A partir de la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el año 2003, asistimos a una profunda revolución en Bolivia: con la emergencia de Evo Morales y su partido, el MAS, los pueblos originarios, que constituyen la mayoría de los habitantes del país, adquieren un protagonismo que era inimaginable en la Bolivia racista y clasista de los gobiernos neoliberales, hubieran sido militares o civiles, pero que siempre estuvieron al servicio de una pequeña casta político-económica oligárquica.
El camino del cambio no fue nada fácil en Bolivia, pues tuvo que enfrentarse al poder de una oligarquía herida, que no podía aceptar haber perdido el poder, que habían manejado hasta ese entonces, en forma arbitraria y con altos niveles de inestabilidad; a estas clases dominantes les parecía inaceptable que el país fuera conducida por un indio, pues el racismo de estas minorías asumía características muy cercanas al fascismo-nazismo.
Al asumir el poder, Evo Morales diseñó el llamado a una Asamblea Constituyente, como un camino refundacional de la democracia boliviana y, sobre todo, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, esta última constituida, fundamentalmente, por los pueblos originarios. De esta Asamblea surgió la definición de Bolivia como un Estado plurinacional, unitario y comunitario.
La convocatoria e instalación de la Asamblea Constituyente no fue nada fácil, pues la derecha y clases dominantes colocaron todo tipo de obstáculos para boicotearla: en primer lugar, exigían dos tercios para aprobar cualquier cambio en la Constitución, problema que fue bien sorteado por el MAS, al someter a referéndum todos aquellos puntos aprobados que no lograban el quórum exigido; en segundo lugar, al verse derrotados, comenzaron a agitar el viejo tema de “la capitalidad de la república”, es decir, devolver a Sucre (Chuquisaca) la sede del gobierno; este conflicto tuvo como consecuencia el asesinato de varios ciudadanos, forzando el traslado de la Asamblea a la ciudad minera de Oruro.
Después de un proceso arduo y conflictivo la nueva Constitución fue aprobada por un plebiscito, en que el Sí obtuvo más del 60%, consagrando el nuevo Estado plurinacional boliviano.
A diferencia de nuestro país, en Bolivia el voto es obligatorio, y el certificado que se obtiene luego de cumplir este deber cívico es obligatorio para realizar cualquier trámite en las instituciones públicas, por consiguiente, en la mayoría de los procesos electorales se logra una alta participación ciudadana.
El parlamento boliviano es bicameral: un Senado de treinta seis, que representa a cada uno de los nueve Departamentos, cuatro por cada uno, y una Cámara de Diputados de 136 con sesenta y ocho miembros elegidos en distritos uninominales – uno por cada agrupación – sesenta y dos plurinominales, lo cual equivale a elegir a varios diputados en cada una de los distritos.
El sistema electoral boliviano se asemeja a los sistemas mixtos, cuyo modelo principal es el alemán – se eligen representes en distritos plurinominales y uninominales -.
Personalmente, soy partidario de un parlamento unicameral, pues no encuentro ninguna lógica a la existencia de un senado en un Estado unitario, como el chileno; a su vez, el sistema mixto, con distritos uninominales y plurinominales, a mi modo de ver, distorsiona la adecuada representación de las fuerzas políticas y sociales.
A parir de 2003, Bolivia ha construido una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil que, hasta ahora, ha sido muy exitosa.
Rafael Luis Gumucio Rivas
18/10/2014