El gobierno de Piñera en su última etapa puso suma urgencia a una serie de proyectos para salvar temas pendientes de su programa legislativo. Uno de éstos es el Fortalecimiento de la Regionalización del país, en discusión inmediata en la Cámara para ser aprobado antes del 11 de marzo.
Este proyecto parece un buen corolario para el desarrollo de la descentralización, como intenta serlo la reforma municipal fortaleciendo al concejo y la probidad en los municipios, así como la democratización del Consejo Regional, cuyos consejeros regionales ahora son elegidos directamente por los ciudadanos.
Sin embargo, la propuesta que se aprobará es insuficiente. Incluso es contradictoria, mientras no se modifique la designación presidencial de los Intendentes y, en cambio, se refuerce sus atribuciones y rol ejecutivo dependiente del gobierno central.
Tampoco promueve mecanismos ni instrumentos vinculantes que aseguren competencias para generar un mayor desarrollo endógeno en las regiones. Si bien se pueden transferir competencias, esta posibilidad queda siempre a criterio del gobierno central o en última instancia del senado, en caso de existir diferencias en materia de transferencias entre el gobierno central y el regional.
Lo más preocupante es que no entregará mayores competencias a los consejeros electos por voto popular -refractando ese avance-, le quita atribuciones en materia de asignación de proyectos e inversiones regionales, y no les reconoce un rol propositivo o activo en materia de planificación regional a consejeros que representan a la ciudadanía.
Lo bueno y lo malo de la propuesta.
La propuesta contiene algunos aspectos que constituyen avance en materia de descentralización, si bien recaen mayormente en el Intendente. Así, el proyecto actualiza y mantiene la posibilidad de planificación de las regiones en desarrollo productivo, social y cultural, creando la figura del Administrador Regional y promoviendo criterios vinculados a la Alta Dirección Pública para regular los procesos de selección de mandos medios. Valorable es la posibilidad de creación de Servicios Públicos Regionales, los que pueden dar mayor pertinencia a las políticas públicas y programas sociales.
Desde una perspectiva administrativa el avance es parcial, en tanto entrega la posibilidad de transferir competencias a los gobiernos regionales desde el gobierno central, así como solicitar transferencias con los 2/3 de los votos del CORE. No obstante éstas, además de requerir un quórum alto, se canalizan vía el ejecutivo del gobierno regional. Además la transferencia no es nunca definitiva, pues siempre dependerá de la voluntad del Presidente de la República, quien tiene total facultad revocatoria.
En síntesis, el proyecto plantea un fortalecimiento del Gobierno Regional, pero depositando en el Intendente la totalidad de la administración del GORE y las atribuciones que eventualmente concede la ley en materia de transferencias, con lo cual terminará reproduciendo la lógica centralista al interior del Gobierno Regional.
Un CORE castrado.
Por su parte, el Consejo Regional centraría sus facultades en materias de fiscalización –art. 36-, teniendo además la facultad de aprobación de las competencias transferidas por el gobierno central, pero pierde incidencia en la planificación y la asignación de proyectos. Así, en el artículo 24 de la propuesta se estipula que el Consejo Regional puede votar el rechazo de marcos presupuestarios, perdiendo incidencia específica en la asignación de proyectos.
Es por esta razón que la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) ha planteado que el proyecto no fortalece la descentralización en tanto rompe el equilibrio actualmente existente entre el Intendente –que propone y aplica- y el Consejo Regional –que aprueba y fiscaliza-.
En cuanto a la creación de la figura presidente del CORE, ésta no reviste mayores atribuciones políticas pues si bien preside el consejo, el intendente tiene atribuciones para intervenir y proponer la tabla y las urgencias. (art. 30t). El rol queda establecido para aspectos procedimentales, administrativos y protocolares, y la principal atribución es poder dirimir en caso de empate entre los consejeros. Tendrá fuero en lo procesal penal, como los intendentes y los gobernadores. No obstante, sí será un cargo con mayor legitimidad para interactuar políticamente en la región, porque representa la voluntad popular a diferencia del Intendente. Además, con la figura propuesta de secretario ejecutivo del CORE -vía Alta Dirección Pública-, habrá mayor capacidad de gestión del Consejo.
Así, probablemente el peso político del Consejo Regional disminuya en relación a otros actores del espacio regional como el Intendente, incluso ante diputados y senadores, haciéndole posiblemente perder grados de autonomía en su funcionamiento.
Es sentida esta pérdida de atribuciones del CORE, como ente representativo de la diversidad política regional, dado que no se contemplan mayores instancias de participación –se elimina el actual Consejo Económico Social Provincial, CESPRO-, ni representación ciudadana en el trabajo del Gobierno Regional.
También hay aspectos mejorables en materia de financiamiento, porque debe regularse con mayor precisión la distribución de ingresos de patentes por concepto de inversiones mineras, acuícola y casinos, a fin de mantener el principio de equilibrio y solidaridad entre las regiones.
En este escenario es recomendable analizar con mayor profundidad las implicancias de este proyecto que, buscando fortalecer la regionalización, más bien refuerza la capacidad ejecutiva del Intendente. Y en materia de descentralización política y participación requiere mayores alcances que lo perfeccionen y reorienten.
En las condiciones actuales sería un error aprobar de forma apresurada, previo al inicio del nuevo gobierno, un proyecto que teniendo aspectos positivos requiere de ajustes de fondo para fortalecer una regionalización con verdadero sentido descentralizador en el país.
Claudio Rodríguez. Encargado Área Desarrollo Social de ICAL