De acuerdo con los estudios que realiza mes a mes la empresa Litoralpress, podemos constatar que los tres candidatos que detentan más “presencia mediática”, lideran las encuestas de opinión pública relacionadas con su posición en la carrera presidencial.
El estudio publicado el 21 de junio de 2009, entrega los siguientes resultados:
Frei: 33.4%; Piñera: 28.6%; Enríquez: 25.4%; Navarro: 4.5%; Arrate 4.2% y Zaldívar: 3.9%. Las encuestas publicadas en esos días, reflejaban más o menos los mismos porcentajes en los tres primeros casos, aunque Piñera superaba a Frei, pero se hablaba de un empate técnico. El caso más destacable es el de Marco Enríquez. Los tres con menos “presencia mediática”, empataban en alrededor de un 4% en este estudio y un 1% en las encuestas.
Sin embargo, el estudio de Litoralpress publicado un mes más tarde, si bien arroja prácticamente los mismos guarismos para Frei y Piñera, se nota un cambio sustancial en el caso de Marco Enríquez y en Arrate:
Frei: 34.6%; Piñera: 29.3%; Enríquez: 19.5%; Arrate: 7%; Navarro 5.1% y Zaldívar: 4.5%. Como se puede apreciar, el único que baja en presencia mediática, es Marco Enríquez, situación que se vio reflejada también en las encuestas. Después de un alza vertiginosa, empieza a decaer, debido a que los medios, especialmente el duopolio, se percatan que Marco Enríquez no le quita votación solamente a Frei, sino que, y en mayor medida, a Piñera. El caso de Arrate es, también, muy sintomático, pues debido a la mayor exposición mediática, (en el período que abarcó el estudio, presentó su Programa de Gobierno, además de otras propuestas e iniciativas), repunta en las encuestas y empieza a distanciarse de Navarro y Zaldívar.
Pero el espacio de la comunicación no sólo se refiere a los candidatos presidenciales; este espacio es ocupado por los grandes medios para instalar cualquier tema que les sea favorable a sus intereses: delincuencia, incitar al terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche, flexibilidad laboral, y, especialmente, la agenda legislativa.
Cuando se empezaba a hablar de cambio al sistema binominal, asamblea constituyente, nueva Constitución, es decir temas que afectan a toda la ciudadanía, los medios de comunicación reflotan la controversia sobre la píldora del día después, las garantías a las minorías sexuales, etc., que si bien son proyectos importantes, no tienen la trascendencia de iniciativas que llevarían a hacer de Chile un país realmente democrático. Por lo demás, si viviéramos una democracia verdadera, esos temas ni siquiera serían motivo de discusión parlamentaria, pues estarían consagrados en la Carta Magna emanada de una Asamblea Constituyente.
Ahora bien, el Gobierno de la Presidenta Bachelet, no sólo cae en este juego de la derecha y sus medios, sino que además utiliza la parafernalia impuesta por los medios en el espacio público, para concordar leyes que atentan contra la soberanía del país: privatización del borde costero en el litoral donde funcionan las salmoneras, por una parte, y tal vez lo que es peor, arrebatarle la propiedad de las semillas y los cultivos orgánicos a nuestros pequeños y medianos agricultores, para entregárselos a los laboratorios transnacionales, productores de los organismos genéticamente modificados. (Derechos del obtentor de variedades vegetales).
Esto, además de las atrocidades producidas en el medio ambiente por las mineras en el norte (no solamente Pascua Lama) y denunciadas en múltiples ocasiones por todas las instancias de la sociedad civil.
En una de las obras fundamentales del pensamiento político medieval, el Defensor pacis, de Marsilio de Padua, se afirma abiertamente, y se demuestra con diversos argumentos, el principio según el cual el poder de hacer las leyes, en lo que consiste el poder soberano, concierne únicamente al pueblo, el cual atribuye a otros nada más que el poder ejecutivo, es decir, el poder de gobernar en el ámbito de las leyes. Por tanto, “el poder efectivo de instituir o elegir un gobierno concierne al legislador o a todo el cuerpo de los ciudadanos, así como concierne el poder de hacer las leyes… Y de un modo similar concierne también al legislador (el pueblo) el poder de corregir al gobernante, o aun de deponerlo cuando esto sea conveniente para el bien común”.