Una decena de delegados de diversas organizaciones del Valle del Huasco, se reunió ayer miércoles 4 de junio con el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para manifestarle su indignación frente al apoyo del poder ejecutivo al proyecto Pascua Lama, pese a las evidencias de los incumplimientos a la RCA y el consiguiente daño irreparable al territorio.
A la audiencia asistieron agricultores, sacerdotes, concejales, dirigentes vecinales, representantes de las y los regantes y presidentes de comunidades diaguitas, con el objeto de manifestar a la autoridad, han dicho en un comunicado, “el abandono en el que se sienten, frente al apoyo escandaloso que el gobierno le ha dado a Barrick, incluso avalando negociaciones ilegítimas de un grupo de diaguitas asesorados por el abogado Lorenzo Soto”.
Según estas oganizciones, se pretende “poner precio al territorio, en circunstancias de que hay evidencias de la reiterada mala fe e irresponsabilidad con la que ha operado Pascua Lama, y lo que es peor, estando la comunidad a la espera de sendos procesos que debieran arrojar la revocación del permiso ambiental del proyecto si es que el Estado realmente cumpliera con su rol de fiscalizador y garante de los derechos ciudadanos”.
En la oportunidad, si bien se valoró la disponibilidad del Ministerio de escuchar las demandas comunitarias, le manifestaron al Ministro, que recientemente apareció “celebrando” el mencionado acuerdo, el cual representa a una minoría de la comunidad diaguita del Valle del Huasco y tampoco representa a las bases que conforman estas 15 comunidades firmantes, quienes señalan haber sido engañadas por un acuerdo que lleva a la negociación y que muchos ni siquiera conocen.
Los representantes comunitarios fueron enfáticos en señalar que esto no es más que una estrategia de Barrick para posicionar mediáticamente la falsa viabilización de un proyecto que por todos lados se ve moribundo, “y otra jugada del inescrupuloso abogado, conocido por promover la negociación de los derechos fundamentales de las comunidades”. En este sentido, se le indicó que “es una pésima señal que se pretenda hacer de este acuerdo extra judicial, ilegitimo, desigual, atentatorio a los convenios que Chile ha suscrito en materia indígena, y a todas luces dañino para la vida y la salud de las comunidades del Valle del Huasco; un modelo de intervención, un “ejemplo” para cooptar a otras comunidades ya afectadas o amenazadas por el extractivismo.”