CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos informó en rueda de prensa los aspectos que siguen afectando a las víctimas de violaciones de derechos humanos e impiden una plena rehabilitación y reinserción en la sociedad.
José Miguel Guzmán, Director Ejecutivo de Cintras, señaló que la Impunidad y una limitada política de Reparación, favorecen la recurrencia del daño, la aparición de nuevos dolores y frustraciones, con consecuencias retraumatizantes graves para la psiquis de las personas torturadas y sus familias. Con casi 29 años de asistencia médico-psicológica a más de 4.000 personas y sus respectivas familias, en suma más de 15 mil beneficiarios víctimas de violaciones de sus derechos humanos durante la dictadura, hemos aprendido que no hay proceso de elaboración posible del trauma psicológico y social sin que medien los actos de justicia que impidan la impunidad para los graves crímenes que se cometieron en nuestro país durante la dictadura cívico militar.
Por otro, lado, el psiquiatra José Luis Tejada, Director Clínico de Cintras, señaló que las medidas de reparación deben ser capaces de resolver adecuadamente las necesidades que se propone satisfacer. Una solución a medias sólo va a aumentar los sentimientos de frustración, impotencia o decepción de los afectados y arriesga a consolidar la imagen de abandono y estigmatización a la que han estado expuestos por parte del Estado chileno durante tantos años.
La exigencia realizada es al Estado para que implemente:
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Políticas idóneas y efectivas de reparación integral incluyendo la rehabilitación integral.
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Políticas sociales incluyentes que garanticen los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de mujeres, hombres, niñas y niños.
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Investigar todos los casos de víctimas de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes y que los responsables sean sancionados.
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Modificación del Código Penal, que data de 1874, el que no incluye el concepto de tortura, sino que se califican como “apremios ilegítimos”.
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En ese mismo sentido, nos parece que es urgente indagar y sancionar los delitos de tortura de connotación sexual registrados en el periodo dictatorial y que se tipifique esta práctica aberrante.
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El Estado debe responder ante la normativa internacional de derechos humanos con la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad, en particular de la tortura cometida por agentes del Estado.
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Desclasificación de todos los archivos secretos que aún mantienen los servicios de seguridad y aparatos de inteligencia de las fuerzas armadas, así como la desclasificación de los datos aportados en ambos períodos de la Comisión Prisión Política y Tortura ocultados por 50 años.
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Exigimos la búsqueda y desclasificación de los archivos ocultos en las dependencias de la ex Colonia Dignidad
Por su parte, Nieves Ayress, sobreviviente de tortura y querellante por violencia sexual, entregó un desgarrador testimonio de los abusos vividos por ella y otras prisioneras políticas, señalando que era una política consciente de sus captores para “quebrar” a los detenidos. Exaltó al Estado a investigar y sancionar a quienes se pasean con total impunidad por las calles del país.
Finalmente, la profesora Vilma Abarzúa, en su calidad de Presidente de los Beneficiarios PRAIS, -además de su testimonio- dio cuenta de la situación de salud a las víctimas, enfatizando en la insuficiencia de los programas de reparación estatal, no sólo en salud, sino en las pensiones, la reparación social. Concluyó agradeciendo la atención de Cintras, que le ha ido permitiendo reinsertarse en la sociedad a pesar del daño, resignificando la experiencia traumática y sentirse valiosa y capaz.
Los convocantes expresan su convencimiento de que estas medidas contribuirán a construir el camino por más verdad, justicia, memoria y reparación integral.
Crónica Digital