La Concertación debe explicaciones (XXVII)

Continuando con la historia del caso Clarín (ver XXVI) y los ingentes esfuerzos de los gobiernos de la Concertación por no devolverlo a su legítimo dueño; en 1998, luego de aprobada la Ley que permitía la restitución o indemnización respecto de los bienes confiscados por la dictadura, el Comité de Inversiones Extranjeras –dependiente del Ministerio de Economía- encargó un estudio en derecho sobre dicho caso al abogado Enrique Testa.

 

 

 

De acuerdo a la investigación periodística –nunca desmentida- de la Premio Nacional de Periodismo Patricia Verdugo, el 22 de abril de 1999 se constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones S.A. (ASINSA) con un capital de cien mil pesos y formada por solo dos socios: Isidoro Gorodischer Rapaport (quien en 2002 era concejal del PPD por Las Condes) y Ronald Andrew Youlton Vasen. Gorodischer era yerno del abogado Testa. Luego, “el 27 de abril de 1999, la sociedad ASINSA compró el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la Sucesión de Emilio González en un millón 600 mil pesos”. Sin embargo, de acuerdo a  un inventario protocolizado ante notario los bienes de dicha sucesión eran “una caja de fondos, un amoblado de comedor, un amoblado de living de madera, cuatro camas, dos veladores, un juego de vajilla de 41 piezas y restos de una destartalada camioneta Toyota del año 89. Peor aún. Los socios de ASINSA compraron un pasivo de nueve millones 325 mil pesos, la mayor parte adeudado al Banco del Estado”. (Rocinante; N° 47, Septiembre de 2002) Es decir, en esos bienes no se contemplaba ningún derecho respecto de los bienes del confiscado Clarín.

 

Posteriormente, ASINSA junto con los herederos de Emilio González, de Ramón Carrasco y de Darío Sainte-Marie -y representando a Jorge Venegas- buscó acogerse a la nueva ley, presentando todos ellos una petición en tal sentido en 1999 al Ministerio de Bienes Nacionales. Es fundamental tener en cuenta que el Consejo de Defensa del Estado ya había desechado (en 1975) las alegaciones en tal sentido de Carrasco, González y Venegas. Y que cuando falleció Sainte-Marie en España a comienzos de los 80, no dejó en su testamento nada respecto de Clarín, como se lo recordó a Patricia Verdugo el ex subdirector del diario –y amigo de aquel- Alejandro Arellano: “Si aún hay quienes dudan en Chile que Sainte-Marie vendió Clarín (o quisieran creer o hacer creer que esto no ocurrió) sería conveniente que revisaran su detallado testamento. Nadie en su sano juicio podría pensar que Darío Sainte-Marie Soruco se olvidó de incluir su más exitosa empresa comercial y periodística entre los bienes que dejó a sus legítimos herederos”. (Rocinante; op. cit.)

 

Pese a lo anterior, “el Ministerio de Bienes Nacionales decidió lo contrario en abril de 2000. Y el entonces ministro Claudio Orrego acogió la solicitud de ASINSA y los herederos, fijándose luego la indemnización en seis mil 300 millones de pesos (nueve millones de dólares). Y a fines de julio pasado, el contralor Arturo Aylwin tomó razón de los decretos y ordenó el pago”. (Rocinante; op. cit.) Además, ello significó de parte del Gobierno de Lagos una flagrante violación de la Constitución, las leyes y de los más elementales principios del derecho, pues el destino de dichos bienes estaba sometida a la decisión de tribunales internacionales -el CIADI para el grueso de los bienes de Clarín– y nacionales, respecto de la rotativa GOSS. Es decir, el Gobierno, por sí y ante sí, decidió el destino de bienes que estaban en litigio…

 

Además, dado todo lo anterior, “Joan Garcés… declaró a TV 13 que el pago de esos nueve millones de dólares ‘es una operación delictual. Se trata de un caso de corrupción con complicidades muy altas en las esferas más altas del gobierno de Chile’ ”. (Rocinante; op. cit.)

 

A su vez, interrogado Isidoro Gorodischer respecto de ASINSA por Patricia Verdugo, contestó: “La verdad de las cosas es que formé la sociedad con Youlton, para buscar negocios, hacer asesorías y meternos en el tema de la restitución de bienes expropiados por el gobierno militar. Pero a los 30 días me retiré de la sociedad y no tengo ningún antecedente sobre el caso Clarín”; PV: “Si fue socio por un mes, debería saberlo. Porque Asinsa se constituyó el 22 de abril y la compra de derechos a la Sucesión González ocurrió el 27 de abril del mismo año 1999. Así lo indican los documentos que tengo en la mano, firmados ambos en la notaría de Samuel Klecky Rapaport”; IG: “No participé de esa compra y no firmé ningún documento. Me salí de Asinsa, porque no quería tener cuentos que pudieran después tener connotación pública. Otra persona me reemplazó en la sociedad”; PV: “¿Se salió cuatro días después de entrar?”; IG: Me salí, no me acuerdo cuándo exactamente, y nada supe de esa compra de derechos”; PV: “¿Quién lo reemplazó?”; IG: “No me acuerdo del nombre. Eso fue hace tres años…”; PV: “Su suegro, el abogado Enrique Testa, sabía desde el año anterior, 1998, del caso Clarín a fondo. Todo indica que fue él quien les pasó los datos…”; IG: “Clarín nunca fue tema entre nosotros. No tuve idea de este asunto”. (Rocinante; op. cit.)

 

Con Ronald Youlton, Patricia Verdugo tuvo el siguiente diálogo telefónico. PV: “Quiero hablar con usted sobre el caso Clarín”; RY: “No, ninguna posibilidad”; PV: “¿Por qué?”; RY: “Porque hay gente involucrada a través de nuestra empresa y esto no se ventila por la prensa”; PV: “Pero se está ventilando, con portadas y páginas completas en los principales diarios”; RY: “Mire, nosotros hicimos un negocio privado, no público”; PV: “¿Y cómo se enteraron de este negocio?”; RY: “No le voy a contestar”; PV: “¿El señor Testa es abogado de su empresa?”; RY: “No, no le voy a contestar”. (Rocinante; op. cit.)

 

Y respecto del abogado Enrique Testa, Patricia Verdugo señaló que “no contestó nuestra reiterada petición de entrevista”. (Rocinante; op. cit.) (Continuará)