El gobierno de Bolivia y las empresas chilenas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., suscribieron este viernes un contrato para dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de pagar 42,6 millones de dólares a esas firmas extranjeras.
En la firma, realizada en instalaciones del Ministerio de Minería, participaron el procurador general del Estado, Pablo Menacho, y el ministro de Minería, César Navarro, por parte del Estado, con representantes de estas compañías extranjeras.
El procurador explicó, en conferencia de prensa, que la pretensión de las empresas demandantes alcanzaba un total de 150,8 millones de dólares; sin embargo, en el laudo se estableció que la compensación sea de 57,2 millones de dólares. No obstante, se definió un acuerdo con la empresa chilena para que la compensación total alcance 42,6 millones de dólares.
"Podemos decir que hemos logrado una reducción de 14 millones y medio con relación al monto de laudo de 57,2 millones de dólares, y se ha logrado una reducción de 108 millones de dólares con relación a la pretensión principal de la empresa en el arbitraje", precisó en conferencia de prensa.
El acuerdo logrado por el Estado boliviano incluye la renuncia por parte de Quiborax y NMM al 20 por ciento del monto neto de la indemnización, el 50 por ciento de los intereses y la totalidad de las costas determinadas por el laudo. "Todo ello representa un beneficio para el Estado, con un ahorro de 14,5 millones de dólares (25 por ciento) del monto total establecido por el laudo", afirmó Menacho.
Por su parte, el ministro Navarro dijo que esta acción da estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado boliviano, bajo el Convenio CIADI y el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones suscrito entre Bolivia y Chile.
"Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un Tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países", aseveró.
La controversia surgió en julio de 2004, a raíz de la "revocatoria" de concesiones mineras a la empresa boliviana (con mayoría de capitales chilenos) Non-Metallic Minerals S.A., durante el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa.
El procurador Menacho ratificó que dicha medida en la gestión de Mesa se realizó vulnerando las disposiciones de la Ley 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías previas a la "declaratoria de nulidad" de dichas concesiones. "Todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días que no fue cumplido", reconoció la autoridad.
El Tribunal Arbitral del CIADI concluyó que la medida adoptada por el ex presidente Mesa, mediante la aprobación del Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, no cumplió con los estándares mínimos del debido proceso, y no se llevó a cabo de conformidad con la ley, por lo que declaró que la expropiación fue ilícita, discriminatoria y violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.