace 20 años en Minas Gerais.