Recién en estos últimos años nos estamos enterando de verdades que sólo algunos conocían. El último numerito lo comentamos con unos chistes sabrosísimos con los que acostumbramos los chilenos a defendernos de nuestras tragedias. Hoy nos reímos al comprobar algo insólito: nos cagan hasta con el papel “confort”.
Hasta el Papa que se veía decente, mostró la hilacha y se mandó una tan grande que necesitó un rollo Noble de los grandes. Es incomprensible que después de defender al Obispo Barros, ahora lo haga con el pedófilo Marcial Maciel y sus Legionarios de Cristo, justificando así al pederasta que hasta sodomizó a uno de sus propios hijos, porque el santo también tuvo hijos con una mujer en España. Con esto el Papa convirtió en un juego de niños las solapadas defensas a Karadima de la jerarquía chilena.[1]
Pero volviendo a los papeles. Hace rato que sabemos que hay todo tipo de colusiones a todo nivel en Chile. Lo sabemos en Conadecus desde donde tratamos de defender a los consumidores. Digo tratamos, porque no podemos hacer todo lo que quisiéramos al no tener un apoyo efectivo de los gobiernos de turno. Nada más extraño y sorprendente que sean los mismos gobiernos los que han eliminado las penas y rebajado multas a todos los atentados contra la competencia. Justamente la que defienden los empresarios para justificar el neoliberalismo, ya que el estado, decían los que aprovecharon la furia privatizadora de la dictadura, favorecía a las empresas públicas y estas recibían muchos subsidios estatales. Ahora damos todo tipo de subsidios a las empresas privadas, primero con las privatizaciones vergonzosas donde casi se les pagó encima a los “compradores” que pagaron las empresas con créditos bancarios que luego les fueron condonados y que hasta hace poco pagó todo Chile como la “deuda subordinada”. Las seguimos subsidiando a diario con diferentes prebendas, como que paguen impuestos miserables ubicando a Chile entre los países donde se paga menos impuestos en el mundo, cobrándoles multas ridículas por prácticas antisindicales, maltrato laboral, evasión y elusión. Lo más encantador son los “perdonazos”, como fue el perdonazo a Johnson’s., ya que en Chile cuando una empresa debe muchos impuestos se los condonan para que no quiebren y “se pierdan puestos de trabajo”. Aunque el modelito se base en eliminar mano de obra permanente reemplazándola por tecnología y trabajadores desechables. Solo se descapitaliza la estatal Codelco. No se le permite reinvertir sus utilidades para justificar en algún momento su privatización.
No es necesario seguir citando ejemplos para reafirmar lo conocido abundantemente en los últimos meses: la estrecha alianza entre empresas y gobiernos. Alianza que sería legítima si se estableciera para potenciar lo mejor del país y su futuro. Pero que es venal, corrupta y cruel si se usa para que las empresas ganen cada vez más y los dirigentes políticos puedan eternizarse en sus cargos con campañas publicitarias carísimas financiadas por estas.
Y no tenemos quien nos defienda. Es por eso que debemos exigir que se apruebe el proyecto de la creación del Ombudsman o Defensor del Pueblo que estaba en el Programa de Bachelet. La Defensoría del Pueblo no debería enojar a la derecha y los empresarios, porque es una de las formas de fortalecimiento de la democracia acerca de la cual todos nos definimos permanentemente adictos y adeptos.
El Estado no nos defiende, porque es débilen tamaño, herramientas, capacidad técnica de sus profesionales de mayor nivel y disposición de sus dirigentes a fiscalizar. Tampoco existen los canales para denunciar los miles de atropellos que recibimos a diario, y, menos aún, las instancias para que estos sean compensados. Carecemos de organizaciones laborales fuertes, de una sindicalización que permita un diálogo efectivo entre el capital y el trabajo. Mientras tanto, la empresa inventa a diario infinitas formas para evadir la legislación existente, terciarizando, precarizando el trabajo y creando servidores atemorizados, cada vez con menos identidad y orgullo por el trabajo que realizan. Cuando los trabajadores pierden el temor y avanzan en sus luchas, los conflictos se judicializan ad-eternum y los empresarios pagan multas irrisorias para que los trabajadores continúen en la indefensión. Como lo hemos visto en los últimos meses, los empresarios se enojan y amenazan con abandonar el país de sus ganancias y dejarnos sin fuentes de empleo, si se restituye el derecho a huelga o se les pide que paguen algo de impuestos. El mismo país que en los últimos años ha hecho dueña del mar a siete familias y ha instalado a unas cuantos entre los multimillonarios más ricos del mundo en records internacionales como el de Forbes.
Necesitamos que alguien defienda a los que carecemos de organización y de medios de comunicación masivos. A los miles de trabajadores por cuenta propia, que aumentan en forma creciente, a las dueñas de casa, a los adultos mayores, a los jubilados, a las personas con capacidades diferentes, a los jóvenes, a los desempleados. Incluso a los enfermos mentales y drogadictos que aumentan a diario.
La oficina del Ombudsman debería contar con dos defensores del pueblo, un hombre y una mujer, porque los problemas de los géneros son diferentes, con expresión a nivel nacional y expresiones del mismo tipo en todas las regiones. El estado debería financiar las oficinas y el manejo administrativo, pero los Ombudsmen deberían trabajar ad-honorem, quizás con una ayuda para almuerzo y transporte. Desde allí la oficina de la defensoría se debería vincular con todo tipo de organizaciones de defensa de la ciudadanía, como las organizaciones de consumidores, organizaciones de pobladores, movimientos formados temporalmente por problemas concretos como los deudores habitacionales y otras.
Pero esos Ombudsmen deberían ser elegidos por concurso de antecedentes, publicados en Internet para no seguir con los apitutados de siempre y deberían ser elegidos por su comunidad a través de un mecanismo idóneo. No queremos una nueva institución, burocrática, y dominada por los mismos principios que rigen al resto de nuestras instituciones. No queremos cuoteos, mala utilización de la figura del Defensor y menos la desvinculación de este con las bases sociales.
Muchos adultos mayores estarían felices de ayudar al país en una responsabilidad de ese tipo sin ganar nada más que el privilegio, porque uno de los graves problemas que va a tener Chile en los próximos años es el aumento de la población mayor de 60 años. La mayoría de los adultos mayores están en plenas facultades porque el aumento de la longevidad no sólo significa morirse más tarde sino también conservar las capacidades hasta más tarde. Lo importante es que busquemos las formas de ayudar a que por lo menos este proyecto se apruebe. Los empresarios y la derecha no podrían reclamar que el PIB va a crecer menos porque creamos el Ombudsman.
Aunque nos quede poco en qué soñar, no debemos rendirnos jamás.
Alicia Gariazzo
Directora de Conadecus
[1]La historia de Maciel puede leerse en el libro de entrevistas a los afectados que hizo la periodista de la CNN Carmen Aristegui y que apareció tímidamente hace algunos años en el limitado mercado chileno del libro.