Esos chilenos que desprecian a los “países bananeros” no reparan en que nuestras leyes laborales, generadas en una dictadura, no son propias de un país civilizado y que si queremos ser “desarrollados” en el 2018, deberíamos tener leyes que respeten los derechos humanos.
Con la promulgación de la Constitución del 80 como marco, la dictadura restringió por ley la organización de los trabajadores, el derecho a huelga y la negociación colectiva. “La huelga es cosa de araucanos” decían sus ideólogos. Los escasos derechos laborales actuales se concentran en los trabajadores con contratos indefinidos, por tanto las empresas desarrollan una serie de subterfugios para evitarlos y una gran cantidad de trabajadores vive en la precariedad. Se usa normalmente:
-la subcontratación de los servicios diferentes al giro principal de la empresa, como vigilancia y aseo, aunque actualmente, de manera creciente lo usan para el giro sustantivo de la empresa. Estos subcontratos duran períodos breves, “por obra” y son seguidos de finiquitos para luego hacer nuevos contratos. Un trabajador que pertenece a una empresa subcontratista percibe el 20 a 30% de un trabajador de la empresa y carece de estabilidad.
-también usan empresas proveedoras de trabajadores, lo que es lícito cuando se trata de proveer personal para situaciones ocasionales, pero se usa para suministrar personal para las labores principales y permanentes, lo que no está regulado por la Ley. Muchas veces una empresa no contrata directamente su personal, crea una subsidiaria, cuyo giro es solo autosuministrarse personal.
-los multirut, es decir una misma empresa está dividida en tres, cuatro, cinco o más razones sociales sin que corresponda a una lógica interna dejando el peso de la contratación de personal a alguna de las sociedades, cuyo único requisito es carecer de capital. Muchas veces, se crea una nueva sociedad que continúe la antigua formalmente terminada. Sus activos se traspasan a la nueva, que sigue funcionando desde fojas cero, sin ningún tipo de deudas, sin trabajadores. Los trabajadores, finiquitados en su totalidad, quedan con una sociedad deudora que no tiene bienes, es decir nadie les paga. Cada razón social no cumple los requisitos para formar un sindicato.
Según análisis de la Fundación Sol la negociación colectiva actual es enormemente limitada.
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Se concibe explícitamente como un proceso no-distributivo de los ingresos.
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Se excluye a los trabajadores con contrato de obra o faena, de temporada y contratos de aprendizaje. Se excluyen también empresas pequeñas.
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Existe bi-titularidad: sindicatos y Grupos Negociadores están facultados para negociar con el empleador, lo que es un desincentivo a la acción sindical.
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Los beneficios obtenidos por el sindicato se pueden extender a los trabajadores no sindicalizados si se les cobra el 75% de la cuota sindical, lo cual es otro desincentivo a la acción colectiva y a la organización de los trabajadores.
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Se negocia a nivel de empresa, que es el nivel más fragmentado posible. Dentro de los que negocian, hay dos sistemas: con derecho a huelga y sin derecho a huelga (un “mendigar colectivo” dirían los tribunales federales alemanes). En 2011, un 31,4% de los trabajadores involucrados en negociaciones colectivas, utilizaban el modelo sin derecho a huelga. En 1990, era un 13,7%.
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En el caso de los que utilizan el sistema con derecho a huelga, existe un mecanismo que está orientado a permitir que las empresas eviten detener su operación. En efecto, cumpliendo con ciertas prerrogativas básicas, pueden reemplazar trabajadores desde el primer día de huelga, debiendo cancelar un monto en dinero por trabajador reemplazado al sindicato. En síntesis, el reemplazo se permite.
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Se prohíbe que el contenido de la negociación esté relacionado con la “facultad de administrar la empresa”, para impedir co-gestionar el negocio.
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Es un sistema cerrado: los beneficios de la negociación son solo para los trabajadores suscritos en la nómina que negocia y no corre para las personas que se van integrando al sindicato con posterioridad.
Esta legislación antisindical tiene base estructural y se ve fortalecida por la nueva conformación de la clase obrera, cada vez más prescindible. Las empresas necesitan menos trabajadores, o menos horas de trabajo, tanto por el reemplazo de mano de obra por la tecnología digital, como por la externalización de la manufactura al Asia. Así nos encontramos con un pequeño grupo de trabajadores de alto nivel, “autoprogramables” que constituyen el núcleo que maneja la empresa y dos tipos de trabajadores prescindibles:
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Los “trabajadores de servicios rutinarios de producción”, como los obreros de fábricas y los telefonistas, cuya labor puede realizarse desde cualquier parte de la tierra.
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Los “trabajadores de servicios en persona”, como los cajeros, administrativos, taxistas, camareros, quienes, según el sociólogo Anthony Giddens, protagonizan la “macdonalización” del mundo.
Estos trabajadores, aunque cuenten con mejores leyes en sus empresas, al no ser imprescindibles rara vez se sindicalizan por miedo a perder su fuente de trabajo, ya que la sindicalización en Chile es optativa. Por definición, toda la mano de obra temporera de la agro industria no se sindicaliza.
Por otra parte y profundizando la desigualdad y la segregación, los trabajadores “autoprogramables” mejorarán sin hacer grandes movimientos ni requerir organización, porque son imprescindibles para la gran empresa, ya que son profesionales altamente calificados que utilizan el conocimiento como materia prima y reciben una muy buena recompensa económica por ello. Son bilingües y la mayoría cuenta con estudios de postgrado, provenientes de buenos colegios, de la cota mil y pagando las mejores universidades de Chile y el primer mundo.
Aunque haya un 75,5% de trabajadores en la actualidad con contrato indefinido, la debilidad fundamental de la mayoría no es solo la legislación vigente, sino el ser prescindible y, en un país donde la protección del Estado es inexistente, eso es grave. Por tanto, la reforma laboral debe considerar al conjunto de la sociedad y llegar a consensos sobre el aporte de cada sector a la estabilidad y a las posibilidades de una convivencia civilizada y sustentable. Por los cambios de los sistemas de producción, hoy más que nunca debemos impulsar estas reformas, que no solo deberán dar instrumentos a los trabajadores para defenderse, sino estudiar las nuevas formas de enfrentar estos cambios estructurales que se están dando a nivel planetario. Hay que pensar, de una vez por todas, como poner el desarrollo de la tecnología al servicio de las mayorías. Por ejemplo, hay que disminuir la jornada de trabajo, aumentar el ocio, el estudio, el arte, las ciencias y las horas dedicadas al crecimiento del ser humano de forma integral.
Cuando la mayor parte de nuestros trabajadores viven en ghettos avasallados por la droga y el microtráfico y al mismo tiempo se les conmina a consumir más pese a que cuentan con magros ingresos, estamos llamándolos a la delincuencia o al suicidio o, por lo menos a la amargura y a la desesperanza.