El gobierno de Nicaragua concedió este martes el asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango, quien se vio obligado a abandonar su país ante la orden de detención en su contra, tras haber impulsado una protesta indígena para defender sus derechos ancestrales.
La corresponsal de teleSUR en Nicaragua, Adriana Sivori, reportó que ahora sólo se espera que Perú le otorgue el salvoconducto que le permita viajar a Nicaragua, obligado por la orden de detención que le impusiera el gobierno del presidente Alan García.
“Por su parte, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, presentó la noche de este lunes su renuncia irrevocable ante el presidente Alan García, por estar en desacuerdo con el Gobierno Nacional por el manejo del conflicto de los nativos”, apuntó Insausti en su reporte.
Vildoso confirmó que “he presentado mi renuncia irrevocable y la hice llegar a Palacio de Gobierno ayer lunes. Anteriormente no tuve intención de renunciar”, dijo en declaraciones a medios peruanos.
No obstante, el premier Simon y la ministra Cabanilla han dicho que no van a renunciar, en respuesta a la exigencia de las organizaciones sociales y políticas que les han pedido que abandonen sus cargos tras los hechos del fin de semana.
“Se espera que en el transcurso del día, el gobierno nicaragüense tome la decisión sobre el asilo político a Pizango, quien seguramente la transmitirá a través del canciller peruano, José Luis García Belaúnde, quien oficializara la respuesta del presidente Ortega”, añadió la corresponsal.
Los grupos indígenas peruanos han denunciado que el Gobierno lleva a cabo “una persecución” contra los líderes de las comunidades indígenas, que se mantienen en pie de lucha por la derogación de unos decretos que consideran lesivos a sus derechos.
El pasado viernes acciones policiales contra los indígenas provocaron hechos violentos en la Amazonia, que ocasionaron tanto la muerte de más de 30 nativos, según fuentes médicas, como la de once funcionarios de seguridad peruana, aproximadamente.
A partir de estos hechos el Gobierno comenzó a “criminalizar” la protesta indígena, según han denunciado los nativos.
Cerca de 65 etnias de la Amazonia han protagonizado la protesta desde el pasado 9 de abril, con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos que, consideran, pueden quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
Entre los reglamentos que rechazan las etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.
Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.
Cabe recordar que el Gobierno peruano en el segundo trimestre del año ha otorgado asilo al opositor venezolano, prófugo de la justicia, Manuel Rosales y a ex ministros bolivianos pertenecientes a la gestión del ex presidente Sanchez de Lozada, quienes están acusados de delitos de lesa humanidad.