Dos ex conscriptos no pudieron más con el peso de sus conciencias y decidieron revelar ante la justicia lo que realmente ocurrió en la mañana del 2 de junio de 1986, en una calle de la comuna de Estación Central, en el sector poniente del centro de Santiago, cuando una patrulla militar quemó vivos a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, de 18 y 19 años respectivamente, ocasionando la muerte del muchacho cuatro días más tarde, y graves secuelas en el caso de la joven.
El dramático testimonio de los ex reclutas dejó en evidencia, una vez más, los procedimientos de la dictadura para ocultar sus crímenes no sólo entre 1973 y 1990, periodo en que gobernó el dictador Augusto Pinochet, sino que también en las décadas siguientes de la cuestionada transición democrática que se prolonga hasta hoy.
Pinochet y sus más cercanos colaboradores crearon desde mediados de la década del 70 redes de protección que les garantizarían durante décadas la impunidad en las violaciones a los derechos humanos y en otros ilícitos destinados al enriquecimiento personal. Esas estructuras de encubrimiento se armaron a partir de los servicios de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de los organismos represivos creados en paralelo a los anteriores.
La Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), encabezada por el coronel Manuel Contreras, le sirvió a Pinochet para exterminar a sus principales enemigos políticos y controlar férreamente al propio ejército y al resto de las Fuerzas Armadas, llamando a retiro a todo oficial que no le demostrara incondicional lealtad. Hoy, a 42 años de la creación de la Dina, aún permanece en la oscuridad gran parte de su siniestra existencia. Pese a los esfuerzos de innumerables actores -institucionales y personales, públicos y privados-, ha resultado imposible precisar con exactitud sus orígenes, su composición y estructura, sus vínculos con el gobierno militar, sus relaciones con organismos semejantes en el exterior y, lo más dramático, las responsabilidades de sus miembros, de sus cómplices y encubridores, en los asesinatos, secuestros, torturas e innumerables otras violaciones a los derechos humanos cometidas por sus mandos, sus agentes y sus colaboradores. Lo mismo vale para la Central Nacional de Informaciones (CNI), que reemplazó en 1977 a la Dina o para el Comando Conjunto, que organizó la Fuerza Aérea, y otros organismos represivos.
COMISIONES RETTIG Y VALECH
Los trabajos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación -la llamada Comisión Rettig-, y de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura -la Comisión Valech-, aportaron considerable cantidad de antecedentes, en particular sobre las víctimas, optando por mantener en el anonimato los antecedentes sobre los responsables, información que se mantiene bajo estricto secreto por 50 años.
Los datos recopilados por ambas comisiones que fueron considerados como constitutivos de eventuales delitos se entregaron a los tribunales de justicia, y han sido, mucha veces, elementos fundamentales para acelerar los procesos por ellos incubados o abrir otros nuevos, contribuyendo de una manera decisiva a establecer la verdad y hacer justicia.
La labor de los jueces pudo realizarse con cierta normalidad a partir del retorno a la democracia en 1990 y se aceleró notoriamente en la década del 2000. Un resumen reciente, elaborado por la Universidad Diego Portales, señaló que al 21 de septiembre de 2010 estaban activas 424 causas judiciales por ejecución y desaparición de personas y 32 por torturas y exhumación ilegal. Expresó, además, que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos reconocidas por el Estado, llegaban a 3.186. De ellas un 37% correspondía a víctimas de ejecución política y desaparición con causa activa; 57% a víctimas de ejecución política y desaparición con causa concluida; y 6%, a víctimas de ejecución política y desaparición sin causa.
En cuanto a los responsables, el mismo estudio dio cuenta que el total de agentes procesados y condenados desde el año 2000 llegaba a 777, a los que había que sumar a otros 11 procesados y condenados que fallecieron. Del total, 565 estaban procesados o condenados sin sentencia definitiva; 143, condenados con sentencia definitiva, libres por beneficios o con sentencia cumplida; y 69, condenados en prisión efectiva.
Ese balance sumó a los agentes de todos los servicios represivos y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden envueltos en violaciones a los derechos humanos; es decir, Dina, Sifa, Sicar, Comando Conjunto, CNI, Dicomcar y otros, existentes entre 1973 y marzo de 1990, el periodo de la dictadura militar.
Según la Comisión Valech, entre enero de 1974 y agosto de 1977 se registraron 5.266 detenciones calificadas, de las cuales 2.892 corresponden a personas que afirmaron haber permanecido en al menos un recinto de la Dina. Las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos coinciden, por su parte, en que de los 1.183 detenidos desaparecidos durante el régimen militar, un porcentaje muy alto de ellos es atribuible al organismo que dirigió el coronel Manuel Contreras Sepúlveda.
El colectivo de familiares de los desaparecidos y detenidos en la casona de Londres 38, en tanto, contabilizó que en los cuatro principales recintos secretos de la Dina -Londres 38, Ollagüe, Venda Sexy y Villa Grimaldi- entre el 20 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975 fueron hechos desaparecer y/o ejecutados más de 219 prisioneros. De ellos, cerca del 75% correspondió a militantes del MIR. A esta cifra se le deben agregar las víctimas del Partido Comunista en la ofensiva que emprendió la Dina entre fines de 1975 y las últimas semanas de 1976, que significó la desaparición de unos 70 de los máximos dirigentes de esa colectividad. También hay que sumar la casi decena de dirigentes del Partido Socialista detenidos y hechos desaparecer entre marzo y junio de 1975.
La Dina es responsable, además, de un número aún no precisado de asesinatos y desapariciones en el exterior, entre ellos los crímenes del general Carlos Prats y del ex ministro Orlando Letelier, en Buenos Aires y Washington, respectivamente. Falta también esclarecer, sin asomo de dudas, las muertes de los generales Oscar Bonilla y Augusto Lutz, aparte de otros oficiales, suboficiales y conscriptos del ejército, la Fuerza Aérea, Carabineros y la Policía de Investigaciones.
“EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE”
En el gobierno de Patricio Aylwin, el primero en el retorno a la democracia, se promovió un proyecto de ley que establecía plazos para el cierre de investigaciones en los casos de derechos humanos y amparaba el secreto de la identidad de quienes aportaran antecedentes. Es decir, privilegiaba algo de verdad por sobre la justicia. No se aprobó por la fuerte oposición que hicieron las agrupaciones de derechos humanos. Lo que sí se hizo fue calificar algunos procesos como “emblemáticos” y nombrar en ellos ministros en visita. Entre ellos estuvieron los asesinatos de Orlando Letelier, del general Carlos Prats, del dirigente sindical Tucapel Jiménez y de tres dirigentes comunistas, en 1985, en el denominado Caso Degollados. De ese modo los crímenes de la dictadura pasaron a tener diferentes categorías. Primero, los “emblemáticos”; luego, secuestros, torturas y desapariciones. En 1992, al dar a conocer al país los resultados de la Comisión Rettig, Aylwin acuñó el concepto “justicia en la medida de lo posible”, que reflejó nítidamente el tratamiento del tema en ese gobierno y en los siguientes.
En la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se promovió el proyecto de ley “Figueroa-Otero”, impulsado por el entonces ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el senador Miguel Otero, de la derechista Renovación Nacional. A través de esa ley se buscaba avalar el decreto Ley de Amnistía de 1978. Aquella iniciativa también fracasó. En ese gobierno también quedó en evidencia que la Concertación de Partidos por la Democracia había garantizado la impunidad a Pinochet y su familia. Fue Frei quien ordenó al Consejo de Defensa del Estado que no siguiera investigando un cuantioso fraude al ejército cometido por el hijo mayor del dictador, en el llamado caso “Pinocheques”. Más tarde, cuando el ex dictador fue detenido en Londres, el gobierno hizo lo imposible para traerlo de regreso a Chile. Pinochet bajó del avión en silla de ruedas, pero inmediatamente se levantó provocando el júbilo de sus partidarios y la impotencia de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que deseaban verlo juzgado por sus crímenes.
MINISTROS EXCLUSIVOS
En junio de 2001 por primera vez la Corte Suprema designó nueve ministros de dedicación exclusiva, y 51 jueces de dedicación preferente, para investigar causas de derechos humanos, incluyendo 114 casos de desaparición de personas. Las designaciones fueron ampliadas posteriormente en 2002 y 2004, y en 2010 se nombró por primera vez un ministro de la Corte Suprema para coordinador estos procesos. Los ministros respectivos ya eran de fuero -rango de Corte de Apelaciones-, si bien se fue perdiendo la designación de exclusividad que les había permitido dedicarse por completo a esas labores.
En 2003 el presidente Ricardo Lagos creó por decreto supremo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que funcionó hasta el año 2004 y acreditó la existencia de 28 mil 459 víctimas en la dictadura. La Ley 19.992 de 2004 en su título IV, artículo 15, establece que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas” ante la comisión y que dicho secreto “se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.
Algunos especialistas que trabajaron en dicha comisión han afirmado en los últimos días que en esos antecedentes secretos, guardados en una bodega del Museo de la Memoria, no se encuentran datos que permitan identificar a los responsable de los crímenes. En el Instituto de Derechos Humanos y en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, así como en las agrupaciones de familiares y víctimas, en cambio, consideran que dichos antecedentes constituyen un mapa completo de la represión en Chile entre 1973 y 1990.
En los casos del Informe Rettig y de la Comisión Valech II -creada en agosto de 2011 por Michelle Bachelet- los antecedentes están sometidos a confidencialidad y sólo los magistrados, en las causas que les competen, pueden acceder a ellos. “Tanto en Valech I como en Valech II, en principio hay una reserva, un secreto que es de 50 años y que, incluso, le impide a la judicatura conocer antecedentes (…) Con Valech I, como es una ley de quórum calificado, la verdad es que no hemos podido entregar esos antecedentes pero podría hacerse más de lo que se hace en materia de verdad y de justicia”, propuso Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por su parte, sugiere que una vez levantado el secreto, los antecedentes documentales tengan el carácter de públicos y los órganos encargados en la actualidad de la custodia y guarda de los mismos, se encarguen de arbitrar los medios necesarios para ponerlos a disposición de la sociedad, para lo cual el Estado debe velar por la entrega de los recursos requeridos.
Muchos creen que derogar el secreto de la información es factible, pero que se debe consultar primero a las personas que entregaron esos antecedentes bajo la condición de privacidad. En todo caso, también coinciden que debería hacerse cuando sea creada la Subsecretaría de Derechos Humanos, prevista para octubre próximo.
RESPONSABILIDAD
DE LOS MANDOS
En 1986, con el grado de brigadier general, Carlos Ojeda Vargas tenía el mando de la II División de ejército de Santiago y, por ende, de la Comandancia de Guarnición de ejército de la Región Metropolitana.
Cuando fue del todo evidente que el 1 y el 2 de julio de ese año tendría lugar un paro nacional de protesta contra la dictadura militar, el general Ojeda dispuso que las tropas a su mando -que debían cautelar el orden público- mimetizaran sus rostros con rayas negras, en lo que se conoce como “mimetismo nocturno”. Explicaciones posteriores dirían que Ojeda estaba cautelando el anonimato de los soldados. La verdad es que las rayas negras en la cara equivalen a una máscara que hace irreconocibles a quienes las llevan. En el siquismo del general Carlos Ojeda lo que interesaba era que las tropas tuvieran el mejor ánimo de guerra. Más tarde, cuando los mandos se enteraron de lo acontecido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, sería el vicecomandante del ejército, el general Santiago Sinclair, quien daría instrucciones para encubrir a los autores.
Existen numerosos antecedentes que comprueban la existencia de redes de protección en Chile y en el extranjero para los miembros de las fuerzas armadas y de los organismos represivos. El agente de la Dina Osvaldo Romo fue sacado hacia Brasil cuando los jueces empezaron a llamarlo a declarar; Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, agente civil del Comando Conjunto, fue trasladado a Paraguay, al igual que el capitán Patricio Castro, involucrado en el asesinato de Aurelio Sichel y en La Cutufa, una financiera ilegal formada en el ejército; el capitán Carlos Herrera Jiménez, agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), autor del homicidio de Tucapel Jiménez, fue trasladado a Uruguay para eludir la justicia; Mónica Lagos, alias Liliana Walker, fue protegida durante 16 años por ex miembros de la Dina en Santiago para que no fuera identificada y tuviera que concurrir a entregar su testimonio en el caso Letelier; todos los integrantes del cuartel de exterminio que la Dina tenía en calle Simón Bolívar fueron identificados hace sólo unos pocos años por el juez Víctor Montiglio; y así sucesivamente
MANUEL SALAZAR SALVO.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 834, 7 de agosto, 2015