La Presidente Bachelet habla de Seguridad Ciudadana y –lamentablemente– se hace patente su ignorancia sobre el tema o su concepción absolutamente ajena a los principios que enmarcan la justicia social. Estos últimos debiesen ser el guía para la acción de quienes acceden al gobierno con el respaldo de amplios sectores de la ciudadanía, muchos de ellos pertenecientes a segmentos de la población que mal viven en condiciones no solo inseguras sino sobre todo injustas.
Por razones profesionales, y luego de haber trabajado más de 30 años en áreas de la administración municipal española, incluso con competencias técnico directivas en Participación y Seguridad Ciudadanas, he sido invitado a Chile en más de una ocasión para participar en Seminarios y Escuelas de Verano en donde se han comentado y analizado estos temas.
Confrontando lo que hasta ahora se ha entendido como ciudadanía en buena parte de Europa con lo que se entiende de dicha condición en Chile, se constatan enormes diferencias conceptuales y de valores democráticos.
En el caso chileno conceptos y valores impuestos por la dictadura y mantenidos y defendidos, sin apenas cambios, por los gobiernos que la sucedieron.
Mientras en España y otros países europeos la Seguridad Ciudadana –hasta ahora al menos– se ha entendido como algo que va mucho más allá de contar con mayor número de cárceles y efectivos policiales más numerosos.
En Chile solo son éstos – o lo son básica y principalmente – los elementos con que se pretende llevar seguridad “a todos los sectores de la población independientemente del barrio en que vivan o de los dineros que dispongan”.
Nada se dice en cuanto a que también es dar Seguridad a la Ciudadanía el que los municipios, al menos los de mayor tamaño y densidad demográfica, cuenten con eficaces y modernos servicios de emergencias (bomberos y ambulancias medicalizadas). Que practiquen medidas preventivas en cuanto a la urbanización planificada y reglada de pueblos y ciudades, con la educación vial de niños y jóvenes en las escuelas, con la participación de las diversas instancias del tejido social en las políticas proyectivas que afectan a lo urbanístico: calles y avenidas, plazas y parques, pasos peatonales, regulación del trafico, la prevención de catástrofes, etcétera.
Limitarse a gastar en más cárceles y más policías no llevará más seguridad a los pobladores que continuarán careciendo de las prestaciones mínimas que deben proporcionarle a sus ciudadanos las sociedades –como la chilena– que por boca de sus gobernantes presume de moderna y desarrollada.
¿Más carabineros evitarán incendios como el de Valparaíso? ¿O los daños a los más humildes en inundaciones como las del norte?
Dotaciones deportivas y culturales para los jóvenes y las mujeres, centros sociales y de atención para quienes sufren de la violencia doméstica, y para los adultos mayores, también son elementos imprescindibles para que existan ambientes gratos y sosegados de convivencia, que a su vez crean climas de seguridad para todos los ciudadanos independientemente del quintil económico en que se encuentran y del condominio o la población en que viven.
Finalmente, el mejor antídoto contra la inseguridad ciudadana, la violencia y la delincuencia es terminar con la pobreza, con la marginación social y las enormes injusticias que aun imperan en Chile y que afectan a gran parte de quienes allí viven.
Sociólogo
Profesor Honorario
Facultad de CC. Jurídicas y Sociales
Universidad Rey Juan Carlos
Publicado en Politika