La investigación por presunta malversación de caudales públicos en la fundación Cema-Chile, los fallos judiciales que han condenado a altos oficiales del ejército por haber recibido coimas en adquisiciones militares, el denominado “milicogate”-un fraude a la Ley del Cobre por 5.360 millones de pesos-, entre otros delitos financieros en el ejército, han revelado que la corrupción se instaló en algunos ámbitos de las fuerzas armadas y que su origen debe buscarse en la influencia que sobre ellas ejerció el general Augusto Pinochet y su familia durante más de tres décadas.
La undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la denominada arista Cema del caso Riggs a petición del Consejo de Defensa del Estado tras conocerse nuevas irregularidades en la administración de la fundación que dirige Lucía Hiriart, denunciadas por el Ministerio de Bienes Nacionales y el portal electrónico de investigación periodística Ciper Chile.
Los nuevos antecedentes indican que Cema vendió hace poco una de sus propiedades en Chillán en 600 millones de pesos; y que es dueña del terreno donde se levanta la plaza de Paine por el que cobra 600 millones al municipio local, pese a que el avalúo fiscal es de 130 millones. Un informe de la Policía de Investigaciones señaló que entre 1988 y 2003, Cema enajenó bienes por más de 3.876 millones de pesos, dineros que fueron encausados de diversas maneras a familiares de la viuda de Pinochet.
Cema posee, a lo menos, 243 propiedades en el país que le fueron donadas desde los inicios de la dictadura militar, en 1973, por reparticiones públicas. Todo parece indicar que Lucía Hiriart se apropió indebidamente de los bienes de Cema y que los ha utilizado para lucrar en su propio beneficio y el de su familia.
A esto se suma la condena a dos altos oficiales por recibir coimas en la adquisición de tanques Leopard a Holanda y una investigación que sigue la Fiscalía Centro Norte por una denuncia del ejército por una estafa equivalente a seis mil millones de pesos y el presunto pago de coimas al ex jefe de informática del Comando de Bienestar de la institución, mayor (r) Mauricio Lazcano Silva. Otra irregularidad detectada recientemente tiene que ver con la participación de algunos uniformados como captadores de fondos en 2013 para AC Inversions, una financiera irregular donde el 45% de sus cuentas pertenecían a miembros de las fuerzas armadas.
El comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo Arriagada, reconoció en entrevista a El Mercurioque se han estado revisando los procesos internos en la institución y que se detectaron fallas en los sistemas informáticos de control.
No obstante, la nefasta influencia del general Augusto Pinochet, por más de 35 años en la Comandancia en Jefe de la institución, parece extender aún las sombras de la corrupción que mancharon durante décadas al alto mando del ejército y de las otras ramas de las fuerzas armadas.
En el proceso por el denominado caso Riggs se establecieron numerosas “aristas” de irregularidades que aún permanecen abiertas, la gran mayoría de ellas vinculadas a compras de armas y manejos financieros delictivos por parte de Pinochet, su familia y numerosos altos oficiales.
ALGUNOS ANTECEDENTES
En julio de 2004 se conoció en parte el tramado financiero internacional que había creado Pinochet luego de una investigación de un subcomité de la Cámara Alta estadounidense. Los senadores Norman Coleman, republicano, y Carl Levin, demócrata, entregaron un informe donde se establecía que el dictador chileno había acumulado una cuantiosa fortuna que escondía en una enmarañada red de cuentas abiertas en diversos bancos del mundo.
El 20 de julio de ese año la Corte de Apelaciones de Santiago nombró a Sergio Muñoz como ministro de fuero para investigar las denuncias por fraude al Fisco, malversaciones de fondos y cohecho en contra de Pinochet interpuestas por los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, a las que se sumó el Consejo de Defensa del Estado.
Los senadores norteamericanos habían encontrado a lo menos ocho millones de dólares en nueve cuentas y depósitos en el banco Riggs, de Estados Unidos, pertenecientes a Pinochet y su familia. El juez Muñoz interrogó al general en su casa de La Dehesa, pero éste negó todo. Su esposa dijo que las inversiones de su marido eran desconocidas para ella. Su hijo mayor, Augusto junior, atribuyó los fondos a donaciones de empresarios cubanos.
En 1963 Pinochet abrió su primera cuenta en el extranjero, una cuenta de ahorro en el First National City Bank de Nueva York. En 1971 compró un fundo de 150 hectáreas en Melipilla al que denominaba Las Arañas. Tras el golpe militar de 1973, el dictador empezó a obtener jugosas comisiones por compra y venta de armas que se hizo pagar a través de intermediarios. Al mismo tiempo, llevaba grandes cantidades de dólares como viáticos en sus viajes al extranjero: al cambio de mando en Brasil, en 1974, viajó con 800 mil dólares; a Paraguay, ese mismo año, llevó 1,5 millones de dólares.
El juez Muñoz detectó 28 cuentas y depósitos financieros en el Riggs y otras cien cuentas en instituciones financieras de Estados Unidos, las Bahamas, Islas Caimán, Gibraltar, España, Suiza, Reino Unido, Argentina y Chile.
Desde 1979 a 2004 Pinochet hizo lo que quiso con el Riggs International Banking Corporation (RIBC). Le abrieron 28 cuentas en diversas ciudades, siete personales, cuatro con nombres falsos y tres con el alias de “Daniel López”; otras 123 cuentas a miembros de su familia y otras nueve a nombre de un civil y ocho altos oficiales del ejército: los generales Jorge Ballerino, Ramón Castro Ivánovic; John Long (chapa de Ballerino), Guillermo Garín y Gustavo Collao; y los coroneles José Miguel Latorre Pinochet, Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz.
Pinochet mantuvo, además, igual relación con el Citibank entre 1981 y 2004. Le abrieron 63 cuentas y certificados de depósitos. Quince de ellas las abrió personalmente y otras 19 fueron para miembros de su familia. Sus hijos Marco Antonio y Lucía abrieron otras 29 cuentas y certificados de depósito a nombre de entidades offshore.
Con el Banco de Chile Pinochet estableció relaciones entre 1973 y 2004. En Estados Unidos dispuso de 24 cuentas y depósitos: tres personales, cinco para sus familiares, once para terceros vinculados a él y cinco para empresas offshoreque controlaba el albacea Oscar Aitken. Por ellas circulaban regularmente unos siete millones de dólares.
También abrió seis cuentas en el banco portugués Espirito Santo en Miami, entre 1991 y 2000, incluyendo dos para acciones al portador de las sociedades Trilateral y Santa Lucía, cuya única beneficiaria era Lucía Hiriart y por donde circularon unos cuatro millones de dólares.
Operó -a la vez- con el Banco Atlántico de España y con el Bank of America, con tres cuentas y seis depósitos a plazo. Hizo lo mismo en American Express, Bank Atlantic en Miami, Morgan Stanley y Swiss Bank Corporation.
En marzo de 1975 Pinochet viajó al funeral de Franco con un viático de 1,5 millones de dólares. Ese mismo año viajó a Argentina con otro viático de 500 mil dólares y a Estados Unidos con tres millones de dólares. Nunca le rindió cuenta a nadie sobre los gastos por aquellos subidos montos.
En abril de 1978 Pinochet le pidió al coronel Ramón Castro Ivánovic que le comprara dos propiedades en Limache, mientras su esposa adquiría un nuevo departamento en Las Condes, en Aurelio González 3548.
Pinochet empleó en su red financiera a lo menos quince identidades diferentes: Augusto J. R. Pinochet Ugarte; Augusto P. Ugarte; A. Ugarte; A. P. Ugarte; José Pinochet; José P. Ugarte; José Ugarte; José Ramón Ugarte; J. Ramón Ugarte; J. Ugarte; J.P. Ugarte; A.J.P. Ugarte; José R. Ugarte y Daniel López.
Usó tres modalidades principales en sus cientos de procedimientos: abrió cuentas o depósitos a sus cinco hijos, yernos, nueras, nietos, secretarios, jefes de la Casa Militar y oficiales uniformados diversos; y creó cuentas para sus entidades extranjeras offshoreo con acciones al portador para Abanda Finance, G.L.P. Ltda, Tasker Investments Ltda., Meritor Investment, Santa Lucía Trust, Trilateral International Trading y Levant Management.
Documentos del Riggs proporcionados al Subcomité del Senado demostraron que el banco tenía relaciones de muchos años con la Armada y los Astilleros y Maestranzas de la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, la Dirección de Aeronáutica Civil y la misión militar de Chile en Estados Unidos, así como con la embajada de Chile en Washington. En 2002, el Riggs tenía depósitos de los militares chilenos que sumaban unos 100 millones de dólares. A lo largo de varias décadas los ejecutivos del Riggs visitaron Chile siendo agasajados por Pinochet. Eran llevados a diversos eventos preparados especialmente para ellos. También los invitaba la Fach y la Armada.
Marco Antonio Pinochet también efectuó numerosas operaciones con el Riggs. En 1998 se le estima una fortuna que oscilaba entre los 9,1 y 15 millones de dólares.
En 1979 Pinochet se compró una parcela de seis hectáreas en El Melocotón. Luego otras dos vecinas, con un total de doce hectáreas.
COMPRAS Y VENTAS DE ARMAS
La Enmienda Kennedy prohibió la venta de armas de Estados Unidos a Chile. Esa decisión contribuyó al enriquecimiento del industrial chileno Carlos Cardoen, un empresario que a partir de 1975 se enriqueció con el negocio de las armas. En julio de 1977 se constituyó Explosivos Cardoen Ltda. En 1979 recibió el encargo de producir minas antitanques y granadas de mano para el ejército.
A mediados de 1980, Pinochet y sus amigos Carlos Honzik, húngaro radicado en Chile representante de la empresa suiza Mowag, de los fusiles SIG y de las pistolas Sig. Sauer, entre otras marcas de material militar, y el ministro de Defensa, general Carlos Forestier, decidieron incorporar al ejército chileno los carros Mowag Piraña. Carlos Cardoen hizo la operación con Honzik y compró la tecnología y los componentes para armarlos, y la licencia suiza correspondiente. Su empresa aumentó su capital social y se transformó en Industrias Cardoen S.A. Pinochet le encargó la construcción de los primeros 143 Mowag para lo cual se le adelantaron 4,6 millones de dólares. Poco después el general Forestier se acogió a retiro e ingresó al directorio de Industrias Cardoen.
En marzo de 1980 el coronel Jorge Ballerino reemplazó al coronel Jaime Lucares al frente de la Casa Militar. Lucares participó en el año 90 en La Cutufa, una financiera informal donde tuvieron activa participación oficiales de la CNI, la policía secreta que reemplazó a la Dina. A fines de los años 70 Pinochet le había pedido a Lucares que solucionara las deudas de su hijo Augusto con prestamistas. El primogénito les debía cerca de 1,5 millones de dólares. La gestión la hizo el abogado Guillermo Bruna.
Manuel Cruzat Infante, quien junto a Fernando Larraín, lideraban uno de los dos mayores grupos económicos del país puso los 1,5 millones de dólares para solucionar los problemas de “Augustito”. El episodio también fue investigado por el juez Sergio Muñoz.
A comienzos de 1983 Pinochet puso a su yerno Julio Ponce Lerou en la gerencia general de Corfo. Allí el yerno estableció amistad con varios de los generales más ligados a los negocios de Pinochet: Sergio Valenzuela, Guillermo Letelier Skinner y Fernando Hormazábal, y compartió numerosos directorios empresariales con ellos.
En 1983 Cardoen inició la producción de bombas de racimo en asociación con Famae y Ferrimar, propiedad del empresario Guido Pesce. Adquirió una planta en Estados Unidos para fabricarlas y la instaló en Alto Hospicio. El primer trato con la fuerza aérea de Iraq fue de tres mil bombas por un monto cercano a los 22 millones de dólares. Estados Unidos había decretado embargo de armas a Iraq. La prolongación de la guerra entre Iraq e Irán abrió paso a nuevos negocios y, por supuesto, a jugosas comisiones.
Pinochet autorizó, a espaldas de Cardoen, una nueva fábrica para producir bombas avispas, una réplica de las de racimo para vendérselas a Irán. Las bombas fueron mal construidas. Una de ellas explotó antes de tiempo y derribó a un avión Phanton F4 de la fuerza aérea iraní.
Mientras este conflicto evolucionaba, Pinochet decidió poner en marcha un proyecto del ejército para construir el cohete Rayo, el peor fracaso de la industria militar criolla en el cual se perdieron más de 60 millones de dólares. La empresa que se adjudicó la construcción fue la británica Royal Ordenance. El proyecto fue desechado por Ricardo Izurieta, el sucesor de Pinochet. Aún no se establece si hubo desvíos de fondos o comisiones ilícitas en aquellas negociaciones.
Después vino el bullado caso de Valmoval, más conocido como el de los “pinocheques”, una nueva incursión comercial frustrada de Augusto Pinochet Hiriart que -pese a las evidentes irregularidades- le reportó un pago del ejército de casi 972 millones de pesos. René Le Roy Vicuña, el “palo blanco” usado por Augusto junior en aquella estafa, reconoció ante el juez Muñoz el fraude y declaró que los “pinocheques luego de cobrarlos en Chile (Augusto hijo) los trasladó a Estados Unidos a una cuenta a nombre de su señora, María Verónica Molina Cattasco, y creo que a uno de sus hijos. En relación a ese dinero, fue utilizado por María Molina para la adquisición de boutiques y otros negocios…”. El entonces director del Famae-CIMI-PSP, el general Fernando Hormazábal, reconoció ante el juez Muñoz que la orden de pagar los cheques la dio el propio general Pinochet.
En 1987 surgió el intento por fabricar una modalidad de carros de combate Mowag. El proyecto lo llevaría a cabo Famae con licencia de la fábrica suiza y tenía como objetivo final vender los vehículos de combate a Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador e Irán. Fue un nuevo fracaso y Famae tuvo que devolver las licencias de fabricación. En este caso también falta conocer los resultados de la investigación. El gerente de Finanzas de Famae, José Sobarzo Poblete, fue socio de Pinochet en varias de sus sociedades offshore.
Más tarde, según lo testimonian los fallos judiciales correspondientes, se recibieron coimas por la compra de tanques, de aviones y de materiales bélicos para la Armada. Falta por conocer si Pinochet, su familia y algunos altos oficiales, obtuvieron beneficios personales en el tráfico de armas a Croacia, en la venta de armas a Ecuador y en otros numerosos negocios similares con países centroamericanos, asiáticos y africanos.
En todos estos casos hubo, sin duda, no sólo fallas de control. Hubo una verdadera doctrina de lucro ilícito.
Y eso es lo que debe terminar.
MANUEL SALAZAR SALVO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 849, 15 de abril 2016.