En Indoamérica en general, y en Bolivia en particular, tienen, además, una vinculación atávica con un sentido de inmolación por la tierra y por la causa del pueblo ante el opresor.
En la huelga de Evo –durante la cual se limitó a masticar coca y beber té de la misma hoja, mientras continuaba con parte de su agenda-, el Presidente quiso dar un testimonio en contra del sistema político y de las clases dirigentes. Aunque él esté al mando de la nación, sabe que no tiene todo el poder y que las oligarquías se niegan a democratizar el régimen político, incluido el electoral.
De acuerdo a la nueva ley aprobada finalmente por el Congreso –tras un maratónico consenso construido conflictivamente, “a la boliviana”, como dijo el vicepresidente García Linera-, se establecerán siete curules exclusivos para ciudadanos indígenas en la que ahora se llamará Asamblea Legislativa Plurinacional y se reconocerá el derecho a sufragio a los inmigrantes y bolivianos en el exterior, aparte de permitir la reelección del Presidente.
Por tratarse de un proyecto no consensuado previamente –digamos “a la chilena”-, porque era producto de un mandato de la Asamblea Constituyente que aprobó la nueva Carta Fundamental que rige desde febrero-, la oposición exigió una reempadronamiento de los inscritos, temerosa de un fraude en favor del MAS, el Movimiento al Socialismo.
Evo dio un golpe estratégico el sábado -después de iniciar su huelga el jueves- al aceptar un nuevo registro biométrico, con todo computarizado. Así el desafío del ayuno de protesta –efectuado también por cientos de ciudadanos- no sólo se dirigió al poder Legislativo, sino además al Judicial.
La Corte Electoral había argumentado no tener tiempo ni recursos para viabilizar la elección general del 6 de diciembre próximo, pero en la noche del domingo se allanó a hacer la tarea, así como los parlamentarios opositores a volver a su labor legislativa. El tribunal exigió financiamiento y que no se convoque a otros comicios antes de ese mes.
Con esto, la victoria de Evo fue total: en un golpe de efecto, financiará el modernizado registro con recursos que estaban destinados al nuevo avión presidencial, y en un revés para la oposición, tendrán que aplazarse los plebiscitos autonómicos en cinco provincias previstos para julio.
¿Se trató de ilegítimas medidas de presión del jefe del poder Ejecutivo a los otros poderes del Estado, como reclamaron quienes se adscriben a una democracia formal y petrificada? No, fue una nueva fase que duró cinco días en la lucha de ahora y siempre de un líder social y político que se salió del sistema sin violentarlo para, por mandato popular, luchar por abrogarlo y reemplazarlo por uno más justo.