Desde mediados de la década del noventa el movimiento social a nivel global comenzó a colocar como prioridad en sus agendas de lucha el tema comercial, dándole especial énfasis a una crítica completa al paradigma del libre comercio, que se colocó como premisa teórica de la puesta en marcha de la globalización neoliberal.
El primer escenario de la batalla contra el paradigma del libre comercio fue la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde se avanzó creando un entramado jurídico global de carácter obligante que profundizó la lógica de la desregulación comercial: agresivas desgravaciones arancelarias; eliminación de marcos regulatorios al capital financiero; y fortalecimiento de la protección unilateral a las inversiones externas.
Los efectos no se hicieron esperar en los denominados países del tercer mundo, que empezaron a sufrir las consecuencias de esta lógica del libre comercio. Y por tanto, se empezó una “rebelión” al interior de la OMC, liderada principalmente por quienes luego formarían el bloque de los BRICS a fin de detener, en alguna medida, esta ofensiva libre cambista, llevando a lo que muchos llaman al “fracaso de la Ronda de Doha” o lo que es lo mismo, que los promotores del libre comercio no pudiesen terminar su labor al estancarse en los llamados “cuatro temas de Singapur”: 1) libre competencia, 2) facilitación del comercio, 3) protección de inversiones y 4) compras del sector público. La condición fue que se resolviera en el seno de la OMC el tema de los subsidios al sector agrícola en el norte (léase Estados Unidos y Europa, principalmente), para luego abordarse los temas de Singapur.
Ante el fracaso de la Ronda de Doha, la estrategia neoliberal acentuó la promoción de los Tratados de Libre Comercio (TLCs). En el caso de América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica lanzaron la ofensiva del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fracasó por la alianza entre los recién llegados gobiernos progresistas y el movimiento social. Ante ello, Estados Unidos continuó con el impulso bilateral de TLCs.
En efecto, la mitad de América Latina y el Caribe (México, Centroamérica, Caricom, Perú, Colombia, Chile) está constituida por economías que se rigen por el paradigma del libre comercio, con TLCs entre ellas y con tratados con países de fuera de la región. Sólo se mantienen fuera de la lógica de los TLCs el Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela) además de Ecuador y Bolivia.
Aparejado a la existencia de los TLCs, se fue profundizando esta institucionalidad neoliberal con el impulso que se dio a los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (también conocidos como TBIs). De forma que se liberalizó el comercio vía TLCs y se le dio una protección privilegiada a la inversión extranjera vía TBIs.
La dimensión fiscal
Una dimensión que no se había considerado en el ataque al libre comercio fue la fiscal, es decir los impactos provocados por dichos acuerdos en la recaudación tributaria. Gracias al movimiento global por la justicia fiscal se empieza a hacer una correlación de factores que obligan a hacer los vínculos de la desregulación comercial y de inversiones, con la opacidad, la evasión, la elusión y el fraude fiscal.
Estos vínculos, empiezan a relacionar cómo la desgravación arancelaria impacta las cuentas nacionales en términos de los impuestos que dejan de cobrarse a las importaciones. Asimismo, cómo los procesos de desregulación financiera y el libre tránsito de capitales impactan en las cuentas de capital de los Estados. De igual forma, cómo los principios de Trato Nacional (TN) y Trato de Nación Más Favorecida (TNF) abren portillos para la elusión de las transnacionales y también cómo las políticas de atracción de inversiones basadas en exoneraciones o privilegios fiscales van provocando inmensos costos en términos de gasto tributario para los países.
Asimismo, se ha observado que luego de la suscripción de un TLC, normalmente sigue la suscripción de un acuerdo de doble tributación, ventajoso para los países de donde proviene la inversión transnacional en el pago del impuesto a la renta. Es que el principio que rige la tributación en estos acuerdos es el de “residencia” y no el de “fuente”. De esta manera, una empresa extranjera no tributa ni en el país donde extrae la renta, ni en el de donde proviene, sino donde estratégicamente ha puesto su sede: Gran Caimán, Delaware, Islas Vírgenes y otras jurisdicciones opacas.
Finalmente, toda esta maraña de acuerdos de inversiones, libre comercio y doble tributación facilita la planificación tributaria, desarrollada por grandes estudios jurídicos que saben muy bien cómo y dónde constituir sociedades comerciales para no pagar impuestos. El escándalo de los Panamá Papers es una clara muestra de ello.
Crisis del posneoliberalismo
Hoy América Latina vive un momento de contraofensiva neoconservadora, básicamente en Suramérica que es la parte de la región que trató de desmontar la arquitectura neoliberal heredada de las décadas de los ochenta y los noventa. La irrupción de la derecha en Argentina, el golpe de estado en Paraguay, el golpe de estado en curso en Brasil y la victoria de la derecha en el parlamento venezolano, han posicionado de nuevo al paradigma del libre comercio en esta subregión latinoamericana.
La Alianza del Pacífico empieza a ganar adeptos en la región, los gobiernos del Mercosur inician la presión para que finalmente este proceso modifique su carta constitutiva que inhibe la firma de Tratados de Libre Comercio, esos mismos gobiernos se animan a reanudar la negociación para la firma de un TLC entre la Unión Europea y Mercosur, que se uniría a los que ya tiene la Unión Europea en vigencia con Centroamérica, México, Chile y Perú/Colombia.
Diversos países de América Latina están participando a fondo en las negociaciones del TISA, que abre sectores fundamentales (educación, salud, agua, servicios municipales, correos, transporte, etc.) a la participación privada de transnacionales. México, Perú y Chile participan activamente en el ya suscrito Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido por sus siglas en inglés como TPP).
El poder corporativo transnacional tiende a fortalecerse por medio del impulso de diversos tratados o de inversiones, que se orientan a profundizar la desregulación de los grandes capitales, y que constituyen verdaderos candados jurídicos a políticas reformistas orientadas al bien común.
Visibilizar esta situación, abrir el debate para comprender en toda su dimensión las características del fenómeno y generar nuevas articulaciones de denuncia, resistencia y propuestas de cambio, son tareas urgentes para el movimiento social de América Latina.
La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) trabaja desde hace más de quince años en toda la región, incidiendo sobre los decisores políticos en temas de fiscalidad, nueva arquitectura financiera, deuda y nuevas economías.