Felipe VI asumirá una Corona reprobada por una mayoría en los últimos ocho años, muy diferente a la de la Transición, aprobada casi sin contestación. Esa es la diferencia que PP y PSOE no parecen o quieren ver. Se refugian en la Constitución, de hace 36 años, para rechazar el cambio que se extiende en la sociedad. La Constitución llena de energía el 78, casi cuatro décadas después, está agotada, como cada vez más se reconoce. Algo así como la monarquía del Rey Juan Carlos.
El Rey, Rajoy, Rubalcaba
El Rey Juan Carlos abdica antes que sea tarde. Las elecciones europeas (25-M) dieron el aviso. Los ciudadanos castigaron en forma severa el bipartidismo del PP-PSOE ininterrumpido desde hace 25 años. Ambos perdieron más de 5 millones de votos (30%) en relación a las mismas elecciones de 2009. Así, el sistema político ha quedado tocado, disparando las incertidumbres.
El apoyo ciudadano a la monarquía de Juan Carlos, apoyada y garantizada por el bipartidismo, venía en descenso desde 1999, cuando tenía una valoración de 6,86 (sobre 10) hasta el 2010, cuando recibió una aprobación de 5,36. A partir de ahí comenzó su decadencia, es decir, ser francamente desautorizada por los españoles, con una reprobación de 4,89 en 2011 a un 3,72 en 2014, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del Ministerio de la Presidencia de España.
La abdicación, según la Casa Real, la decidió el Rey en enero pasado, dos meses después se la informó al presidente del PP, Mariano Rajoy y al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, se reservó la fecha para hacerla pública. Finalmente, eligió comunicarla días después del 25-M y de la renuncia de Pérez Rubalcaba a continuar al frente del socialismo español, luego de considerar la pérdida de 2,5 millones de votos (-15,78%) respecto del 2009.
Los republicanos
Ante un galopante desprestigio de la Corona, la crecida inseguridad de su sostenedor político: el bipartidismo, la caída de un leal: Rubalcaba, se suma el desafío soberanista de los catalanes: la consulta del 9 de noviembre y un 2015 electoral: municipales (primavera) y generales (otoño), el Rey sorprendió con su abdicación en favor de su hijo Felipe (46 años) con formación académica y política.
No más anunciar el Rey su partida, miles de banderas republicanas flamearon en manos de miles de españoles que salieron a las calles en decenas de ciudades. Pedían referéndum: monarquía o república. Las directivas del PP-PSOE reaccionaron diciendo que eso no tocaba y correspondía despachar una ley, indicada por la Constitución, para coronar a Felipe VI y aforar a Juan Carlos una vez abdicado.
Para ambos partidos la demanda era inconstitucional y reafirmaban que la monarquía no era antitética con la democracia, recordando el rol del Rey en la transición del franquismo a la democracia. Pero eso ya hace 40 años. La pregunta que surge es ¿por qué, a propósito de la abdicación, no abrir un debate sobre si se justifica o no la institución monárquica?
PP-PSOE se enrroscan (…)
La respuesta del bipartidismo es no, porque no lo contempla la Constitución del 78 (“lo que no está en la Constitución no existe, dijo el Fiscal General del Estado), la misma respuesta dada a los catalanes sobre la consulta soberanista no vinculante, como si los temas: monarquía, república, democracia fuesen jurídicos y no políticos y, por lo tanto, debatibles y cambiables si hay una voluntad democrática calificada.
Los ciudadanos, según la encuesta Metroscopia, parecen más abiertos a una consulta sobre la forma política monárquica o republicana. Un 62,% espera ser consultado en algún momento: entre estos el 68% de los votantes del PSOE, desmarcándose de sus dirigentes, el 98% de Izquierda Unida (IU) y el 39% del PP. Mientras los jóvenes (18-34), el 74%, son más sensibles a una consulta, mientras el 63% lo es entre la edad media (35-54) y un 52% entre los mayores, los que vivieron la transición.
El bipartidismo del PP-PSOE, a pesar del varapalo del 25-M, reproduce la actitud cerrada que hicieron gala en septiembre de 2011, cuando el PSOE y el PP acordaron reformar la constitución, en 24 horas, para garantizar a la Comisión Europea que España pagaría los intereses a los acreedores internacionales antes que incurrir en gasto social para los ciudadanos españoles.
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(…) y erosionan la legitimidad de las instituciones
Ahora, las mismas directivas PP-PSOE, actúan como “casta” término usado por Pablo Iglesias, lider de Podemos, que en tres meses de existencia consiguió que le votaran 1,2 millones de españoles. Acuerdan o rechazan iniciativas políticas como si fueran una “clase especial” con el atributo de actuar en forma separada de sus semejantes. Anteponen la Constitución como dique de contención a abrir diaógo, debate sobre lo nuevo que, por supuesto, no está en la Constitución hecha hace 36 años.
Esta forma de hacer política – decisiones discrecionales u opacas, descalificaciones de peticiones y opiniones que incomodan a la élite – alimenta la desafección ciudadana hacia la política o extiende la percepción de que “los políticos son todos iguales”, derivando en abstencionismo electoral y deslegitimación de instituciones, cada vez más cuestionadas por la gestión autoritaria del bipartidismo.