Dos principios en los cuales las democracias modernas fundan su legitimidad son la probidad y la transparencia. El primero —el deber de ser honestos y poner el interés general por sobre el particular— es considerado una virtud ciudadana por la teoría democrática, es decir una característica ética de base que deben poseer aquellos que son elegidos por sus conciudadanos para representar la soberanía popular.
“La transparencia es una condición esencial para el funcionamiento democrático y tiene que ver con que los mecanismos e instancias en las cuales se hace la práctica política no oculten nada que lo contraríe. Lo que implica que hay una voluntad de informar por parte de las autoridades y que la información de la cual dispone el ciudadano es vital para el funcionamiento de la política.”
Sobre estos postulados, que para algunos son una ficción, descansa la creencia de que la democracia es un buen régimen político. En efecto, podemos observar que cuando estos principios son sistemáticamente ultrajados se erosionan las reglas de base y se determina una percepción negativa de las instituciones por parte del pueblo.
Probidad y transparencia son principios que han sido sistemáticamente violados en el actual sistema institucional chileno dando razón a la tesis de que las instituciones son permisivas con los poderosos; que no funcionan y que están en crisis. Esto es patente cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) decide no querellarse contra las grandes empresas que defraudaron al fisco con boletas truchas ni contra los políticos o sus palos blancos que las entregaron para obtener dineros empresariales de manera oculta (*). A los ciudadanos se los mantuvo en la más total ignorancia acerca de estas prácticas corruptas.
Cuando esto sucede, y las empresas financian ilegalmente a los políticos y a sus campañas, a este fenómeno, lo llamamos la captura de la política por el dinero empresarial.
Y cuando la otra ficción sobre la cual descansa la democracia representativa liberal, aquella que sostiene la separación del Estado y el Mercado se cae, es decir cuando se rompe el acuerdo ya sea tácito o explícito de que los operadores del mercado (las empresas) no deben intervenir directamente en la esfera política y estatal, queda en evidencia que las relaciones de fuerza favorable a los propietarios del capital en la economía de mercado también los han favorecido cuando los parlamentarios han promulgado leyes.
Aquí, en estas condiciones, la verdad del capitalismo neoliberal y su relación con la democracia formal es evidente. El capital impone su ley a la democracia.
Estos días, en el recuento histórico que se hará en su debido momento, quedarán como los más ignominiosos de la etapa llamada postdictadura. Los días en que las instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y sus funcionarios no hicieron su trabajo. Los días en que los ciudadanos esperaron que se hiciera justicia y la Fiscalía Nacional y sus fiscales suspendieron el ejercicio de la Ley. Los aciagos días en que los autores de delitos de corrupción quedaron impunes e incluso varios de ellos postularon a la reelección.
Este será el tramo histórico donde la elite política del duopolio se calló entera. Donde fueron cómplices pasivos de este asalto contra los pilares del régimen que fue instalado gracias a la energía popular, pero destruido a sabiendas por sus captores que se arrogaron los derechos de administrar y obtener beneficios de la llamada “transición”.
¿Y cómo se explica entonces la reacción odiosa y desmesurada de la elite de opinólogos y operadores políticos contra lo que representa el Frente Amplio? Simple. Éstos entienden perfectamente que la sola existencia del Frente Amplio y sus candidaturas son una bofetada al cinismo que profesan.
El Frente Amplio no es sólo una alternativa política sino también una alternativa ética a la crisis institucional provocada por la elite política, jurídica, mediática e intelectual cuando ésta decidió utilizar la retroexcavadora contra las instituciones y las ficciones de la democracia. Es lo que explica los ataques como los del DC Gutenberg Martínez y de ME-O por ejemplo, que hoy hacen causa común contra el FA.
(*) Conviene leer: http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/05/05/millonarios-sin-sancion-el-tercio-de-empresas-del-ipsa-que-se-salvaran-de-ser-perseguidas-penalmente-por-la-inaccion-del-sii/
Por Leopoldo Lavín Mujica, Profesor (R) del Departamento de Filosofía del Collège de Limoilou, Québec, Canadá.