La Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech) puso fecha a su primera movilización en la calle: será el jueves 16 de abril. Esta movilización ocurrirá cuando la legitimidad de los políticos atraviesa su peor momento, luego de conocerse hechos de corrupción que involucran a parlamentarios en complicidad con grandes empresarios.
Valentina Saavedra Paredes (24), presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocera de la Confech, dice que la corrupción debe destaparse por completo y nuevas fuerzas rediseñar la política como una actividad al servicio de las mayorías. Pronostica que este año el descontento social se expresará en una creciente exigencia de participación en la solución de los problemas en ámbitos tan variados como la educación, los bajos salarios, la salud o la destrucción del medioambiente. Enfatiza la necesidad de fortalecer un proceso de movilización social que culmine en una nueva Constitución que reemplace el actual Estado subsidiario por un Estado social de derechos.
El debate se ha desplazado hacia la crisis del sistema político. ¿Qué opinan los estudiantes?
“La prensa banaliza las denuncias de corrupción e influencia de los grandes empresarios en la política, como si fuera un reality show. Me recuerda la entrada al Congreso del ‘team Koala’. Es importante enfrentar este debate con un enfoque sistémico y no como si fuera un problema particular de cada parlamentario. Aquí no hay sólo responsabilidad individual.
Los que han cometido delitos deben irse y cumplir sentencia; pero el problema es más profundo. Tanto la derecha como la Nueva Mayoría no están dispuestos a asumir el problema de fondo. Probablemente los parlamentarios denunciados no sean los únicos que realizaban esas prácticas de cohecho, e incluso tenemos que considerar cuanta responsabilidad tienen también los empresarios.
Muchos parlamentarios han renunciado a su deber de resolver las necesidades del país y están al servicio del poder económico. En este punto no percibimos grandes diferencias entre las dos coaliciones”.
¿Qué piensa de la comisión presidencial creada para hacer propuestas sobre la influencia empresarial en la política?
“Cuando se realizó la primera sesión de la comisión, nos manifestamos en La Moneda, porque creemos que la solución planteada por la presidenta para enfrentar la corrupción política es insuficiente. No solo deben proponerse cambios legislativos o recetas de expertos.
La más dañada con esta situación es la democracia y hay que fortalecerla con la participación activa de la sociedad, transparentando los procesos que realizan el gobierno y el Congreso. Tenemos que exigir que la política se haga para las mayorías. Queremos que la discusión de las reformas se transparente. Esas políticas no serán legítimas ni exitosas si los actores sociales no somos parte de ellas.
La anterior comisión de expertos de Bachelet para educación creó la Ley General de Educación (LGE). No sé qué cambios se pueden esperar de estos grupos llenos de magisters y doctorados. El problema es que en una sociedad neoliberal, hasta las conclusiones más aberrantes se pueden justificar con cifras.
Primero tenemos que resolver qué tipo de sociedad queremos construir y recién después, podremos pasar a un plano técnico. Estas comisiones trabajan sobre un paradigma que es neoliberal y proempresarial. De ellas solo puede surgir un perfeccionamiento del sistema.
Si hay escándalos tan profundos como los de Penta, Caval y SQM, lo mínimo aceptable es que se investigue hasta las últimas consecuencias. Todo Chile tiene la sensación de que se siguen cometiendo delitos derivados de esta colusión entre grandes empresarios y la élite política”.
¿Tiene dudas al respecto?
“Nos preocupan las señales de ciertas autoridades. Permiten sospechar que se está impidiendo avanzar en los procesos para transparentar estas denuncias. Si están tan preocupados, podemos presumir que algo quieren ocultar. Que el Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal Constitucional se hayan activado cuando salió la arista SQM, permite presumir que no ha sido una reacción espontánea. Mientras el debate circuló en torno al caso Penta, la Nueva Mayoría estuvo exigiendo que se investigara ‘caiga quien caiga’. Pero cuando surgieron otras denuncias que pudieran involucrarla, las instituciones cierran filas y surgen maniobras para dificultar la investigación.
Los poderes fácticos tienen conciencia de que este puede ser un escándalo gigantesco y muchos comienzan a taparlo. La frase: ‘Dejen que las instituciones funcionen’ es falaz si se considera cómo se designan los integrantes del Tribunal Constitucional o quién nombra al director del SII. Si las instituciones deben lealtad a ciertos sectores políticos, es difícil que funcionen con neutralidad.
Esta crisis debe profundizarse porque en la medida que se profundiza, se abren espacios reales para cambiar la calidad de la política. Lo más importante ahora es ventilar todo, que aparezcan nuevas fuerzas capaces de terminar con estas relaciones espurias entre política y negocios”.
Muchos manifiestan temor de que el desprestigio de la política derive en ingobernabilidad.
“Van surgir nuevas fuerzas, porque se necesitan sectores dispuestos a hacer política desde los intereses de la mayoría. No se visualizan claramente todavía esas fuerzas de reemplazo, pero estamos trabajando para construirlas. Existe interés generalizado en organizaciones políticas no constituidas formalmente, para trabajar en una alternativa a esta casta que hoy funciona al alero del gran empresariado.
La aparición de nuevas fuerzas políticas es un desafío especialmente para la Izquierda, aunque tenemos que superar cierta arrogancia de algunos que piensan que sólo ellos pueden hacer bien las cosas. Como Izquierda Autónoma estamos por ahora en un proceso de cohesión interna. Pero el escenario actual exige algo más y debemos estar a la altura de las circunstancias”.
¿Qué importancia tiene la idea de iniciar un proceso constituyente?
“Estamos de acuerdo con una nueva Constitución y el mejor medio para lograrla es una Asamblea Constituyente. Las diferencias surgen cuando se discuten los caminos para llegar a ésta. El problema es que si logramos ganar el espacio de una Asamblea Constituyente, éste no nos sea arrebatado. Las actuales correlaciones de fuerzas impiden por ahora conseguir una Constitución que represente los valores e intereses de la mayoría. Con una correlación de fuerzas desfavorable, lo que lograríamos sería una Constitución tan neoliberal como esta.
Lo fundamental es el proceso constituyente, y no podemos dejar que la ansiedad nos engañe. Lo único que produce nuevas realidades son las luchas concretas que permitan articular a los movimientos sociales detrás de una nueva concepción de poder. Queremos una Asamblea Constituyente para lograr una Constitución que ponga fin al Estado subsidiario, con derechos garantizados para los ciudadanos y una democracia fortalecida y más igualitaria. El camino es importante para el propósito, y en su logro deben participar todas las fuerzas políticas y sociales. Nosotros debemos generar condiciones para fortalecer los espacios de lucha por la educación, la salud, la defensa de los territorios y el medioambiente”.
¿Su pronóstico para 2015?
“Percibo un malestar generalizado y una gran decepción. Puede ocurrir un estallido social. Repentinamente descubrimos que en la elite política no hay preocupación por el bienestar de la sociedad. Esa constatación precipita una crisis que no se resolverá en pocos meses. Existe una deslegitimación profunda de los que están en el poder y no es posible remediarla porque se ha tocado la fibra profunda de la sociedad. Es muy difícil volver atrás. Bachelet era la imagen intocable de la Nueva Mayoría. Luego del episodio de su hijo, la ciudadanía no confía en nadie.
Esta crisis se irá profundizando, porque existe mayor conciencia de la necesidad de profundizarla; aunque no sepamos bien cómo se resolverla. Este año el malestar se expresará en las calles y espero que se traduzca en organización y en movilización del conjunto de la sociedad”.
¿Qué plantea el movimiento estudiantil ante esta realidad?
“Nos interesa lograr más y mejor democracia. Cómo se resuelva el conflicto educacional va a determinar de modo importante el curso de los acontecimientos. Veremos si la Nueva Mayoría representa una nueva forma de hacer política o simplemente es la misma política tan desacreditada. Si no hay un cambio de conducta, se precipitará más la crisis.
Paralelamente está la necesidad de construir alternativas desde las fuerzas vivas de la sociedad, para abrir paso a una Izquierda real, esperada por aquellos que se han desilusionado de la Nueva Mayoría. Tenemos que trabajar mucho para eso.
Este será un año movilizado, nos expresaremos en las calles y haremos propuestas. Nos esforzaremos por fortalecer al movimiento social, por ampliar sus espaldas y por diversificarlo. Muchos pensaron que la presencia en la Confech del dirigente Ricardo Sande, presidente de Feuc, de derecha, sería complicada. Pero los acuerdos se han logrado. Mientras las vocerías expresemos la voz de la mayoría, todo está bien.
También trabajaremos unidos con los profesores, con los estudiantes secundarios, con los trabajadores de la educación, con los padres y apoderados, con los movimientos feministas, medioambientales, con los pobladores y los trabajadores. Los estudiantes somos más dinámicos, pero el actual es un malestar que vive toda la sociedad”.
¿Cuáles son los puntos de consenso que mueven a la Confech?
“Se mantiene en la propuesta del gobierno una lógica mercantil, que enfatiza el carácter subsidiario del Estado en la enseñanza. Nos quieren hacer pensar que la segregación y la desigualdad son intrínsecas a la sociedad. Bajo esta mirada, la educación se transforma en una herramienta de reproducción de desigualdades, más que en una vía de integración de la sociedad.
La Confech ve la educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado; entendido como una responsabilidad colectiva de la sociedad y no como un asunto que debe resolver cada persona. Estos principios son muy distintos a los que plantea el gobierno, cuando ofrece más becas o nuevos sistemas de admisión”.
¿Se sienten escuchados por el gobierno y el Congreso?
“Por el Congreso menos que por el gobierno. A fines de 2014 asistimos la Comisión de Educación del Senado. Mientras hacíamos nuestros planteamientos, los senadores se ausentaban, demostrando su desinterés por nuestra opinión; sin embargo, el día anterior se habían quedado hasta la una de la madrugada escuchando la visión de la Iglesia Católica y a los sostenedores privados. El año pasado tampoco el gobierno tuvo mucha voluntad de escuchar. Habla de dialogar, pero eso no se concreta y en última instancia es un show para limpiar su imagen; pero no hay voluntad real de llegar a acuerdos”.
¿Cuál es la responsabilidad del gobierno?
“Las reformas educacional y laboral, tienen en común la escasa incidencia de los sectores sociales directamente interesados en estos proyectos. El problema de fondo radica en la nula participación que han tenido trabajadores, profesores y estudiantes en la definición de las reformas.
Aunque a nadie le gustan estas reformas, las autoridades del gobierno afirman que todo ‘está bien’. Hay sordera respecto a lo que dice la sociedad. La reforma laboral no responde a las necesidades de los trabajadores, favorece a los empresarios, impone prácticas antisindicales y debilita a los sindicatos”.
RUBEN ANDINO MALDONADO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 825, 3 de abril, 2015