La energía nuclear está en crisis a nivel mundial. Hace casi 2 décadas no se construyen nuevas plantas en Europa (con excepción de Olkiluoto, en Finlandia), y más de 12 centrales antiguas deben cerrarse durante 2009. Frente a esta situación, el negocio nuclear ha iniciado una intensa y millonaria campaña de promoción, centrada en extender la vida útil de las centrales en Europa, y masificar su discurso promocional de los años 1960. Se muestran como ‘una fuente inagotable y segura’ y agregan que se trata de “la solución frente al cambio climático, porque no emite dióxido de carbono” (sic).
Después de 5 años de un intenso lobby, los resultados para el negocio nuclear son lamentables: Sólo se desarrollan proyectos estatales en países asiáticos como China, caracterizados por escasa participación ciudadana y nula transparencia en los costos. Pero ninguna nueva central contratada en Europa ni en EE.UU., a pesar de los millonarios subsidios ofrecidos por Bush y del creciente calor en el debate climático.
En América Latina, con pequeñas modificaciones discursivas, varios gobiernos sudamericanos han declarado su apertura al desarrollo nuclear. El gobierno de Brasil aduce interés por el “liderazgo en investigación científica”, a pesar de que sus instalaciones están en estado deficiente de manutención, según la misma autoridad nuclear. Argentina no quiere ser menos y agrega razones geopolíticas, pero en los hechos paralizó hace 20 años la construcción de Atucha II, aun en obra gruesa. El gobierno de Alan García, a su vez, apela al excepcional crecimiento macroeconómico de Perú para avalar un posible desarrollo nuclear, y la explotación de sus yacimientos de uranio. En Uruguay; el Presidente Tabaré Vásquez aprovecha el respaldo en las encuestas e intenta, con el mismo chauvinismo con que instaló la papelera de Botnia, defenderse de las críticas de expertos y ciudadanos que denuncian que se trata de una alternativa absurda para en sistema uruguayo.En Chile, finalmente, personeros de los partidos políticos del gobierno de la Presidenta Bachelet –que en dictadura se exilaron en Francia o Rusia, sedes importantes de la industria nuclear- forzaron a la mandataria a ignorar un compromiso con los ciudadanos, contrario a la opción nuclear.
A estas alturas, a nivel internacional, la industria nuclear ha fracasado al promoverse como opción que “no emite dióxido de carbono (CO2)”. Para el lector crítico, las páginas web de la Agencia Internacional de Energía, del Energy Watch Group del Parlamento alemán, del Oxford Research Group de Inglaterra, y de innumerables centros académicos contienen estudios donde se demuestra que la energía nuclear produce hasta 122 gramos de CO2 por kilovatio/hora generado, si se considera el ciclo de combustible nuclear completo: extracción del uranio, enriquecimiento, transporte, construcción y desmantelamiento de la central nuclear; y procesamiento de residuos radioactivos. Pero las emisiones pueden superar a las de una central a gas si el combustible se fabrica con uranio de baja ley.
En cuanto al costo, esta opción supera a todas las demás opciones de producción eléctrica y demanda enormes subsidios estatales; por ello su desarrollo se estanco en los años ‘80. El combustible nuclear, el uranio, además de no ser renovable, también ha aumentado su valor en los últimos años, llegando a 113 dólares la libra, en 2007; y desde entonces, al igual que el petróleo, registra notables fluctuaciones debido a la sostenida baja en la producción mundial.
En paralelo, la Agencia Internacional de Energía identifica reservas probadas de uranio para 85 años más, siempre que no se expanda el parque nuclear existente a nivel mundial. Este hecho también cuestiona el futuro de la energía nuclear.
Los ciudadanos tenemos el deber de exigir al sector político y a los gobiernos que la política energética refleje los consensos y prioridades, hoy evidentes y probadas a nivel nacional, regional e internacional: la eficiencia energética y las Energías Renovables No Convencionales deben sustentar mayoritariamente la matriz eléctrica del continente, para garantizar sustentabilidad ambiental y democrática. La energía nuclear, las termoeléctricas a carbón y petróleo, y las mega represas hidroeléctricas obligan el pago de subsidios de facto por parte de la salud de la población; el perjuicio de otras actividades económicas como la agricultura y el turismo; y la degradación de la convivencia social y el patrimonio natural.
Sara Larraín Ruíz-Tagle
Directora de Chile Sustentable
comunicaciones@chilesustentable.net
En América Latina, con pequeñas modificaciones discursivas, varios gobiernos sudamericanos han declarado su apertura al desarrollo nuclear. El gobierno de Brasil aduce interés por el “liderazgo en investigación científica”, a pesar de que sus instalaciones están en estado deficiente de manutención, según la misma autoridad nuclear. Argentina no quiere ser menos y agrega razones geopolíticas, pero en los hechos paralizó hace 20 años la construcción de Atucha II, aun en obra gruesa. El gobierno de Alan García, a su vez, apela al excepcional crecimiento macroeconómico de Perú para avalar un posible desarrollo nuclear, y la explotación de sus yacimientos de uranio. En Uruguay; el Presidente Tabaré Vásquez aprovecha el respaldo en las encuestas e intenta, con el mismo chauvinismo con que instaló la papelera de Botnia, defenderse de las críticas de expertos y ciudadanos que denuncian que se trata de una alternativa absurda para en sistema uruguayo.En Chile, finalmente, personeros de los partidos políticos del gobierno de la Presidenta Bachelet –que en dictadura se exilaron en Francia o Rusia, sedes importantes de la industria nuclear- forzaron a la mandataria a ignorar un compromiso con los ciudadanos, contrario a la opción nuclear.
A estas alturas, a nivel internacional, la industria nuclear ha fracasado al promoverse como opción que “no emite dióxido de carbono (CO2)”. Para el lector crítico, las páginas web de la Agencia Internacional de Energía, del Energy Watch Group del Parlamento alemán, del Oxford Research Group de Inglaterra, y de innumerables centros académicos contienen estudios donde se demuestra que la energía nuclear produce hasta 122 gramos de CO2 por kilovatio/hora generado, si se considera el ciclo de combustible nuclear completo: extracción del uranio, enriquecimiento, transporte, construcción y desmantelamiento de la central nuclear; y procesamiento de residuos radioactivos. Pero las emisiones pueden superar a las de una central a gas si el combustible se fabrica con uranio de baja ley.
En cuanto al costo, esta opción supera a todas las demás opciones de producción eléctrica y demanda enormes subsidios estatales; por ello su desarrollo se estanco en los años ‘80. El combustible nuclear, el uranio, además de no ser renovable, también ha aumentado su valor en los últimos años, llegando a 113 dólares la libra, en 2007; y desde entonces, al igual que el petróleo, registra notables fluctuaciones debido a la sostenida baja en la producción mundial.
En paralelo, la Agencia Internacional de Energía identifica reservas probadas de uranio para 85 años más, siempre que no se expanda el parque nuclear existente a nivel mundial. Este hecho también cuestiona el futuro de la energía nuclear.
Los ciudadanos tenemos el deber de exigir al sector político y a los gobiernos que la política energética refleje los consensos y prioridades, hoy evidentes y probadas a nivel nacional, regional e internacional: la eficiencia energética y las Energías Renovables No Convencionales deben sustentar mayoritariamente la matriz eléctrica del continente, para garantizar sustentabilidad ambiental y democrática. La energía nuclear, las termoeléctricas a carbón y petróleo, y las mega represas hidroeléctricas obligan el pago de subsidios de facto por parte de la salud de la población; el perjuicio de otras actividades económicas como la agricultura y el turismo; y la degradación de la convivencia social y el patrimonio natural.
Sara Larraín Ruíz-Tagle
Directora de Chile Sustentable
comunicaciones@chilesustentable.net