Nuevamente Chile se abre al debate sobre el aborto. Esta vez es a causa de una niña de 13 años violada por un hermanastro en Carahue. Pese a un embarazo inviable por malformación congénita cardiaca del feto, soportó ocho meses de gestación por la imposibilidad legal de abortar. Trasladada al hospital Luis Tisné, en Santiago, luego de cinco horas de trabajo de parto, dio a luz una criatura que murió 72 horas después.
Este caso cumplía con las tres razones por las cuales Michelle Bachelet se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley sobre aborto: inviabilidad del feto, riesgo vital de la madre y violación-incesto. Sin embargo, este gobierno con rostro de mujer y demasiados problemas como para sumar uno más a su larga lista, mantuvo silencio, concediendo un nuevo punto a la Democracia Cristiana y a las “fuerzas conservadoras de la política”, aumentando a la vez el poder de los credos religiosos que se oponen a ultranza al aborto.
Antes fue Mónica Pérez, la periodista de TVN, que dio a conocer la dolorosa experiencia de un embarazo inviable llevado a término. Después, la aberrante historia de una niña de 13 años que según el entonces presidente Piñera estaba “madura” para ser madre, rol que en efecto tuvo que asumir. Luego, la adolescente que casi muere por un aborto casero con Misotrol. Todos casos bullados, espectacularizados, carne para convertirse en una ley con nombre y apellido, como están siendo la mayoría de las leyes que protegen la dignidad del individuo, por ejemplo la Ley Zamudio, la Ley Emilia o la Ley Ricarte Soto. Pero, en tema de aborto, se sigue con respeto el legado del cardenal Jorge Medina y el almirante José Toribio Merino, que en 1989 impusieron la prohibición de todo tipo de aborto, incluyendo el terapéutico. Un anhelo que Jaime Guzmán buscó concretar en la comisión constituyente del 14 de noviembre de 1974, cuando explicitó: “La madre debe tener el hijo aunque salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte”. Este tétrico y perverso deseo del fundador de la UDI, hoy se cumple en la vida de miles de mujeres chilenas.
LA MORAL POR SOBRE
CRITERIOS DE SALUD
Aunque se someta a escrutinio y debate, básicamente el dispositivo que castiga al ser humano sometiéndolo a una condición reproductora se ha naturalizado tan obscenamente, que el semen de un violador, que en una alta probabilidad suele ser de un familiar, es más importante que la vida de la mujer. Bajo esta lógica, la niña o mujer perdería su estatus de persona sujeta a derechos y se convertiría en una cosa: una muestra escabrosa del patriarcado, el cual se intenta burlar con 160 mil abortos clandestinos anuales, según el Observatorio de Género.
La brecha socioeconómica hace la diferencia entre vida o muerte. Las clínicas privadas definitivamente no son lo mismo que un aborto casero autoinducido con Misotrol comprado por Internet, o con “profesionales” de dudosa competencia. Si llega a ser sorprendida, según el artículo 344 del Código Penal, “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio”.
El drama no termina aquí. Las mujeres que aceptan ser madres, se ven enfrentadas a la posibilidad de llevar en el útero un feto inviable por anancefalia u otras mutaciones propias de enfermedades congénitas graves, que casi siempre ponen en peligro la vida de las embarazadas. Las mujeres deben entregarse como conejillos de Indias a la ciencia, para que algún facultativo haga clases prácticas a estudiantes de medicina, y el hospital se quede con las ecografías y hasta con el cadáver del feto en un frasco con formol. Uno de esos testimonios, desgarradores, es el de Natalia Ahumada, una mujer que ya apareció como ejemplo de coraje en Punto Final a propósito de los estudiantes que trabajan para pagar sus carreras universitarias y paliar el endeudamiento y la miseria (ver PF 664, junio 2008).
MATERNIDAD AL SERVICIO
DE LA CIENCIA
Natalia Ahumada llegó de Punta Arenas a Valparaíso para estudiar música. La recuerdo como entusiasta apoderada en la escuelita donde llevábamos a nuestros hijos. Ni suelta ni feminazi. Cantaba en las micros y bares para solventar su modesta vida de universitaria. Radicada en Concón con su niñito, compartían una cabaña. Hace poco, volvimos a conversar. Su hijo ya de 12 años y ella nuevamente embarazada. Me pidió divulgar su experiencia como víctima de violación de derechos humanos a causa de la falta de un derecho al aborto libre y seguro.
Natalia se enteró de la inviabilidad del feto cuando tenía veinte semanas de embarazo. Pero le hicieron diagnósticos muy mal explicados que le dieron ilusiones de sobrevida de su Angelita, nombre con el que su compañero y ella bautizaron a la guagua. Definitivamente, les dieron el veredicto final a las 32 semanas de gestación. Estudiosos practicantes comentaban su caso mirando libros y exclamando “¡brígido!”, sin ninguna delicadeza, como si Natalia Ahumada fuera una rata de laboratorio. Diagnosticaron “acortamiento severo riso-meso-mielico de las extremidades. Hipomineralización del cráneo. Tórax hipoplásico. Hidrops: ascitis, hidrotórax, edema tegumentario difuso”, cuestiones que ella entendió solo a medias. Natalia hizo la pregunta que jamás había mencionado. “Les pregunté si se veía el sexo: me dijeron que ‘parecía’ que era una niñita. Ahí me quebré”.
Antes, otra camada de médicos novatos más un profesor guía, le habían dado el siguiente diagnóstico: “Cráneo alargado desmineralizado, estructuras cerebrales en límites normales. Hueso nasal hipoplásico, micrognatia frontal prominente. Tórax hipoplásico severo. Corazón sin alteraciones estructurales. Ascitis. Acortamiento severo de las extremidades”. Y más tarde, la eminencia en ecografía que no la había atendido por estar de vacaciones, apenas llegó la examinó, agregando hallazgos sugerentes de displasia esquelética con signos de severidad, nombre de la enfermedad, con los apellidos de osteogénesis imperfecta, que no pudo asegurar porque no lo podía deducir por la ecografía.
DIAGNOSTICOS MEDICOS
Natalia cuenta que el doctor también le dijo que en el Hospital Van Buren en el 100% de esos casos, los bebés mueren. “Yo pensé que era demasiado categórico. ¿Por qué no me decía ‘en mi experiencia como doctor’, sino que me hablaba sólo de la experiencia del Hospital Van Buren? ¿Qué pasará en otros universos médicos?”.
La actitud de la “ciencia” predispuso a Natalia Ahumada a creer que sí podía intentar hacer algo por su hija. La enviaron a hacerse un complicado examen para extraer sangre del cordón umbilical del feto de cinco meses para saber si tenía síndrome de Down. Ella dedujo que si importaba tanto su cromosomía, era porque la criatura podía sobrevivir. Sufrir un embarazo inviable que la ley obliga a llevar a término, dio pie para que las investigaciones en el Hospital Van Buren la tuvieron mal emocional y físicamente. Cada vez que era hospitalizada, tenía que soportar las deficientes instalaciones. Se preguntaba: “¿Si el Estado no me permite abortar, por qué no me ayuda a sobrellevar esta situación?”. Recurrió a Ricardo Lagos Weber, que aprueba el aborto en determinados casos. Consiguió que la secretaria del senador gestionara una hora al siquiatra, pero esto quedó en una sola sesión, porque nunca más la atendió gratuitamente.
LA MUERTE DE ANGELITA
El 5 de agosto, Natalia fue en la mañana al servicio de Urgencia del hospital. Sin dinero para medicamentos y luego de seis horas, un matrón le realizó un brusco tacto y luego de colocarle un medicamento a la vena para parar el trabajo de parto, que ya se había desencadenado, la envió a su casa. ¿Por qué no respetar este proceso? ¿Porque se podía considerar abortista dejar que su cuerpo naturalmente expulsara a la criatura?
Angelita murió entre el 5 y el 7 de agosto. Cuando Natalia volvió al hospital con mucha perdida de líquido, le dijeron que la bebé ya no tenía latidos. “¿Para qué me hicieron vivir todo este dolor? ¿Por qué la indiferencia y el mal trato?”.
Por ser de Fonasa A, por la determinación biológica que nos hizo mujeres antes que seres humanos: por el sexo y por la clase. Gracias a damas filantrópicas que trabajan ad honorem, consiguió ser tratada con rapidez y en una sala para ella. Le indujeron el parto esa noche. Tras doce horas de contracciones, Angelita llegó al mundo, muerta.
SEPULTAR A UN NONATO
Lo que vino después no fue ningún alivio para Natalia. Tuvo que afrontar uno de los trámites más dolorosos: sepultar a un nonato. Según la ley, la recién parida es la única persona que puede hacer los trámites. “Hijo femenino de Natalia Ahumada”, decía el certificado médico que le entregaron un día después para presentarlo en el Registro Civil. La funcionaria no sabía cómo hacer este trámite. El 12 de agosto, el Registro Civil la envió al tribunal para que les permitieran sacar el cuerpo de Angelita de la morgue. Ya habían pasado tres días de su fallecimiento. Natalia y su compañero no tenían dinero para los trámites funerarios. Sus pocos ahorros se gastaron a lo largo de los siete meses de calvario. Acudió al asistente social del hospital, pero la derivaron al Municipio, donde, a su vez, la derivaron a la Intendencia, donde al cabo de otros dos días le prestaron ayuda. Finalmente enterraron a Angelita el viernes 15 de agosto de 2014.
El 20 de agosto, el día de su cumpleaños número 34, Natalia Ahumada decidió cerrar el ciclo: “Han sido los peores meses de mi vida y eso que no tengo una vida muy fácil. Espero que este drama no lo viva otra mujer ni que continúe la indiferencia ante el aborto terapéutico. Basta de tortura a nuestro género, basta de elegir por nosotras”, dice y agrega: “Me encuentro trabajando en un canto a lo divino para mi hija Angelita Mía Saavedra Ahumada, que denuncie el maltrato e indiferencia a que fuimos sometidas”. Porque la senadora Ena Von Baer (UDI) efectivamente tiene razón. Chile es un país donde la mujer, aunque sea agnóstica y “feminista”, presta el cuerpo políticamente, solapando el sistema heredado por la dictadura, en donde las mujeres no tenemos ni los más básicos derechos humanos.
KAREN HERMOSILLA
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 817, 14 de noviembre, 2014