Rabia, hastío, indignación, cansancio. Esos eran los sentimientos de quienes se reunieron en las puertas de la catedral de Santiago durante la masiva manifestación de solidaridad con los sacerdotes Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate. Esa tarde, el 17 de octubre, se notaba que algo profundo se había quebrado al interior de la convivencia interna de la Iglesia Católica chilena. El acto recordaba en su forma y en su contenido a las liturgias por la vida que se celebraron en ese mismo lugar al amparo de la Vicaría de la Solidaridad, durante los años más duros de la dictadura.
Pero si en esos años el cardenal Raúl Silva Henríquez respaldaba abiertamente a los manifestantes, en esta ocasión el cardenal Ricardo Ezzati concentraba las críticas y los reproches de sus feligreses.
La “investigación” eclesial que afecta a estos tres sacerdotes ha despertado la reacción de buena parte de la ciudadanía, que aprecia un vivo contraste entre un episcopado complaciente ante los sacerdotes condenados por abusos sexuales y corrupción financiera, pero durísimo e intransigente contra el clero que expresa disidencias públicas y argumentadas respecto a sus orientaciones pastorales. Este doble estándar se agrava en esta coyuntura, ya que la Conferencia Episcopal aparece claramente alineada con los partidos de derecha, en abierta oposición a la reforma educacional, defendiendo con uñas y dientes el lucro con recursos públicos y las prácticas de selección discriminatoria dentro de sus colegios. Además, esta ola de acusaciones coincide con la condena por abusos sexuales al Legionario de Cristo John O’Reilly, por lo que varios analistas han especulado sobre un intento de venganza por parte de los círculos más integristas del catolicismo criollo.
La indignación ciudadana se agrava en tanto Mariano Puga y José Aldunate son reconocidos sacerdotes obreros, que constituyen monumentos vivientes, personalidades históricas de enorme envergadura que trascienden por su biografía a la Iglesia Católica y constituyen un patrimonio nacional, como héroes en la defensa de los derechos humanos y a favor de la democracia. Por su edad (83 y 97 años, respectivamente) cuesta entender el interés por acallarlos. De allí se desprende que el verdadero interés de sus acusadores apunta al tercero en la lista: Felipe Berríos, un jesuita joven, que se ganó la confianza de muchos hijos de gerentes en los años noventa, sacándolos de la órbita de influencia de los movimientos ultraconservadores por medio de Un Techo para Chile. De allí que Berríos concentre los odios y envidias más enconadas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo, que ven con impotencia cómo este jesuita quebró el “monopolio” que estos grupos tejieron entre los jóvenes del barrio alto, apartándolos de sus proyectos religiosos, políticos y empresariales. Las disidencias doctrinales de Berríos aparecen como una excusa perfecta para alejarle de los círculos de influencia social, política y económica y arrinconarle en posiciones subalternas y sin visibilidad, al menos por algunos años. Su reciente destinación al campamento La Chimba, en Antofagasta, responde claramente a este criterio.
Además, al ataque contra los tres sacerdotes ya mencionados se debe agregar una acusación ante el tribunal eclesiástico contra el jesuita y rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, interpuesta por el abogado Sergio García Valdés, junto a otros seis abogados, debido a que su universidad otorgó un premio de periodismo a un reportaje del periodista Jorge Rojas publicado en 2013 en The Clinic. “La del padre (Fernando) Montes ha sido una actitud desafiante e incongruente”, acusó desde La Tercera García Valdés, quien en 1996 ya intentó un recurso de prohibición de la película La última tentación de Cristo y defendió judicialmente al sacerdote pinochetista Raúl Hasbún.
UNA ESTRUCTURA DE
CONTROL Y REPRESION
Estos casos han desnudado un complejo sistema de control del pensamiento que no sólo afecta a los miembros del clero católico y de las congregaciones religiosas. Se trata de una verdadera policía ideológica que opera desde hace décadas, y que ha servido para acallar voces disidentes en las instituciones de educación, prensa y salud ligadas a la Iglesia Católica. Un modelo de control social basado en ataques anónimos por parte de “testigos sin rostro”, que funciona bajo la protección del poder eclesial. ¿Cómo opera este sistema de denuncias, acusaciones y sanciones? ¿Cuáles son los efectos prácticos de estas acusaciones? ¿Quiénes se benefician de este sistema de imputaciones anónimas, frente a las que no cabe recurso ni apelación? Un profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que prefiere no dar su nombre por temor a represalias, nos describe el sistema: “Lo que ocurre es que un grupo de académicos, sacerdotes y abogados del ala más integrista de la Iglesia ha diseñado una estructura de denuncias por diferentes frentes. Por un lado, solicitan a la Nunciatura una ‘aclaración doctrinal’ cuando descubren que alguna persona ligada a la Iglesia ha expresado algún punto de vista que disiente de sus postulados. Lo extraño es que la Nunciatura acoge las imputaciones que lanza este grupo, sin importar la credibilidad de sus denuncias, e inicia un trámite de indagación: solicita informes al arzobispo y a su vez éste recaba información a los órganos dependientes. Se han dado varios casos en los que el nuncio recibe acusaciones en contra de profesores de la Universidad Católica. Entonces pide información al arzobispo, el arzobispo le solicita datos al vice-gran canciller, y éste extiende la demanda al decano de la Facultad del académico acusado. Cuando esto se produce, el profesor aludido no conoce quién le ha denunciado ni sus motivos. Cuando se consulta a la Nunciatura la respuesta es siempre la misma: ‘Se está recabando información para determinar si cabe una investigación’, en otras palabras, te estamos estudiando para saber si te acusamos”.
El método descrito por este académico fue el empleado en contra de Aldunate, Berríos y Puga. Otro modo de operar es presentar un escrito directamente ante el tribunal eclesiástico. Ese es el caso de la denuncia en contra de Fernando Montes. También se da el caso de acciones coordinadas para frenar la contratación de académicos, que habiendo sido seleccionados por el sistema de contratación de la Universidad Católica, no responden a sus valoraciones fundamentalistas. No es extraño que presionen a los decanos, rompiendo con los mecanismos oficiales de evaluación docente.
Si un ciudadano anónimo se acercara en la actualidad a la Nunciatura a solicitar que se “aclaren” las declaraciones de un sacerdote, su petición no llegaría muy lejos. Muy diferente es el caso del círculo de denunciantes “profesionales”, miembros de movimientos integristas que acceden directamente al círculo de influencias de la Nunciatura y que actúan como agentes informantes en esta verdadera “policía del pensamiento”. Consultando fuentes eclesiásticas afectadas por este tipo de denuncias se refieren a las prácticas recurrentes de personajes como Jaime Antúnez Aldunate, director de la revista Humanitas de la UC, Joaquín García Huidobro y Cristóbal Orrego Sánchez, ambos columnistas de El Mercurio, y el abogado Opus Dei Jorge Reyes. Este último ha llegado a tales extremos que el senador UDI Iván Moreira lo acusó en 2012 de ser “un hombre de alma sucia, que se contradice con lo que dice defender, que es la vida, porque actúa de la misma forma que un integrante de una secta venenosa”.
LAS RESPONSABILIDADES DE EZZATI Y DEL NUNCIO SCAPOLO
El arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati ha evadido su responsabilidad durante esta polémica, afirmando que su única acción fue enviar a la Nunciatura un dossier con artículos de prensa donde aparecían las declaraciones de los tres sacerdotes, respecto a la reforma educacional, el aborto terapéutico y el matrimonio homosexual. Ezzati sostiene que fue la Nunciatura la que solicitó esta información. Sin embargo, un cardenal y arzobispo metropolitano no está obligado a responder mecánicamente a este tipo de solicitudes, que invaden sus competencias canónicas. Y se olvida que él mismo comentó en la Vicaría de la Zona Norte que le “preocupaban” las palabras de estos tres sacerdotes.
Por su parte, el nuncio, Ivo Scapolo, muy cercano al nuncio Angelo Sodano, durante los años de la dictadura, calla respecto a los motivos para hacer esta solicitud y oculta el nombre de los acusadores. Scapolo, extremadamente cercano a la prelatura del Opus Dei, prometió ante la prensa una aclaración que nunca ha llegado. “Alguien va a explicar, alguien va a explicar”, declaró el 15 de octubre en CNN. Al cierre de esta edición la Nunciatura no ha vuelto a tocar el tema y consultada de forma telefónica por PF, ha rehusado hacer nuevos comentarios. La Nunciatura nunca investigó a los sacerdotes que hicieron apología del pinochetismo y de las violaciones a los derechos humanos, como Raúl Hasbún o Florencio Infante. Tampoco se preocupó de recopilar información respecto a los sacerdotes acusados de abusos sexuales o delitos económicos.
REMANDO EN CONTRA DEL PAPA
Tanto el cardenal Ezzati como el nuncio Scapolo aparecen en estas circunstancias en abierta contradicción con las orientaciones del Papa Francisco, que está demostrando una voluntad real de reformar y abrir la Iglesia. Los debates que se dieron en el último sínodo sobre la familia demostraron que Francisco está decido a enfrentar todos los temas de debate sensible, como son el divorcio, la homosexualidad y la anticoncepción. No fue extraño que el Papa tuviera que enfrentar durante el sínodo la abierta oposición de un grupo de cardenales, como el estadounidense Raymond Burke, que intentó un complot en el que trató de involucrar, sin éxito, al Papa emérito Benedicto XVI, con el fin de torcerle la mano. Burke llegó a amenazar públicamente al Papa afirmado que “no es libre para cambiar las enseñanzas de la Iglesia con respecto de la inmoralidad de los actos homosexuales o la indisolubilidad del matrimonio o cualquier otra doctrina de la fe”.
Sin embargo, Francisco está demostrando una voluntad férrea de reorientar al catolicismo. Una prueba de ello ha sido la convocatoria al inédito Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se llevó a cabo en Roma entre el 27 y 29 de octubre y que incluyó dos horas de diálogo directo con los participantes. Este encuentro reunió a trabajadores precarizados, desempleados, campesinos sin tierra, pueblos originarios, inmigrantes y desplazados, habitantes de suburbios informales, con el fin de “debatir las causas de la creciente desigualdad social y el aumento de la exclusión en todo el mundo”. Entre los invitados estuvieron Joao Pedro Stédile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, y la dirigenta chilena Francisca Rodríguez, de la asociación de mujeres rurales e indígenas Anamuri. Además del presidente de Bolivia, Evo Morales, pero en su condición de dirigente social y no como jefe de Estado.
El movimiento Vía Campesina ha señalado respecto a este encuentro: “Nos alegra enormemente la posibilidad de hacer oír la voz, de darle visibilidad a los excluidos en el mismísimo Vaticano. Le agradecemos profundamente al Papa Francisco esta posibilidad, una nueva muestra de su permanente acompañamiento y cercanía no sólo hacia los que sufrimos la injusticia sino también hacia los que nos organizamos y luchamos contra ella”.
Resulta paradojal que el Papa no sólo sea capaz de entender y dialogar directamente con los movimientos sociales que luchan en contra de la desigualdad, sino que los movilice activamente para visibilizar sus demandas, mientras el arzobispo de Santiago se coloca en la postura del contradictor activo de sus propuestas, articulando la oposición a la reforma educacional, y en general, descalificando las movilizaciones sociales. Prueba de ello es la circular enviada por el Vicario de la Educación de Valparaíso, Edgardo Fernández Apablaza, en la que convocó abiertamente a la marcha organizada por la organización de fachada de la UDI denominada Confepa, orientada a defender el lucro y la selección educativa.
Una agenda urgente de cambios en el catolicismo debería llevar a eliminar de una vez la figura anacrónica de los nuncios, que en la práctica ejercen como interventores de la Curia Romana en las Iglesias nacionales. Otra exigencia debe ser abandonar el sistema de denuncias anónimas y secretas en contra de los disidentes, de acuerdo a los criterios mínimos de debido proceso. Se deben implementar mecanismos transparentes de debate que permitan el mismo grado de discusión abierta y tolerante que está promoviendo el Papa Francisco en Roma. Y en tercer lugar, restablecer el lugar y la dignidad de quienes han sido víctimas de las persecuciones intraeclesiales. En Chile sería larga la lista de quienes han vivido estos procesos y que por dignidad guardan silencio. Ha llegado el momento de reparar el daño causado en los procesos de represión intraeclesial e intrauniversitaria, que se han vivido desde los años ochenta, para lo cual se debería elaborar un completo informe de la verdad que recoja los testimonios de los afectados, con el fin de reparar las ofensas vividas, de cara a la comunidad eclesial y al conjunto de la sociedad chilena.
ALVARO RAMIS
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 816, 31 de octubre, 2014