Desde luego la declaración de independencia de Chile no es. Si bien puede hablarse del inicio del proceso independentista, lo que sucedió realmente aquel 18 de septiembre de 1810 fue la constitución de la primera Junta nacional de gobierno, pero dicha Junta reconocía expresamente a la monarquía española, mantenía su lealtad al rey Fernando VII que a la fecha se encontraba cautivo de las tropas napoleónicas. La constitución de juntas nacionales en América que surgieron esos años expresaba una respuesta de los criollos ante la prisión del monarca por la potencia francesa.
En rigor no fue la independencia, aunque también es efectivo que este hecho creó condiciones para el desarrollo de las iniciativas más claramente independentistas que pudieran consolidar el proceso en busca de una patria libre y soberana. En el caso de Chile surgieron en ese período, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, la prensa republicana independiente.
Sin embargo habrían de transcurrir varios años más y producirse nuevos sucesos. Desde luego enfrentamientos bélicos y hasta un tiempo de reconquista española cuando en la vieja Europa fue derrotado Napoleón y se reforzó el poder hispano. En favor de la causa independentista fueron cruciales las batallas de Chacabuco del 12 de febrero de 1817 y de Maipú del 5 de abril de 1818. En ese contexto es que en febrero de 1818 se proclamó formalmente la independencia nacional. Una fecha que no conmemoramos.
En septiembre se celebra también de modo oficial el “día de las gloria del ejército” que se entiende referido precisamente a las victorias de las fuerzas patrióticas en los combates por la independencia nacional durante el siglo XIX.
No podría ser de otro modo puesto que ya durante la vida independiente del país no se registra tiempos de gloriapara los institutos armados sino más bien días muy poco gloriosos. Baste con evocar, entre otros ejemplos, el alzamiento contra el Presidente Balmaceda, o las masacres de Lo Cañas, plaza Colón, Escuela Santa María de Iquique, San Gregorio, Marusia, La Coruña, Ranquil, el Seguro Obrero, plaza Bulnes, población José M. Caro, El Salvador y Puerto Montt.
Estas matanzas tuvieron lugar entre 1891 y 1969, durante gobiernos elegidos democráticamente y fueron perpetradas por fuerzas militares y policiales.
El genocidio del 73 completa un cuadro que torna poco explicable la celebración ciudadana en la llamada “parada” del día 19. Nunca se podrá olvidar que fueron decenas de miles de chilenas y chilenos los que por el solo “delito” de pensar diferente de aquellos que controlan el poder de la fuerza, el poder económico y el poder de la prensa, fueron detenidos y hechos desaparecer, o fueron ejecutados o torturados, o mantenidos arbitrariamente en prisión durante años. Algunos degollados, otros quemados vivos.
Hoy podemos leer los documentos desclasificados de la CIA, o el informe Church del Senado norteamericano o las Memorias de Henry Kissinger, o el trabajo de investigadores norteamericanos como John Dinges o Peter Kornbluh, además del trabajo paciente de periodistas e historiadores chilenos, todo lo cual devela rigurosamente los orígenes reales, antipatrióticos e ilegítimos y los nombres de los principales individuos y organizaciones culpables de la peor tragedia de la historia nacional.
Así es como sabemos que se trató de un golpe de Estado que, al igual que todos los que formaron parte de ese brutal proceso iniciado en 1954 con el golpe contra el gobierno del presidente Jacobo Arbenz de Guatemala, fue instigado y financiado desde Washington.
Se aseguraba así la colaboración de personajes, medios de prensa, partidos políticos, grupos terroristas, entidades empresariales y mandos militares que no vacilaron en arrasar con la Constitución y las leyes vigentes y hasta en desatar los peores crímenes de lesa humanidad de toda nuestra historia con tal de asegurar los intereses de las grandes corporaciones mutinacionales y de sus aliados nacionales.
Las burdas engañifas de los tanques soviéticos, el plan Z y la dictadura totalitaria, que según los golpistas se avecinaban, quedaron en el basurero de la historia. Pero el costo fue demasiado alto y no sólo en vidas humanas, sino también en la destrucción cultural y artística de nuestra nación.
La pérdida de la educación gratuita y de calidad y la pérdida de los derechos esenciales de la mayoría del pueblo, como la salud, el trabajo, la vivienda, la previsión social, los derechos sindicales. Murales artísticos destruídos, asesinato, prisión y persecución a intelectuales y artistas. Implantación de un modelo económico brutal y de una Constitución Política antidemocrática.
Más allá de la legítima alegría popular en las ramadas, las empanadas y el vino tinto, ronda la duda respecto de qué es efectivamente lo que celebramos. Sobre todo cuando siguen pendientes temas fundamentales. Es cierto que el mundo no vive los tiempos de la llamada “guerra fría”, pero la disputa por la hegemonía política y económica de las grandes potencias mundiales no ha concluido, si bien han cambiado escenarios y algunos actores. Todo lo cual influye fuertemente en los demás países incluido el nuestro por supuesto.
Así lo revela, por ejemplo, la incidencia que tanto en el desarrollo económico como en los derechos sociales tienen los tratados de “libre comercio” y otros acuerdos internacionales.
Pero nos pesa también la deuda histórica respecto de las grandes cuestiones de la verdad y la justicia, sin cuya solución jamás habrá en nuestra sociedad una convivencia sana y real ni podrá construirse un sistema democrático sólido.
Más grave todavía, los tribunales chilenos en los últimos días han dado señales francamente alarmantes como lo ha sido el otorgar derechos y libertades absolutamente ilegítimas e ilegales a criminales tan abyectos como González Betancourt o Krassnoff Marchenko o el “Fanta”, autores cada uno de ellos de crímenes abominables que les transforman en peligro público.
No se puede silenciar tampoco la complicidad con la ultraderecha de algunos diputados supuestamente “de izquierda ”que hicieron fracasar la iniciativa legal para poner término al secreto impuesto en el llamado Informe Valech. Con ello se amparó una vez más a los culpables y se apoyó la inmoral impunidad.
Pero, claro está, no todo es gris. Este mes también se recuerda otros acontecimientos. Desde luego la victoria popular del 4 de septiembre de 1970 que abrió paso a un gobierno democrático que, bajo la presidencia de Salvador Allende, se propuso y llevó a cabo buena parte de las transformaciones estructurales que estaban planteadas como exigencia nacional desde hacía años.
Algunas de las cuales incluso, como la reforma agraria y los empeños por recuperar el Cobre para Chile, se habían iniciado en el gobierno anterior que encabezara el presidente Eduardo Frei Montalva militante demócrata cristiano. Esta sola constatación objetiva, histórica, indesmentible, echa por tierra los pretextos norteamericanos de que la Unidad Popular pretendía establecer una “dictadura comunista pro soviética”. Con esa lógica debieron considerar también a Frei y a la DC como “pro soviéticos”. Una suerte de humor negro.
Es de celebrar al mismo tiempo, por encima de la cortina de humo que tienden los medios de comunicación que apoyaron a la dictadura, que por fin se haya iniciado la transición, superando las ataduras de la transacción. Fin del sistema electoral binominal, reforma tributaria, reforma laboral, inicio de una reforma educacional, despenalización del aborto, proceso de discusión ciudadana para una futura nueva Constitución, etc. Nadie ignora que ha habido errores e insuficiencias, es cierto que hay mucho por corregir y por avanzar,pero se ha comenzado a andar. Iniciativas básicas que no fueron consideradas antes.
En materia de derechos humanos se ha avanzado un largo trecho. No gracias al Estado, sino más bien a pesar del Estado. Pero queda mucho por alcanzar y de cuando en cuando los nostálgicos de la dictadura y sus nuevos aliados dan señales muy negativas. El máximo jefe de la policía uniformada profiere expresiones inconstitucionales e ilegales y hasta reaparecen en escena algunos gremialistas, viejos golpistas, con las mismas amenazas del 73.
También es el tiempo de rendir tributo a los que cayeron luchando por la libertad y la democracia, a los que no vacilaron en emplear todos los medios posibles para detener el horror, la barbarie y el saqueo. Que no se olvide ninguno de sus nombres.
Finalmente digamos que es motivo de celebrarse la notoria reactivación de la movilización popular. Marchas multitudinarias llenando las calles de las ciudades, sin destrucción, sin encapuchados, levantando con fuerza las demandas retardadas y que apuntan a superar el modelo de sociedad que nos impusieron por la fuerza.
No más AFP, educación gratuita y de calidad para todos, fin al lucro en educación, en salud, recuperación de las grandes empresas estatales, de todos los chilenos, que la derecha y la dictadura saquearon y entregaron a parientes, amigos y socios, renacionalización del Cobre, fin de los fondos reservados.
En fin, que el zapateo y huifa de septiembre sea en apoyo a un pueblo despierto, que lucha honestamente por sus derechos.