El presidente fue categórico en afirmar que “como ciudadano y como Presidente de Chile, tengo un doble compromiso y responsabilidad: proteger el medioambiente, la naturaleza y nuestra biodiversidad. Y, al mismo tiempo, cumplir y hacer cumplir la ley y ser respetuoso de nuestra institucionalidad y nuestro Estado de derecho”.
Del mismo modo, sostuvo que “quiero ratificar que el estudio de impacto ambiental y lo obrado por la Corema de la Región de Coquimbo, se ajustó a nuestra institucionalidad y a nuestro Estado de derecho”. Sin embargo, reconoció la necesidad de perfeccionar la normativa vigente en esta materia, razón por la cual instruyó al Ministerio de Bienes Nacionales para que efectúe un estudio que permita establecer con claridad cuáles son aquellas zonas de nuestro territorio aptas para iniciativas de este tipo. “El caso de Barrancones demuestra que nuestra legislación ambiental requiere perfeccionamiento.
En tanto, organizaciones ecologistas expresaron que la decisión de Piñera es un triunfo de la ciudadanía, que se había manifestado a través de protestas públicas contra la instalación de esta central. La Fundación Terram dijo en un comunicado que el anuncio presidencial implica un claro y contundente triunfo de la ciudadanía que, indignada frente a la inminente y clara amenaza a un ecosistema prístino y de alto valor, reaccionó organizándose y saliendo masivamente a las calles a protestar por la decisión de la Corema de Coquimbo.
Sin embargo, agrega que este anuncio deja en alerta a las organizaciones ciudadanas y locales, y no implica una desarticulación del movimiento ciudadano y de la sociedad civil, que se mantendrán pendientes para conocer la nueva ubicación escogida por la empresa.
“Esto cobra especial relevancia ya que una nueva localización implica un nuevo proyecto que, en consecuencia, deberá ser nuevamente ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, iniciándose la tramitación ambiental desde cero, de acuerdo a la ley N º 20.417, y no bajo la antigua ley 19.300”.
