En Perú, la casi totalidad de las instituciones están podridas: los últimos Presidentes de la República, incluido PPK, han recibido dineros de las empresas brasileras, entre ellas, Odebrecht; por su parte, el Poder Judicial está moralmente destruido, pues las grabaciones entre los Jueces Supremos y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han dado muestras fehacientes de la destrucción del sistema político peruano, y el Congreso unicameral es repudiado por la ciudadanía, tal vez en mayor grado que en los demás países de América Latina.
En los diarios chilenos sobre la Guerra del Salitre allá por los años 1879, se retrataba el país del virreinato como una mujer depravada, debido a los lujos y las malas costumbres, mientras que a Chile, como país viril, civilizado y liberal.
Cabe preguntarse cómo puede funcionar una democracia, así sea sólo electoral, cuando todas las instituciones están corrompidas. El Presidente Martín Vizcarra no cuenta con el apoyo de ningún partido político, y está en el cargo solamente por la vacancia del Presidente Kuczynski. Durante los primeros se apoyó el Partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, pero hoy ambos líderes se han declarado la guerra, incluso, negando dos conversaciones previas.
Por su parte, Vizcarra, enfrentado al Congreso, quiere convocar a un plebiscito, que se realizaría en el mes de diciembre, incluyendo temas políticos, como instauración del bicameralismo, así como la prohibición de reelección de los congresales y la reforma total del podrido Poder Judicial.
Una orden del juez para intervenir los teléfonos de varias personalidades en la búsqueda de una red de narcotráfico en el Puerto de Callao, permitió conocer, a través de Prensa, principalmente por el famoso periodista Gustavo Gorriti, algunas conversaciones muy escandalosas, no sólo entre jueces, sino también entre estos con los empresarios y, sobre todo, el presidente de la Federación del Fútbol de Perú, Oviedo, llamado “el Gordito”. Los protagonistas de estas conversaciones, el juez Supremo, César Hinostroza, el presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, el empresario Antonio Camayo, (Toñito), Oviedo, de la Federación de Fútbol; después se agregan nombres de políticos, incluso congresales, entre ellos Héctor Becerril, líder de la bancada de Fuerza Popular.
En los diálogos entre magistrados existen elementos delictuales, favores corporativos, conflictos de intereses, información privilegiada e, incluso, el regalo de Oviedo al Juez Hinostroza, a su familia y a amigos, como el presidente de la Corte de Callao, Walter Ríos.
El caso de corrupción se fue complejizando cuando aparecieron en las conversaciones nada menos que el Presidente Martín Vizcarra, de cuya amistad se vanagloriaba el empresario “Toñito”; además, aparece el recién nominado fiscal de la nación, Pedro Chávarry, quien actualmente es cuestionado por los parlamentarios de Fuerza Popular y del APRI.
El antiguo fiscal nacional, Pablo Sánchez, también está acusado de corrupción al haber nombrado a cargo de la investigación del caso Lava Jato al fiscal Hildebrando Castro quien, a su vez, está acusado de haber recibido dinero de las empresas brasileras, a fin de que retardara la investigación.
Pablo Sánchez lleva en esa investigación casi dos años sin que haya ningún preso, empresario o político. El Presidente Alejandro Toledo hoy es fugitivo; Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia, están libres; Alán Garcáa ya zafó y Pepe K. casi logró su huida a Estados Unidos, muy bien informado por el poder judicial de la situación de su proceso; Keiko Fujimori, segura de la cercanía política de los fiscales, está también escapando por el delito de receptación de dineros por parte de Odebrecht, confesado por el mismo dueño de la Empresa.
Se cree que los congresistas del APRA y de Fuerza Popular estaban de acuerdo en que se eligiera para otro período a Pablo Sánchez, razón por la cual han desatado una campaña en contra del nuevo fiscal nacional, Pedro Chávarry.
La mafia de “los cuellos blancos” del Puerto, al parecer, estuvo dirigida por el juez supremo César Hinostroza, y el segundo sería el Presidente de la Corte de Callao, Walter Ríos. Su estructura había estado integrada por cinco fiscales, cinco ex miembros del Consejo de la Magistratura y cinco Jueces Superiores.
Pablo Sánchez ha presentado al Congreso los fundamentos para la acusación constitucional en contra de César Hinostroza, pero sospechosamente, los periodistas descubrieron que en la casa de Hinostroza había una “mudanza” en un auto del Poder Judicial, de miles de documentos de prueba de los delitos cometidos.
Rafael Luis Gumucio Rivas (el Viejo)
05/09/2018