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Describimos 4 situaciones que, de una u otra forma, influyeron negativamente para que la Concertación continuara ejerciendo el poder político en el país. La empresa de energía AES Gener obtuvo, por parte de la Corema de la V Región , una autorización ambiental viciada para construir su planta termoeléctrica Campiche en la comuna de Puchuncaví, zona declarada saturada de contaminación desde 1993.
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El permiso era ilegal porque el 67% del terreno en donde se emplaza su construcción es área verde, de acuerdo a lo establecido en el propio Plan Regulador Comunal y en el Plan Intercomunal de Valparaíso, tipología que obviamente no admite las actividades productivas y de infraestructura, lo que era sabido por los funcionarios que le dieron luz verde al proyecto.
Por ello, los vecinos afectados por ese mal proceder de la Administración , presentaron acciones ante la Contraloría y ante los tribunales de justicia. Tanto la primera como finalmente la Corte Suprema dijeron que tal planta era ilegal por las razones del uso del suelo, lo que significó la paralización de faenas. Pero acto seguido se movilizaron los lobbystas expertos en los sectores energético y urbanístico para “solucionar la traba burocrática”, eufemismo que se utiliza en Chile cuando se detectan ilegalidades.
Y así fue como el 31 de diciembre de 2009 el solícito ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó un decreto supremo en el Diario Oficial mediante el cual modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), instrumento normativo de alcance nacional y de mayor rango que los mencionados planes reguladores, estableciendo que cuando un terreno tiene dos usos de suelo distintos y uno de ellos se refiere a infraestructura, si éste corresponde como mínimo al 30% de la superficie del mismo, todo el terreno admitirá esa actividad (sic). Y así se arregló el entuerto.
Esta misma práctica se utilizó para legalizar la planta de respaldo de gas propano de Metrogas construida en un sector rural de protección ecológica en la parte alta de la comuna de Peñalolén. El terreno elegido por la empresa no permitía el emplazamiento de esa infraestructura, lo que fue dictaminado oportunamente por la Contraloría , pero ese ministerio “solucionador de problemas” cambió la OGUC a través de otro decreto supremo publicado en el diario oficial el 13 de abril de 2009, fijando que en el área rural las instalaciones de esas plantas siempre estarán admitidas.
Como el megaproyecto Costanera Center tiene una altísima carga de ocupación necesariamente tenía que enfrentar una vialidad expresa, lo que le representamos formalmente al Seremi de Vivienda y Urbanismo, en atención a que el mismo enfrentaba sólo a una vía troncal. Este “detalle” hacía inviable el proyecto de acuerdo al mandato de la regulación urbana. La reacción rápida de ese ministerio fue modificar nuevamente la OGUC a través de otro decreto supremo publicado el 23 de mayo de 2009 en el diario oficial. Ahora los equipamientos mayores, como es Costanera Center, se pueden ubicar en predios que enfrenten vías expresas como troncales (?).
Desde hace un año existe la Zona Típica del Barrio Yungay, cautelada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y a pesar de ello ya se han incendiado o demolido varios inmuebles, lo que ha sido denunciado en distintas instancias públicas por los dirigentes vecinales que promovieron la protección patrimonial. En ese sector de la comuna de Santiago, en la calle Almirante Barroso 76, está la tristemente famosa Clínica London, centro clandestino de torturas ejercidas por la Dina en aquella oscura época de nuestro país.
En la actualidad su dueño es la empresa educacional “Inacap, Sede Santiago Centro”, quien decidió demolerla para aprovechar más eficientemente su terreno, lo que fue aceptado por el secretario ejecutivo del CMN. Esta decisión fue confirmada por la propia secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, atentándose así contra la memoria histórica y la lucha por la verdad y la justicia que ha llevado adelante la sociedad chilena.
Sabemos que Rosario Carvajal, ícono protector del patrimonio, acompañada de otros ciudadanos probos, se reunió el viernes pasado con Nivia Palma, directora de Bibliotecas, Archivos y Museos y vicepresidenta del CMN, a quien le hizo notar, con variados ejemplos, el desinterés de la institucionalidad para preservar el patrimonio y el peligro latente de la demolición de la ex Clínica London, ya que la materialidad del lugar es un ejemplo vivo para que las nuevas generaciones no permitan la repetición de las violaciones de los derechos humanos. Afortunadamente la liviana autorización del CMN para arrasar con ese inmueble se puede dejar sin efecto aplicándose la Ley N º 19.880 del procedimiento administrativo.
Por ello, los vecinos afectados por ese mal proceder de la Administración , presentaron acciones ante la Contraloría y ante los tribunales de justicia. Tanto la primera como finalmente la Corte Suprema dijeron que tal planta era ilegal por las razones del uso del suelo, lo que significó la paralización de faenas. Pero acto seguido se movilizaron los lobbystas expertos en los sectores energético y urbanístico para “solucionar la traba burocrática”, eufemismo que se utiliza en Chile cuando se detectan ilegalidades.
Y así fue como el 31 de diciembre de 2009 el solícito ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó un decreto supremo en el Diario Oficial mediante el cual modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), instrumento normativo de alcance nacional y de mayor rango que los mencionados planes reguladores, estableciendo que cuando un terreno tiene dos usos de suelo distintos y uno de ellos se refiere a infraestructura, si éste corresponde como mínimo al 30% de la superficie del mismo, todo el terreno admitirá esa actividad (sic). Y así se arregló el entuerto.
Esta misma práctica se utilizó para legalizar la planta de respaldo de gas propano de Metrogas construida en un sector rural de protección ecológica en la parte alta de la comuna de Peñalolén. El terreno elegido por la empresa no permitía el emplazamiento de esa infraestructura, lo que fue dictaminado oportunamente por la Contraloría , pero ese ministerio “solucionador de problemas” cambió la OGUC a través de otro decreto supremo publicado en el diario oficial el 13 de abril de 2009, fijando que en el área rural las instalaciones de esas plantas siempre estarán admitidas.
Como el megaproyecto Costanera Center tiene una altísima carga de ocupación necesariamente tenía que enfrentar una vialidad expresa, lo que le representamos formalmente al Seremi de Vivienda y Urbanismo, en atención a que el mismo enfrentaba sólo a una vía troncal. Este “detalle” hacía inviable el proyecto de acuerdo al mandato de la regulación urbana. La reacción rápida de ese ministerio fue modificar nuevamente la OGUC a través de otro decreto supremo publicado el 23 de mayo de 2009 en el diario oficial. Ahora los equipamientos mayores, como es Costanera Center, se pueden ubicar en predios que enfrenten vías expresas como troncales (?).
Desde hace un año existe la Zona Típica del Barrio Yungay, cautelada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y a pesar de ello ya se han incendiado o demolido varios inmuebles, lo que ha sido denunciado en distintas instancias públicas por los dirigentes vecinales que promovieron la protección patrimonial. En ese sector de la comuna de Santiago, en la calle Almirante Barroso 76, está la tristemente famosa Clínica London, centro clandestino de torturas ejercidas por la Dina en aquella oscura época de nuestro país.
En la actualidad su dueño es la empresa educacional “Inacap, Sede Santiago Centro”, quien decidió demolerla para aprovechar más eficientemente su terreno, lo que fue aceptado por el secretario ejecutivo del CMN. Esta decisión fue confirmada por la propia secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, atentándose así contra la memoria histórica y la lucha por la verdad y la justicia que ha llevado adelante la sociedad chilena.
Sabemos que Rosario Carvajal, ícono protector del patrimonio, acompañada de otros ciudadanos probos, se reunió el viernes pasado con Nivia Palma, directora de Bibliotecas, Archivos y Museos y vicepresidenta del CMN, a quien le hizo notar, con variados ejemplos, el desinterés de la institucionalidad para preservar el patrimonio y el peligro latente de la demolición de la ex Clínica London, ya que la materialidad del lugar es un ejemplo vivo para que las nuevas generaciones no permitan la repetición de las violaciones de los derechos humanos. Afortunadamente la liviana autorización del CMN para arrasar con ese inmueble se puede dejar sin efecto aplicándose la Ley N º 19.880 del procedimiento administrativo.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad ”